Camioneros demora la amenaza de ir a un paro por el freno del Gobierno a su paritaria
Camioneros está dispuesto a confrontar con el gobierno de Javier Milei por la demora en homologar su paritaria de febrero pero mide sus movimientos. En la tarde del domingo, en el gremio que conduce Pablo Moyano hacían las cuentas de los días hábiles para jugar la carta del paro nacional. Pero a la vez, se mantenían a la expectativa ante los rumores de una posible conciliación obligatoria como freno a su medida de fuerza.
Al cierre de esta edición, la sensación era que hoy no se escalaría con la presión gremial más allá de lo verbal. Ese era el planteo que predominaba en el gremio por una conjunción de razones. En primer lugar, los feriados de Semana Santa -con sus días no laborables- y los “puente” distorsionaron el calendario de 30 días hábiles que tiene de plazo la Secretaría de Trabajo para homologar los acuerdos salariales entre las partes. Según se consideren o no esas fechas, el plazo vence hoy o recién el jueves. Y hasta que eso ocurre, Camionero no movería su ficha.
Pero también hay otras cuestiones en juego, más vinculadas al pragmatismo y lo político. Por caso, en el gremio afirman que varias empresas ya están pagando el aumento acordado en carácter de “adelanto a cuenta de paritarias”, de modo tal que no impacta en los bolsillos.
Y en alusión a lo político, la Provincia de Buenos Aires, que concentra con sus terminales gran parte del destino final de la carga y por ende también es el centro neurálgico de la logística, homologó el acuerdo a través de su Ministerio de Trabajo. No sería, de hecho, la única. En el gremio confían que otras provincias podrían seguir por el mismo camino durante esta semana, al menos, cuatro de ellas, en la Patagonia y el oeste del país.
Estos argumentos formarían parte de la ofensiva legal que también trabajan desde la Federación de Choferes de Camiones en simultáneo con la presión gremial. Sus asesores legales remarcan que los acuerdos que se cierran no son con el Gobierno nacional sino con privados (empresas) o gobiernos municipales (recolección de basura) por lo que argumentarían en contra del requisito de homologación para su entrada en vigencia.
Desde el Ejecutivo nacional, en cambio, sostienen que la homologación no es un acto automático, tal como plantea Moyano, sino que forma parte de los deberes del Estado en lo relacionado con la garantía del orden público. En otras palabras, velar porque no se afecten derechos de terceros a los cuales se les impone este convenio si se homologa, aseguran.
Por ello señalan que el convenio en cuestión ha sido impugnado por la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC) y la Unión Propietarios de Camioneros sanjuanina (Uprocam San Juan). Hasta tanto no se resuelvan esos expedientes, desde Trabajo no avanzarían con la homologación y de haber una medida de fuerza la considerarán “ilegítima”. De ahí las chances de una conciliación.
En febrero, Camionero cerró un acuerdo por un aumento del 25% en marzo y un 20% en abril, uno de los más elevados en relación a otros gremios y más de diez puntos por arriba del techo del 12% que había fijado el Ministerio de Economía que cerró ese porcentaje con los estatales y un 8% en marzo.