Empujan reforma para hacer escuchas telefónicas a sospechosos de delitos
Justicia y Seguridad quieren dotar a fiscales, investigadores y jueces de herramientas para geolocalizar en vivo a sospechosos de delitos. Vulnerar la privacidad, la principal barrera
OTRO PUNTO DE LA AGENDA PUNITIVISTA DEL GOBIERNO
Una controvertida intención recorre los pasillos de las carteras de Justicia y Seguridad de la Nación, y también de sus homólogos en las provincias. El Gobierno evalúa la posibilidad de introducir cambios en la legislación en materia de derechos de la privacidad para admitir la posibilidad de interceptar teléfonos y otros dispositivos con la intención de localizar, escuchar y eventualmente detener a personas sospechadas de instigar o cometer delitos de gravedad.
A las intenciones oficiales de reducir la edad de imputabilidad, expulsar a extranjeros que delinquen o incorporar nuevo armamento para las fuerzas de seguridad, se suma -todavía en fase embrionariala intención de incorporar tecnología de última generación en materia de geolocalización en vivo e inteligencia artificial para desarrollar patrones de conducta de los sospechosos y accionar, con esta información, para detener o prevenir actividades ilícitas.
Desde hace al menos 18 meses, diferentes carteras del Gobierno nacional vienen recibiendo ofertas de empresas privadas, la mayoría extranjeras, del sector de Seguridad y Defensa con utilitarios que permiten vigilar automáticamente objetivos identificados explotando la localización en tiempo real de los celulares por los sistemas de posicionamiento global (GPS).
Este tipo de tecnologías, disponibles en los Estados Unidos y Europa, donde la legislación admite la intrusión en la vida privada amparándose en la “seguridad nacional” y son desarrolladas con el aval y apoyo de diversos Estados, permite obtener información de personas u organizaciones delictivas, realizar investigaciones y seguimiento para prevenir amenazas y trazar patrones de conducta que conduzcan, eventualmente, a desactivar ilícitos.
Según contaron estas empresas a de bajo el compromiso de suma confidencialidad, estas tecnologías permiten acceder en tiempo real a la ubicación de cualquier teléfono móvil con tarjeta SIM y obtener el contenido de toda clase de dispositivos electrónicos computadoras, etcétera).
La principal traba a estas ofertas fue advertida en las asesorías jurídicas de los ministerios y las fuerzas federales, motivadas a incorporar estos desarrollos.
Sucede que el artículo 19 de la Constitución resguarda “las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero”.
En tanto, el capítulo III del Código Penal castiga con penas de hasta un año e inhabilitación en caso de funcionarios públicos que “indebidamente interceptaren o captaren comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones”.
Frente a personas sospechadas de delitos, pero ni siquiera imputadas ni condenadas, se abre un debate sobre la vulneración de sus derechos humanos y la intimidad del sujeto.
El tema tiene otra sensibilidad añadida, debido al uso que se le han dado a las escuchas en años recientes, y por lo cual el macrismo definió encargar a la Corte Suprema de Justicia las intervenciones de comunicaciones.
Sin embargo, el mismo tribunal estaría dispuesto a flexibilizar
El Gobierno recibió ofertas para sumar tecnología de rastreo en tiempo real y el de celulares
Si bien la Corte abriría una ventana, la legislación limita la aplicación de las escuchas
la práctica con dependencias similares en la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), como ya pasa en la Policía Federal, según deslizó el diario
La posibilidad de ampliar las oficinas de escuchas alentó a los representantes locales de estas firmas, muchas de ellas nutridos con ex agentes policiales, judiciales y de Inteligencia, que interpretaron este movimiento de la Corte como “una prevalidación legal” que habilita la demanda de soluciones innovadoras.
En este escenario, las empresas interesadas se ven con más posibilidades de introducir una habilitación legal a través del anteproyecto de reforma del Código Penal.
- Adicciones. Hay un trabajo del Ministerio de Justicia del que surge que más del 70% de los pibes acusados de cometer un delito lo hicieron drogados o borrachos, y que una cifra muy parecida, superior al 70%, lo hizo para drogarse.
- Sí, claro. Si no, hubiesen presentado un diagnóstico. Deberían mostrar la foto, con un corte sincrónico y uno diacrónico; explicarnos qué es lo que pasa hoy con los menores que están en conflicto con la ley penal; por qué proponen ese cambio, hacia dónde quieren ir. Y, en el camino, explicitar cómo se pretende alcanzar esa meta, teniendo pasos, y cómo lo vamos a financiar.
- En ambos casos, rondan el 6% o 7%, relevante es, determinante, no. En el caso de los extranjeros,