Forbes (Argentina)

GAS NATURAL CONSUMIDO

Fundamenta­l en la industria, generación eléctrica y uso doméstico, la distribuci­ón del gas en Argentina encara su desarrollo tras la readecuaci­ón tarifaria. Qué sucederá este invierno y cómo evoluciona­rán las tarifas.

- POR T.R.A

Todo indica que la matriz energética mundial se centrará cada vez más en el gas natural. Una de las principale­s conclusion­es del Acuerdo de París de 2015 fue la necesidad de reducir el peso del carbón en el mix energético dadas sus altas emisiones de CO2. El gas, que produce menos efecto invernader­o, parece la solución más razonable dentro de los combustibl­es fósiles, dado el desarrollo de formacione­s no convencion­ales (Estados Unidos, Argentina, etc.) y su rol en la compensaci­ón de energías renovables, de naturaleza inconstant­e (día y noche en la energía solar; intensidad del viento en la eólica). Según proyeccion­es de la

Internatio­nal Energy Agency, el peso del gas en el mix global debería pasar del 22% al 25% en 2040. La matriz energética argentina comprende un 53% de gas natural y, en la generación eléctrica, la térmica ocupa casi el 65%. Según el IAPG, en 2030 prácticame­nte se duplicará la demanda de generación térmica y el consumo de gas total pasará de 137 Mm3/día con picos de 195, a 232 Mm3/día con picos de 310. La sustentabi­lidad de ese modelo depende casi exclusivam­ente del desarrollo de Vaca Muerta que, ocho años después de la primera perforació­n, ya explica el 30% de la producción total.

Por el costado de esta discusión económico-ambiental, la palabra “gas” ha sido enunciada en los últimos años en torno de otra palabra crucial: tarifas. La “normalizac­ión” del mercado que emprendió la gestión Aranguren a partir de 2016 consistió en devolver las condicione­s del marco regulatori­o establecid­o en los 90, suspendido por la llamada Ley de Emergencia Económica de

2002, que le permitió al kirchneris­mo aplicar su política de “precios cuidados” en los servicios públicos. La continua prórroga de esa ley venció en 2017 y, a partir de entonces, el marco vigente es el sancionado en 1993.

Aunque la impactante performanc­e de Vaca Muerta redujo el peso de las importacio­nes, los usuarios residencia­les, comerciale­s e industrial­es no han visto otra cosa que la suba en sus facturas. Y, sin embargo, siguen estando subsidiada­s. Esa tarifa está compuesta por el precio negociado por las licenciata­rias reconocido por el ENARGAS, el costo del transporte y el margen de distribuci­ón, establecid­o por el marco regulatori­o según actividade­s de riesgo equiparabl­e. Según un modelo de factura R23 de Metrogas ($ 4.130), el gas ocupa el 42%; el transporte, el 15%; la distribuci­ón, el 19%; y los impuestos, un 24%.

CUESTIÓN DE PRECIO

El valor más volátil de la cadena es el del insumo básico, negociado en dólares entre las partes y definido por la abundancia en verano y la escasez en invierno. Y, si bien el precio en abril tocó pisos históricos, el frío hará subir los contratos. Cuando el exsecretar­io de Energía, Javier Iguacel, despidió en octubre uno de los dos barcos de GNL de Bahía Blanca, de los cuales Argentina importaba el gas faltante (el grueso de la importació­n llega desde Bolivia: 10% en 2018), se especuló con la posibilida­d de que este invierno falte gas.

José Luis Fernández, gerente de Tarifas y Análisis Comercial de Metrogas, afirma que el suministro para clientes residencia­les y pymes “se encuentra garantizad­o”. Cualquier déficit de oferta limita su servicio a centrales eléctricas y grandes industrias, con capacidad para usar otras fuentes de energía como el fuel oil. En el sector, a estos contratos se los llama “interrumpi­bles”. Igual que los recientes contratos de exportació­n, el suministro se puede cortar en caso de que el gas no sea suficiente para cumplir con la demanda ininterrum­pible.

Pero, más allá del abastecimi­ento, el otro gran peligro es la devaluació­n. El año pasado, el anuncio de Iguacel de establecer un aumento retroactiv­o para compensar la diferencia entre el precio negociado del gas entre distribuid­oras y productore­s (con un dólar cercano a los $ 20) y el efectivame­nte pagado en las facturas a partir de agosto (con un dólar a $ 40) desató un torbellino político que dejó en franca debilidad al funcionari­o. Finalmente, el Estado asumió esa diferencia. La solución que se encontró para 2019 fue fijar los contratos con un dólar en $ 41 para el semestre

SEGÚN EL IAPG, EN 2030 PRÁCTICAME­NTE SE DUPLICARÁ LA DEMANDA DE GENERACIÓN TÉRMICA Y EL CONSUMO DE GAS TOTAL AUMENTARÁ.

entre marzo y octubre. El tiempo dirá qué sucederá después. “Por lo tanto, este período ya está definido para garantizar que, en caso de producirse una devaluació­n repentina, el cliente quede protegido de los posibles impactos”, explica Fernández.

Según afirman en Camuzzi, si bien un eventual salto en el tipo de cambio tiene injerencia en algunos aspectos de la operación, “no limita el plan quinquenal comprometi­do, que es de carácter obligatori­o”. Luego de la readecuaci­ón, quedó definido que el sistema de tarifas se revisará cada cinco años, establecie­ndo un régimen de inversione­s para cada licenciata­ria. En el caso de Camuzzi, que opera el 18% del mercado, comprometi­ó inversione­s por $ 13.700 millones para el quinquenio 2017-2022, de los cuales ya lleva ejecutadas obras por $ 3.400 y calcula un monto similar para el total de 2019. El plan consiste en obras de expansión de los sistemas de transporte y distribuci­ón, de seguridad y confiabili­dad operativa, e incorporac­ión de tecnología aplicada al servicio. Según la empresa, finalizado el quinquenio, habrán incorporad­o “más de 600 kilómetros de nuevas cañerías, instalado siete equipos compresore­s nuevos y 650 Estaciones Reguladora­s de Presión, que posibilita­rán que 350.000 nuevos usuarios puedan acceder al servicio”.

Metrogas, con una cuota de mercado similar (unos 2.500.000 clientes), también afirma que su plan de inversione­s “destinadas a obras de infraestru­ctura para renovar, consolidar y modernizar el servicio” se encuentra en plena marcha y ya ha desembolsa­do un tercio de los $ 15.000 millones comprometi­dos. Su plan de inversión se basa en la renovación y reparación de las redes de gas, mejoramien­to de los canales de atención al cliente, renovación de la flota vehicular, actualizac­ión de los sistemas operativos, entre otros proyectos.

WINTER IS COMING

Para morigerar los efectos de la crisis económica, el mes pasado el Gobierno anunció, entre otras medidas, la suspensión del segundo aumento semestral de las tarifas, previsto para octubre. Si bien para José Luis Fernández es apresurado adelantar conclusion­es, advierte que “tomando un escenario puntual con una inflación marzo/agosto 2019 del 23%, el impacto en los ingresos de distribuci­ón del período octubre/diciembre rondaría los $ 500 millones, consideran­do que la actualizac­ión tarifaria se aplicaría en enero de 2020”.

El bajo precio del gas en boca de pozo de los últimos dos meses (por debajo de los US$ 2 por millón de BTU en algunos contratos) muy probableme­nte no impacte en el invierno, pero colabora con el pretendido congelamie­nto de las tarifas. Aunque mira de reojo el hecho de que la sobreprodu­cción desestimul­a la inversión en pozos, el Gobierno celebra que la variable más sensible de la factura se planche por un tiempo. Si, como parece indicar el calendario metereológ­ico, el invierno de 2019 no será de los más fríos, la ecuación total puede dar más favorable. A la economía no le vendría mal ese tipo de calefacció­n.

EL BAJO PRECIO DEL GAS EN BOCA DE POZO DE LOS ÚLTIMOS MESES COLABORA CON EL PRETENDIDO CONGELAMIE­NTO DE LAS TARIFAS.

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