La precariedad laboral como regla de oro

El comportamiento del mercado laboral durante 2018 fue verdaderamente preocupante. En el tercer trimestre la desocupación aumentó del 8,3% al 9% (en la comparación interanual). Y los pronósticos para los años venideros no son mucho más optimistas. El propio FMI prevé que el desempleo no baje del 10% en los próximos cinco años.

Sin embargo, en la presente coyuntura socioeconómica, la tasa de desempleo se ha vuelto un indicador cada vez más limitado para trazar un diagnóstico real sobre el estado del mercado de trabajo. En parte, esto es así porque el fenómeno de la precariedad laboral no ha dejado de crecer durante los últimos tres años, volviéndose una característica cada vez más gravitante en la estructura ocupacional argentina.

Entre 2016 y 2018, cerca de la mitad del total de los puestos creados fueron no asalariados y alrededor de un tercio fueron empleos asalariados no registrados. Es decir casi el 80% de los “puestos generados” fueron trabajos con menos derechos. Por su parte, el trabajo en relación de dependencia registrado sólo llegó a representar como máximo un cuarto de la expansión neta de la cantidad de puestos.

Así, el grupo de personas que no tiene empleo y busca trabajo (desocupados), sin dudas, constituye una problemática acuciante, con graves consecuencias sociales y económicas, pero representa a una porción acotada del total de trabajadores que enfrentan condiciones laborales perjudiciales.

Estas aclaraciones resultan particularmente pertinentes porque transcurridos ya tres años se podría afirmar que el proceso de precarización del empleo no puede ser explicado por contingencias ocasionales ni como resultado de condiciones no permanentes, sino que constituye un rasgo estructural y buscado del modelo económico vigente desde diciembre de 2015.

En este marco, el trabajo asalariado no registrado y el cuenta propia se posicionaron, como las modalidades laborales “estrella”. ¿Por qué? Porque estas formas de empleo no sólo incrementan la discrecionalidad de las empresas y la incertidumbre de los trabajadores. También permiten reducir notablemente los costos laborales, evitar el pago del aguinaldo, las vacaciones, los aportes a la seguridad social, excluir a los trabajadores de los derechos de los convenios colectivos, y desprenderse de ellos sin abonar ningún tipo de indemnización.

Estos son mecanismos existentes en nuestro país, pero que fueron combatidos en la etapa anterior. En cambio, en este nuevo esquema, se han convertido “en regla” y se han expandido notablemente. Pasan a constituir un elemento central del modelo productivo y de inserción internacional. Obedecen a las estrategias (tanto explicitas como implícitas) de ampliar el margen de discrecionalidad de las empresas de la economía formal para que eludan la normativa vigente en la contratación de trabajadores. Y se relacionan, a su vez, con un modo específico de incremento de la competitividad de nuestra economía.

En el marco de los flujos de comercio internacional y de las cadenas globales de valor, las estrategias de inserción mundial se suelen agrupar en dos grandes categorías. Las de “vuelo alto” buscan incrementar la productividad del trabajo mediante la incorporación de innovaciones tecnológicas, y la mejora de las competencias y habilidades de los trabajadores. Por oposición, las estrategias de “vuelo bajo” intentan fortalecer la competitividad mediante la baja de los costos laborales, a través de la baja de las remuneraciones, el deterioro de las condiciones de trabajo y la disminución o supresión de presupuesto para formación laboral.

Teniendo en cuenta cómo evolucionaron el empleo, los salarios y la productividad laboral durante los últimos tres años, se torna evidente que el gobierno nacional ha promovido una inserción internacional utilizando una estrategia de “vuelo bajo”.

El resultado de este modelo es una mejora de la rentabilidad de determinado segmento de empresas. Pero ese incremento no surge del crecimiento de la productividad del trabajo o del capital. Por el contrario, reiteramos que es el efecto de la reducción de los costos laborales ocasionada por la caída de los salarios reales y la precarización del empleo.

De no producirse una reorientación política, económica y laboral, la degradación de la estructura ocupacional continuará su curso, y el trabajo asalariado registrado podría convertirse más temprano que tarde en una excepción, con la carga de incertidumbre y conflictividad que ello implicará. A diferencia del modelo vigente, impulsar un proyecto de desarrollo que tenga entre sus principales objetivos la expansión del empleo de calidad precisa necesariamente la instalación de una estrategia de “vuelo alto”, que incentive un aumento sistemático de la productividad a través de la diversificación productiva, la innovación tecnológica, la formación de los trabajadores, y el desarrollo de políticas activas de inclusión social a través del trabajo.