Sigue el recorte estatal: desmantelaron dos organismos vinculados al desarrollo agrario
Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo de Agricultura Familiar, que pasarán a ser una dependencia. ATE busca promover medidas de fuerza
El gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento de dos nuevos organismos estatales que dejará el saldo de nuevos 900 despidos. Así lo informó ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reveló que se trata del Instituto de
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
Según precisó el funcionario, la resolución se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados. “Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, agregó.
Fuentes de Casa Rosada caracterizaron que ambas entidades se comportaban como “agencias de empleados públicos” y como “cajas políticas”. Incluso, recordaban que el área de Agricultura Familiar era presidida por dirigentes vinculados al Movimiento Evita.
Durante 2014, el Gobierno nacional ascendió de subsecretaría a rango de secretaría el área de Agricultura Familiar. La medida beneficiaba al entonces titular de la cartera Emilio Pérsico, el histórico líder de ese movimiento social y político.
El organismo, que tenía 160 delegaciones, se va a reducir a una Dirección con 64 empleados. Según pudieron constatar desde el Gobierno mediante diferentes auditorías, el 85% de su presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Además, denunciaban que había 204 vehículos para los casi mil empleados, los cuales serán rematados o reubicados según se decida.
DENUNCIA A PÉRSICO
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ya había denunciado este lunes al exsecretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Emilio Pérsico por el envío de fondos a dos cooperativas que integraba al mismo tiempo que era funcionario.
De acuerdo a la presentación, el dirigente social, durante su gestión en el gobierno de Alberto Fernández, habría enviado $473 millones a la Federación Evita y la Cooperativa La Patriada.
“El Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, presenta ante la justicia federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Pérsico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público”, se detalló.
“Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados”, se agregó.
BAJAS MASIVAS EN EL ESTADO
El Gobierno prorrogó en diciembre un aproximado de 70.000 contratos de empleados públicos para determinar con mayor detalle si eran pasibles de ser renovados o no. Ante el vencimiento de este plazo a fin de mes y las versiones de que se podrían finalizar el 30% de los mismos, el secretario general de ATE Nacional Rodolfo Aguiar comunicó ayer que se profundizará el plan de lucha del gremio y que se anticipará una huelga general.
“Son más de 70.000 los contratos que vencen el 31 de marzo. Vamos a definir nuevas medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes”, advirtió mediante una publicación en su cuenta oficial de X.
Y finalizó: “Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril para realizar un nuevo paro general. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional”.