Jorge Colina
Uno de cada cinco jubilados cobra un beneficio doble.
Una de las decisiones más irresponsables tomadas desde el regreso de la democracia fue el otorgamiento de 3,5 millones de jubilaciones a personas que no acreditaban aportes sin ninguna evaluación socioeconómica. El desafío ahora es corregir las inequidades y la insostenibilidad de esta decisión.
El resultado fiscal del primer cuatrimestre del año muestra un aumento de los ingresos públicos del orden del 21% interanual mientras que los gastos en jubilaciones y pensiones crecen al 31% interanual. Es decir, el gasto previsional sigue subiendo a una tasa superior a los ingresos y a la inflación. Teniendo en cuenta que las jubilaciones y las pensiones son el principal componente del gasto primario nacional (42% del total), se trata de una dinámica fiscalmente insostenible.
Para abordar el desafío más complejo de resolver que es el ordenamiento del sistema previsional, resulta pertinente reflexionar sobre los datos publicados por la Secretaría de Seguridad Social, que asegura que la ANSES paga beneficios previsionales a 5,7 millones de jubilados y pensionados de los cuales:
● El 80% cobra un solo beneficio que se integra por un 32% de personas que hicieron aportes y 48% de personas beneficiadas por las moratorias (sin aportes).
● El 20% tiene doble beneficio, es decir, son personas que cobran de manera simultánea una jubilación y una pensión.
● Del total de los que cobran doble beneficio, el 69% accedió al segundo beneficio gracias a las moratorias.
Estos datos muestran que apenas 1 de cada 3 jubilados recibe una jubilación o una pensión como compensación a haber realizado los aportes correspondientes durante su vida activa. No hay antecedentes en el mundo de una distribución tan masiva e indiscriminada de jubilaciones sin aportes.
En el corto plazo, un paliativo podría ser establecer un doble mecanismo de movilidad. Para los beneficios con aportes o con moratorias pero que llegan a personas en situación de vulnerabilidad, mantener la fórmula general. Para los beneficios que se duplican o que siendo un único beneficio por moratoria va en favor de personas con otros ingresos establecer una movilidad más reducida. Con este esquema se podría lograr que el gasto previsional no siga creciendo por encima de la inflación.
Parte de la cuestión de fondo está resuelta con el fin de las moratorias en 2019 y su reemplazo por la Pensión Universal de Adulto Mayor. Pero sigue pendiente revisar la regla de pensión por fallecimiento. Debería considerarse la cobertura –hoy no contemplada– de los hijos que estudian y no tienen otro medio de vida cuando fallecen sus progenitores.
No hay antecedentes en el mundo de una distribución tan masiva e indiscriminada de jubilaciones sin aportes como en la Argentina.