Abren el concurso de la fabricante de los yogures Sancor y la marca Lechelita
Ex joya del Grupo Vicentin, está gerenciada por la venezolana Maralac. Atribuye su crisis a la inflación, la devaluación, la caída del consumo y los controles de precios del Gobierno anterior
La Justicia Comercial abrió el concurso preventivo de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La empresa produce y vende los yogures y postres de las marcas Sancor, Yogs y Shimy, y las leches, cremas, manteca, quesos y dulce de leche de la etiqueta Lechelita.
Alguna vez llamada “la última joya” del Grupo Vicentin, es gerenciada desde hace un año y medio por la venezolana Maralac, una de las principales lácteas de su país. En su presentación en concurso, declaró 339 acreedores, que suman $ 49.713,7 millones, a los que hay que sumar otros $ 67.354,1 millones eventuales por garantías de deudas de terceros, una herencia de su compra de los productos de Sancor, en 2016.
Según el edicto publicado ayer en el Boletín Oficial, Federico Güerri, interinamente a cargo del del Juzgado Comercial 29, Secretaría 58, firmó el 1º de marzo la apertura de la convocatoria, que ARSA había pedido el 21 de diciembre. La láctea afirmó haber entrado en cesación de pagos el 24 de noviembre, al no poder afrontar compromisos “con ciertos proveedores”. Entre esa fecha y el 21 de diciembre, acumuló cheques de pago diferido rechazados por más de $ 1150 millones.
ARSA le atribuyó su desequilibrio a la situación general de la economía argentina, un batido de difícil digestión entre caída del consumo, inflación, escasez y encarecimiento de materia prima, subas de mano de obra, el “vertiginoso aumento del costo de capital de trabajo” y “las constantes y significativas devaluaciones del peso”, describió.
“Todo ello, sumado a políticas estatales que perjudicaron notablemente a la sociedad”, agregó. Mencionó las “políticas de control de precios impuestas por el Gobierno anterior”. En especial, “a partir de agosto”, cuando entró a Precios Justos.
“Las medidas adoptadas por el Gobierno durante el período electoral impactaron directamente en la dinámica empresarial, introduciendo vertiginosos cambios que no permitieron adaptación de ARSA y otras empresas del sector”, explicó.
La “crisis generada por la aplicación de Precios Justos” (sic) produjo que crecieran “significativamente las pérdidas económicas para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, llevando a ARSA a sufrir una profundización de sus problemas financieros”, indicó.
En esos meses, sus ventas, además, cayeron 30%, lo que hizo que, a fines de noviembre, le fuera “imposible” seguir cubriendo cheques y cumplir con sus planes con la AFIP, a la que le debe más de $ 2200 millones. Postergó el pago de impuestos y cargas sociales para cumplir con los sueldos. Incluso así, les pagó a sus 550 empleados los salarios de octubre en dos tramos pero la situación “se volvió insostenible”, dijo, en diciembre: pudo abonar en tiempo y forma el 25% de los sueldos de noviembre.
A esta situación, se sumó la imposibilidad de ARSA para acceder a fuentes de financiamiento competitivas, debido a “los daños colaterales”, definió, del caso Vicentin. Esto, declaró la empresa, le significó embargos y “rispideces con proveedores y bancos”. Debió buscar “financiamiento alternativo a tasas muy por encima de las convencionales” para seguir operando.
ARSA no tiene relación societaria con Vicentin SAIC, la cerealera que, semanas atrás, levantó su concurso preventivo, de u$s 1500 millones. Sí compartieron accionistas: fue la empresa con la que el Vicentin Family Group (VFG), de los accionistas de Vicentin, canalizó la compra de los yogures y postres de Sancor. Hace dos años, el VFG intentó vender ARSA. La Justicia Penal, en una de las múltiples causas abiertas por el default de la cerealera, se lo prohibió.
Hay un dato paradójico: Vicentin integra el comité de control del concurso de ARSA, con una acreencia de $ 10.219,68 millones. Los otros miembros son la financiera Unicred ($ 921,61 millones) y la láctea Molfino ($ 334,38 millones).
ARSA apuntó contra los “daños colaterales” del caso Vicentin, que le causaron “rispideces con proveedores y bancos”