El oficialismo apura la reforma de la ley de lavado de activos a contrarreloj
Al filo de una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el oficialismo en el Senado apunta al jueves que viene para dictaminar y dejar listo para votar en el recinto el proyecto que modifica la Ley de lavado de activos. En el inicio de un mes cargado de elecciones provinciales, todavía no hay sesión a la vista.
A mediados de abril, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno de Alberto Fernández en junio pasado. Un mes y medio más tarde, el Frente de Todos apunta a convocar a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda
para el jueves 8 a las 11.
Al menos, esas son las intenciones del Frente de Todos, según hizo saber el senador cristinista Oscar Parrilli esta semana. ¿El objetivo? Debatir y dictaminar el proyecto que tanto urge al Ejecutivo, en la previa a la llegada del GAFI, que en el segundo semestre del año hará una nueva inspección en la Argentina.
La iniciativa que recibió media sanción en Diputados con los números ajustados tiene tres ejes centrales. Por un lado, incluye modificaciones en el Código Penal; reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y crea un registro de activos virtuales, incluyendo a las criptomonedas.
Sobre el Código Penal, se modifica la pena prevista para el lavado en el artículo 303. El proyecto eleva el monto de la condición objetiva de punibilidad, que hoy es de $300.000. Y se implementa una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) para su actualización periódica.
El texto también convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia.
En tanto, la iniciativa amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF. La gran novedad del proyecto es que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.