Incorporan a las billeteras cripto como nuevos sujetos obligados ante la UIF
La Comisión Nacional de Valores anunció ayer que incorporó a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) como sujetos obligados, por lo que pasará a fiscalizarlos, junto a otros actores del mercado de capitales. Así, las plataformas cripto que operen en la Argentina
deberán inscribirse en un registro de la CNV y, también, informar sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Roberto Silva, presidente del organismo, destacó que la CNV adecuó su normativa para cumplir con la ley e incorporar los nuevos sujetos obligados a la UIF.
Las empresas del sector aclararon, por su parte, que la regulación no cambia nada para los inversores, sino que está dirigida a las compañías. “El sector quiere ser regulado”, explicó a El Cronista Silva. “Tenemos la idea de escuchar, entender y después regular. No queremos matar a la industria, queremos proteger a los inversores”, agregó.
Las billeteras cripto tienen un plazo de 45 días para inscribirse en la Comisión Nacional de Valores, la encargada de supervisar a los PSAV. “La reglamentación tiene por finalidad, por un lado, identificar e incorporar en la Normativa del Organismo a aquellos que la Ley N° 27.739 haya identificado como sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera en el ámbito del mercado de capitales y los proveedores de activos virtuales, cuyo registro ha sido creado mediante la Resolución General CNV N° 994; y por el otro, definir, en esta instancia, el alcance de la aplicación, para los sujetos obligados del mercado de capitales y los PSAV, del Régimen Informativo y de los Requisitos de Idoneidad, Integridad y Solvencia”, informó la CNV en un comunicado.
El Gobierno trabajó contrarreloj para abrir el registro en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que decidirá en octubre si degrada a la Argentina a su lista gris o si aprueba los estándares de prevención de lavado de dinero y financiación al terrorismo. Esa decisión es clave para que el Estado vuelva a los mercados internacionales y para el perfil crediticio de las empresas locales.