El peso de la explosión del gasto público y la trampa del bajo crecimiento en la Argentina
En El Cronista del 5 de febrero de 2018, Arriazu Macroanalistas mostró que a fin de 2019 Argentina presentará, en pesos constantes, el mismo ingreso per cápita que en 2009. Cualquier país cuyo ingreso per cápita de sus habitantes sea el mismo que hace diez años revela que hay algo en el manejo de su economía que no funciona.
La trampa de bajo crecimiento en la cual nos encontramos inmersos puede ser asignada a distintos factores, pero si tuviésemos que identificar uno capaz de generar esta dinámica de bajo crecimiento y que se hizo patente en la última década, éste bien podría ser la “explosión” del gasto público.
El gasto total consolidado (nacional, provincial y municipal) pasó de 33% del PBI en 2008, un nivel que era ya alto en términos históricos (era del 22% en 2003), a 43,4% en 2018. Este incremento en el “imbancable apetito” nacional por el gasto público incluyó más de 3 millones de personas que se incorporaron entre 2003 y 2015 al sistema previsional; 1,5 millones a la planta de empleados públicos y la incorporación de planes sociales y subsidios de distinto tipo.
Un incremento de diez puntos porcentuales del PBI en sólo diez años impactó negativamente en la economía. El incremento del gasto sin asegurar su sostenibilidad económica y fiscal llevó a un significativo desequilibrio de la macroeconomía: en 2017, respecto del PBI, el déficit fiscal llegó al 5%, la necesidad de financiamiento también a 5 puntos y la presión tributaria llegó hasta el 31%.
El gasto necesitó recaudación impositiva para financiarlo. La presión tributaria que en 2008 ascendía al 28% del PBI se instaló en alrededor del 31% desde 2012 a 2017. Esta presión tributaria incremental ahogó progresivamente al sector privado y desincentivó la inversión. Sin posibilidades de desarrollo del sector privado la economía no puede crecer.
Una desconfianza generalizada sobre los países emergentes combinada con la necesidad de financiar el abultado déficit de cuenta corriente, resultado del déficit del sector público, sumado a nuestra histórica propensión a no respetar los derechos de propiedad generó la crisis por el cual llegamos al actual plan de estabilización pactado con el FMI.
Nuestro nivel de gasto público, que origina una alta presión tributaria y la necesidad de endeudamiento para financiar el déficit de cuenta corriente no es sostenible.
Un factor adicional que no puede faltar en el análisis: a pesar del elevado gasto público el nivel de pobreza hace veinte años se posicionó en más del 25 por ciento y desde 2010 el promedio anual ha sido del 29% adquiriendo características estructurales. Es evidente: algo no funciona.
¿Es inherentemente malo el gasto público?
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un trabajo denominado “Mejor Gasto para mejores vidas” sostiene: “A medida que en los países aumenta el PBI per cápita el gasto público tiende a elevarse dado que surgen demandas nuevas de la sociedad o se amplían los servicios existentes. En principio no hay nada malo en satisfacer la demanda de un mayor gasto, siempre y cuando no comprometa el crecimiento y se vea acompañado de impuestos más altos y de instituciones fiscales que garanticen la sostenibilidad. Algunos de los países con el gasto público más alto del mundo como los escandinavos tienen elevados niveles de gasto público y también altos estándares para la sostenibilidad fiscal”. A su vez muestra que la participación del gobierno en los países de la OCDE, a través del gasto público supera en casi un 50% a los de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, Argentina y Brasil son la excepción dado que gastan lo mismo o más que un país medio de la OCDE pero su PBI per cápita es menos de la mitad. Agrega que las políticas impositivas y de gasto público en Latinoamérica contribuyen poco a reducir la desigualdad en comparación con los países avanzados. Mientras que en la región las políticas impositivas y de gasto público reducen la desigualdad en alrededor de un 5%, en las economías avanzadas las reducción es de un 38%.
Esto permite cuestionar la magnitud, la efectividad y la eficiencia del manejo del gasto en nuestro país.
¿Es nuestro gasto público y presión tributaria altos cuando se los somete a la comparación internacional?
El gasto público argentino respecto del PBI es superior al del resto de la región. Nuestra presión tributaria supera a la de Chile en 50%, a México en 82% y es levemente inferior a Brasil (nótese que Argentina y Brasil tienen cifras muy similares en cuanto a gasto público respecto del PBI y los dos muestran hace años dificultades notorias para lograr crecimiento económico). En comparación con los países de la OCDE, ellos detentan un gasto público parecido (40%) y presión tributaria más alta (34%), aunque estos factores se correlacionan con un producto bruto e inversión en infraestructura notablemente superiores a la nuestra.
¿Es conveniente mantener un gasto público bajo?
No necesariamente. Aunque, como vemos en el cuadro, existe una correlación inversa entre el nivel del gasto público de los países y el incremento de su competitividad, ingreso per cápita y desarrollo humano. Los países con menor gasto público potencian su competitividad, su desarrollo humano y su ingreso per cápita. ¿Qué hacer? Es claro que el gasto público en Argentina es financieramente insostenible ya que origina una alta presión tributaria, la que ahoga al sector privado y en consecuencia nos resulta difícil generar crecimiento económico, única fuente de progreso social. Claramente hay que reducirlo. El gran tema es el cómo.
El gobierno actual está comprometido con una reducción incremental del gasto público y ya ha dado pasos en ese sentido. En 2019 el gasto primario se habrá reducido 4 puntos porcentuales respecto de 2015. Pero debe hacerse mucho más.
De acuerdo con el BID, la reducción del gasto tiene que ver con la eficiencia fiscal y con un gasto inteligente y no con la solución estándar de hacer recortes generalizados para lograr sostenibilidad fiscal, en ocasiones con un gran costo para la sociedad. Se trata de hacer más con menos, combatiendo las grandes ineficiencias en el gasto. Finalmente advierte que en los procesos de ajuste el apuntar fuertemente a la reducción del gasto de capital es particularmente costoso porque entre otros factores puede conducir a un menor crecimiento en el largo plazo porque el capital público complementa al privado.
El sistema político se enfrentará perentoriamente a una decisión crucial: como reducir el gasto público, que se ha constituido en uno de nuestros problemas estructurales más acuciantes.