Inseguridad en Rosario: la distopía que tomó las calles
La naturaleza exponencial del narcotráfico ha progresado ya tres décadas sin una sostenida reacción política que la enfrente. Rescatar la institucionalidad de la justicia y el Estado de los cuatreros que se imponen con muerte y sangre es impostergable. Son ellos o nosotros.
Con 126 homicidios en lo que va del año, y una tasa de homicidios que ya llegó a los 24 por cada 100.000 habitantes, Rosario está dejando de ser una distante distopía para materializarse en un riesgo concreto para el resto del país.
Este triste escenario no debería ser ignorado, ya que actúa como una advertencia anticipada de lo que podría suceder en otras regiones si no se toman medidas efectivas para abordar el problema.
La realidad rosarina es desoladora. Los niveles de violencia alcanzan cifras alarmantes, con una incidencia de homicidios que supera ampliamente los promedios nacionales. El crimen organizado y el narcotráfico se han arraigado en la ciudad convirtiendo las calles de la ciudad en un campo abierto de batalla del narcotráfico.
La incesante disputa de las bandas por el control territorial generó que el 89,2% de los homicidios transcurridos en 2022 sean cometidos con armas de fuego, de acuerdo a datos del Observatorio de la Seguridad Pública de la provincia, un récord histórico en el marco de una trágica escalada en este indicador de la urbe rosarina, que entre 2014 y 2021 promedió el 76%.
Esta dinámica criminal produce una sensación constante de temor e inseguridad entre los ciudadanos. Las bandas delictivas han proliferado, dominando vastos sectores de la ciudad y socavando el tejido social.
Me quiero detener especialmente en el daño estructural que produce la narcocriminalidad en la composición de la sociedad local. De acuerdo a la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el Indec de 2022, 54,1% de la población de entre 0 y 14 años está en una situación de pobreza en el Gran Rosario.
En tanto, conforme a datos de la Universidad de Belgrano con base en el Ministerio de Educación de la Nación, de los 65.203 alumnos que ingresaron al secundario en toda Santa Fe en 2014, solo 20.763 egresaron en 2019: tan sólo un 31,8%, teniendo la provincia uno de los peores indicadores del país. La deserción comienza entre los 12 y los 13 años, apenas 2 años más tarde que el momento en que el Foro de Adicciones de Rosario relevó el promedio del comienzo de consumo de sustancias en los niños de la ciudad (10 años).
Es así que se crea un caldo de cultivo perfecto para la expansión de la delincuencia que presenta a los jóvenes con un esquema de incentivos de ascenso, reconocimiento social y valores perverso, llevando a que muchos de ellos arranquen a matar por un celular, una billetera, y en muchos casos para seguir financiando el consumo de drogas.
Esto es un círculo de destrucción que se retroalimenta, puesto que la violencia toma los barrios y quien antes era solo un “ratero”, probablemente quiera tener los mismos medios que el sicario o el dealer, y termine compartiendo el mismo modo de vida. Este sombrío panorama no es un tema exclusivo de mercados de consumo y producción de la droga, sino una grave mala praxis de los sucesivos gobiernos santafesinos.
Rosario es un punto neurálgico en el que confluyen las principales rutas terrestres que conectan países productores de estupefacientes, como Bolivia, con el principal nodo portuario agroexportador del mundo, y particularmente con la hidrovía del Río Paraná, una de las principales rutas comerciales de América Latina que, interconectando Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, Bolivia y Argentina, es un canal fundamental de exportación a Europa.
Ante esta realidad, el crecimiento de la actividad narcocriminal en la ciudad empieza a tomar vuelo en la década de los ‘90, cuando los Cantero, titulares del hoy cartel “Los Monos”, quienes prestaban servicios de seguridad en las zonas marginadas de Rosario, empezaron a coordinar envíos de marihuana desde Paraguay a Europa.
Siendo que el narcotráfico suele pagar a intermediarios en especies, más temprano que tarde apareció un mercado local de compraventa y con ello la puja territorial entre bandas junto al desarrollo de la violencia.
Todo esto al amparo de una estructura policial vetusta, establecida con una lógica que fue pensada en 1973, cuando el gobierno desarrollista de Sylvestre Begnis modificó la estructura orgánica y creó el sistema de unidades regionales con jurisdicción en cada uno de sus correspondientes departamentos.
Acaso la única modificación significativa fue llevada adelante por Jorge Obeid, quien en 2006 promovió la ley 12.521, por la cual se establecieron jerarquías policiales, derechos y obligaciones en la cadena de mando, un régimen meritocrático de concursos y un Tribunal de Conducta Policial que se ocuparía de juzgar las faltas graves en las que pudieran incurrir oficiales del cuerpo de policía.
Dicho tribunal nunca pudo ponerse en funcionamiento debido a la resistencia interna que generó en las fuerzas de seguridad y las distintas administraciones de gobierno. Esa anticuada forma de organización, plagada de adiposas capas de burocracia, permanente desinversión en términos reales, ausencia de control y un garantismo judicial cómplice del delincuente explica la realidad de la calle: el Estado cedió sumisamente el control territorial. El monopolio legítimo de la fuerza en la calle para garantizar el orden está roto, y el honor de servir a la ciudadanía como oficial de policía se va degradando en manos de una desidia escalofriante.
Rosario, en este sentido, es un microcosmos de falencias estructurales.
Basta con observar cómo durante la última Navidad -una de las noches más violentas en la ciudad - había unos 40 móviles operativos al servicio de los rosarinos, la misma cantidad que tiene San Nicolás, una ciudad con 1.000.000 de habitantes menos; o bien recordar cómo el pasado septiembre tuvieron que desalojar la Escuela de Cadetes Policiales porque los alumnos contrajeros sarna, mientras su preparación deja de ser una carrera y se vuelve un incompleto curso intensivo con el solo objeto de sacar más oficiales a la calle.
La narcocriminalidad opera cada vez con mayor violencia para imponer su liderazgo y trascender la barrera de las disputas territoriales para consolidar carteles con brazos en el juego, el crédito en negro y los “servicios de protección a comercios” forzando “mensualidades o bala”.
La medida de esta violencia es la vara del compromiso y la capacidad que requiere el cambio que necesita la provincia este año.
La naturaleza exponencial del narcotráfico ha progresado ya tres décadas sin una sostenida reacción fundada en decisión política que la enfrente, y rescatar la institucionalidad de la justicia y el Estado de las manos de los cuatreros que se imponen con muerte y sangre es impostergable.
No hay libertad sin orden. Son ellos o nosotros.