Presentaron cambios a Seguridad Interior para sumar a las FF.AA.
El Gobierno anunció una serie de proyectos de ley para hacer frente al crimen organizado y donde actúe el “terrorismo”, con foco en Rosario. También habrá más penas contra los piquetes
El Gobierno anunció ayer el envío al Congreso de un paquete de proyectos para combatir la delincuencia y el narcoterrorismo, con foco especial en la ciudad de Rosario y que incluye la modificación de la “Ley de Seguridad Interior”. Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, anunciaron en conferencia de prensa en la Casa Rosada que la decisión fue adoptada a raíz de “la crítica situación en la ciudad de Rosario”, por lo que el Poder Ejecutivo avanzó en el envío allí de fuerzas federales.
La aprobación del paquete, indicaron voceros gubernamentales, permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras iniciativas.
La propuesta oficial consta de cinco proyectos en total: una iniciativa para combatir a Organizaciones Criminales (conocida como “Ley Antimafia”); otra sobre “Reincidencia y reiterancia”; una más que prevé un “Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento”; y una “Ley de Orden Público” (incluye penalidades a la organización de piquetes, ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la Ley de Seguridad Interior.
Petri aseguró que ante la detección de actos terroristas, el presidente Javier Milei los instruyó para “actuar con total fuerza del Estado” y realizar tareas coordinadas que involucre a todos los poderes. El accionar implica la modificación de la Ley de Seguridad Interior para “permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y garantizar operaciones de seguridad interior en un supuesto particular que es el de terrorismo”.
El titular de Defensa aclaró que las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir “si el Comité de Crisis define que existen actos terroristas y con la anuencia del gobernador de la provincia”. “No es para delitos comunes”, aclaró.
La intención es avanzar en la modificación del Código Penal en los próximos seis meses. No obstante, por su carácter urgente, se enviarán las leyes “Antimafias”, la de “Reiterancia” y la modificación en el registro de ADN como parte de un paquete acotado.
En paralelo, Bullrich sostuvo que avanzará en la reforma del artículo 194 del Código Penal para aumentar las penas de 4 a 6 años para aquellos “que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”. Y los bloqueos a comercios, industrias y a cualquier tipo de establecimiento serán penados con 4 hasta 6 años de prisión.