El juez de la quiebra pone en marcha la venta de OCA
Estableció un “protocolo” para la presentación de propuestas. Ya hay un interesado pero no se identificó, ni cumple con los requisitos operativos que definió el magistrado
Estableció un “protocolo” para la presentación de propuestas. Ya hay un interesado pero no se identificó, ni cumple con los requisitos operativos.
El proceso de venta de OCA, el mayor correo privado de la Argentina, está en marcha. El Juzgado Civil y Comercial Número 10 de Lomas de Zamora, donde se tramita la quiebra de la empresa, ya recibió la primera propuesta de un interesado en adquirir la compañía, cuya deuda total asciende a $ 8263,36 millones.
La presentación es anónima. No identifica quién es el mandante, es decir, el interesado final, ni cumple con el protocolo que el juez de la quiebra, Pablo Tejada, definió días atrás para la llegada de ofertas. El magistrado pidió que se complemente la información correspondiente. No obstante, ordenó su incorporación al expediente – como “Sobre 1”– y le concedió el carácter de “confidencial”, por lo que la presentación quedó bajo absoluta reserva.
Tejada decretó la quiebra de OCA el 1º de abril. Días atrás, el juez, contra la opinión de la síndico, los interventores de la empresa y los funcionarios responsables de su liquidación, decidió avanzar con la venta de la compañía para cumplir con los plazos del proceso. Para ello, estableció un “protocolo de actuación” para recibir las potenciales ofertas.
El objetivo, afirmó Tejada, es “garantizar la transparencia e igualdad de condiciones” en el proceso de venta y “establecer pautas efectivas, tendientes a fomentar la participación de interesados genuinos”.
Aunque no lo precisó, el juez, todavía, tiene fresco el recuerdo de lo que pasó hace seis meses. Tejada había iniciado el mecanismo de salvataje ( cram
down) en febrero. Lo cerró y activó la quiebra el 1º de abril. No le cayó simpático que los únicos tres inscriptos fueran una cooperativa conformada por entonces ejecutivos de OCA, Seprit – empresa a la que el ex dueño de la compañía, Patricio Farcuh, había desviado fondos, motivo que gatilló su desplazamiento de la conducción de la firma– y OCA Logística, otra empresa constituida por Farcuh y que declaró domicilio en la misma sede que la fallida.
“Concierne a los jueces evitar que el sistema sea objeto de abusos y sea usufructuado por personeros de la deudora, que no supo, no pudo o no quiso obtener un acuerdo eficaz y oportuno para evitar la liquidación”, agregó el juez, en su fallo de entonces. Entendió que las inscripciones de la cooperativa Los Cedros, Seprit y OCA Logística están “la límite de la transgresión de los principios de lealtad y buena fe hacia el proceso”. Las consideró “inadmisibles” para “justificar la apertura del procedimiento formal del salvataje”.
EL PROTOCOLO
Con su protocolo, Tejada habilitó a “toda empresa o persona” que “acredite fehacientemente algún interés legístimo” para que solicite información de la empresa, le pida audiencias al magistrado o entable contacto directo con los enajenadores de la quiebra, Alicia Kurlat y Carlos Tabasco.
Una de las condiciones que definió el magistrado es la confidencialidad. “La empresa y todas las partes intervinientes en el proceso se comprometen a no comunicar ni hacer públicos los nombres o brindar datos de las empresas o personas solicitantes de información específica o que denoten interés en participar en el proceso de adquisición de la fallida, garantizando así la igualdad de condiciones entre los potenciales oferentes y la transparencia absoluta del proceso”, justificó su resolución el juez.
De esta forma, Tejada hizo extensiva la obligación de confidencialidad a los funcionarios de su juzgado, los enajenadores, la síndico, los tres administradores judiciales que él designó, los dos interventores que aportaron la Federación de Camioneros y la Secretaría de Trabajo de la Nación, y los integrantes del comité de acreedores, en el que pesan la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Camioneros y la aseguradora Experta.
No es el único paso que dio OCA hacia su liquidación. El juez ya dictó sentencia definitiva sobre la constitución del pasivo. En el concurso, abierto en 2017, se verificaron $ 4494 millones. Según el más reciente informe de la sindicatura, al 1º de abril, ascendió a $ 8268,36 millones, entre los créditos privilegiados ($ 5906,9 millones) y las acreencias quirografarias ($ 2361,46 millones).
En ese marco, los liquidadores le solicitaron al juzgado autorización para vender un edificio abandonado, parte del activo de la empresa, que está en San Telmo. También, plantearon la posibilidad de desprenderse de otros bienes, como vehículos.
En ese escrito, los enajenadores le habían manfiestado al juez que, todavía, era prematuro avanzar hacia la venta total de la compañía, que atraviesa severas dificultades financieras: semanas atrás, los administradores judiciales advirtieron que la caja de la empresa era insuficiente para cumplir con todos sus pagos: los operativos y, sobre todo, los impositivos.
El juez todavía tiene fresco el recuerdo de lo que ocurrió durante el período de salvataje de la empresa
Los tres únicos inscriptos en teníanalgún nexo con Patricio Farcuh ( foto), el desplazado dueño de la compañía $ 4494 millones es la deuda verificada en el concurso de la empresa $ 8268,36 millones sumó el pasivo total, al momento de decretarse su quiebra 6500 empleados tiene la compañía; la mayoría, afiliados a Camioneros