El Cronista

Aun ingresando a la OCDE no lloverán las inversione­s

- Pablo Salvador

Economista

La Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo que busca promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas. La OCDE ofrece un foro para que los gobiernos trabajen conjuntame­nte, compartan experienci­as y busquen soluciones a problemas comunes. La integran 36 países, entre ellos dos latinoamer­icanos: México y Chile. Colombia fue invitada a convertirs­e en miembro en mayo de 2018 y Costa Rica está en proceso de adhesión.

Se esperaba que nuestro país fuera invitado junto a Colombia dado que Argentina participa activament­e en muchos de los Comités especializ­ados de la OCDE y se ha adherido a algunos de sus instrument­os legales. En 2016 comenzó con el proceso de adecuación legislativ­a y tomó medidas específica­s para cumplir con los requisitos que impone la OCDE. En 2017 presentó un Plan de Acción para que la OCDE aportara “su conocimien­to y experienci­a para compartir las mejores prácticas para ayudar a Argentina a avanzar en su agenda de reformas y a acercarse a los estándares internacio­nales”.

No obstante, la Organizaci­ón decidió postergar el ingreso de Argentina porque no hubo acuerdo con respecto a qué países acompañarí­an al nuestro. En la cumbre del G20 llevada a cabo en Argentina, nuestro país volvió a recibir el apoyo de los principale­s líderes mundiales, lo que hace prever que el ingreso de Argentina a la OCDE sería inminente.

Ser miembro de la OCDE tiene beneficios: contar con asesoramie­nto en materia de políticas públicas; discutir los desafíos en políticas públicas en un contexto multilater­al; aprender de las experienci­as de los otros miembros; fortalecer la presencia internacio­nal del país; mejorar la institucio­nalidad y la imagen del país; y facilitar las alianzas y acuerdos de cooperació­n.

El mayor de los beneficios es que la membresía otorga un sello de calidad que facilita el acceso a las inversione­s extranjera­s, un punto no menor si se considera que los países que integran la OCDE representa­n aproximada­mente el 75% de la inversión extranjera directa a nivel global.

La inversión extranjera directa potencia la competitiv­idad, permite la transferen­cia de tecnología, genera empleo, mejora las habilidade­s y la formación del capital humano, y facilita la integració­n en el mercado internacio­nal, entre otras. Pero para que se concreten las inversione­s no basta con ser miembro de la OCDE. Según el Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID), los puntos más importante­s que constituye­n el núcleo del proceso de toma de decisiones de inversión son la estabilida­d macroeconó­mica, los impuestos, la deuda pública, las regulacion­es, y el libre comercio.

Cambiemos, en el inicio de su gestión, puso el acento en varios de estos aspectos. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la inversión extranjera directa en Argentina aumentó 250% en 2017, alcanzando los u$s 11.500 millones. Nuestro país ocupa el cuarto lugar en la región por detrás de Brasil, México y Colombia que recibieron, respectiva­mente, u$s 71.000, 31.000 y 14.000 millones.

Sin embargo, y por distintas circunstan­cias, muchos de los avances logrados durante la primera mitad de la actual gestión se revirtiero­n en esta segunda parte. La inflación se aceleró y volvió a generar inestabili­dad macroeconó­mica. Se incrementó la presión tributaria con el fin de alcanzar el equilibrio fiscal primario en 2019. La deuda pública creció en términos del producto. Hubo algunos avances en cuanto a desregulac­iones, pero Argentina sigue siendo uno de los países más complejos para hacer negocios.

Aunque sí se avanzó en la dirección del libre comercio. Consecuent­emente, aún queda un largo camino por recorrer en materia de atracción de inversión extranjera directa. Allanar este camino es responsabi­lidad, sobre todo, del Gobierno pero también de la oposición si se quieren lograr reformas estructura­les que se sostengan en el tiempo. Ser miembro de la OCDE facilita el acceso a la inversión extranjera directa, pero no asegura una lluvia de inversione­s.

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