Mejor no coquetear con el default
Araíz del deterioro de la economía argentina durante el 2018 y a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por mejorar los números fiscales y del acuerdo firmado con el FMI, ha vuelto a aparecer en el debate público la posibilidad de un default del soberano.
Es posible evitar una nueva cesación de pagos si el gobierno que asuma a finales de este año avanza en reformas estructurales que permitan un crecimiento sostenido del orden del 2,5% a 3% al año y, a la vez, aseguren que el gobierno nacional puede mantener un superávit primario del orden de 2% a 2,5% del PIB.
Con la presión tributaria en niveles récord, promesas de reducir impuestos y con la inversión pública en niveles muy bajos se requerirá reducir el gasto corriente (bajar todavía más subsidios, reformar el sistema previsional y/o disminuir el exceso de empleo público).
Ante los supuestos costos políticos de avanzar en recortes en el gasto corriente, una parte de la dirigencia política puede tentarse con reestructurar la deuda. Sin embargo, esa opción sería mucho más costosa por varias razones, aún en el caso en que se optara por una reestructuración “suave” como hizo Uruguay.
En lugar de hacer quitas nominales en el monto de la deuda, nuestro vecino postergó por unos años el pago de intereses reduciendo el valor presente de los pagos de deuda en alrededor del 30%, menos de la mitad de lo que hizo la Argentina (entre quita nominal y postergación de pagos).
En primer lugar, tanto en el caso de Uruguay como en el nuestro, al poco tiempo del default las variables externas relevantes mejoraron notablemente permitiendo un crecimiento de la economía inusualmente alto: entre 2004 y 2013 mientras la Argentina promedió un crecimiento anual de casi 5%, Uruguay logró uno algo superior (5,5%).
Desde 2013 en adelante la Argentina prácticamente no creció mientras que Uruguay al menos logró progresar al 1,8% por año. Es altamente improbable que el mundo nos aporte un plus de crecimiento significativo en los próximos años. En otras palabras, la suerte permitió maquillar los efectos de la reestructuración sobre ambas economías.
En segundo lugar, en ambos casos el esfuerzo fiscal primario fue mayor al que la Argentina tendría que hacer para asegurar la solvencia. El gráfico adjunto muestra que ambos países generaron superávit primarios elevados durante el quinquenio 2004-2008: 3% del PIB en nuestro país y 3,3% del PIB en el caso de Uruguay. Reganar la confianza, aún en un contexto de bonanza excepcional, demandó un esfuerzo fiscal importante.
El gráfico también permite ver que ambos países abandonaron esa disciplina fiscal desde entonces (la Argentina mucho más que Uruguay). Sumado a la saga con los fondos buitres (que la reestructuración uruguaya evitó) la Argentina no pudo disfrutar casi nunca de un riesgo país como el de Uruguay.
Uruguay también evitó aumentar el peso del estado en la economía como ocurrió aquí. El gasto primario hasta 2011 era similar a 2000 (del orden de 27%) y luego aumentó 3 puntos. En la Argentina sufrimos un salto descontrolado, sobretodo en el gasto corriente.
La conclusión es que buscar atajos como tantas veces ha intentado la dirigencia argentina esta vez no resolverá los problemas. Mejor hacer el esfuerzo de terminar de ordenar las cuentas públicas que embarcarse en una aventura que podría ser muy traumática.
Parte de la dirigencia política puede tentarse con reestructurar la deuda. Pero esa opción sería mucho más costosa