Fortuna

El fin de una época en la obra pública

Por qué la investigac­ión del juez Claudio Bonadio implica un antes y un después en la relación entre políticos y empresario­s. Los otros factores del cambio.

- GUSTAVO GARCíA

Por qué la investigac­ión contra una red de corrupción creada en el gobierno anterior implica un antes y un después en la relación entre la política y los empresario­s argentinos. El rol de la Justicia. Lo que están haciendo las empresas para blindarse frente a este nuevo escenario.

Por necesidad o por convicción las empresas han comenzado a implementa­r programas de transparen­cia, sistemas que les permitan de alguna manera evitar las prácticas de corrupción en una Argentina donde el asunto se ha vuelto uso y costumbre.

Sin lugar a dudas, la mediática causa de los cuadernos puede tomarse como un mojón en esta historia. Si servirá para iniciar un proceso de cambio que nos lleve a ser una sociedad más sana en el plano de los negocios, es un albur. Pero algo está empezando a cambiar a partir del desfile de empresario­s de renombre por los tribunales Federales de Comodoro Py.

Cuenta el doctor Carlos Rozen, socio fundador y presidente saliente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, que al curso de Certificac­ión Internacio­nal que dirige en la Ucema solían anotarse 40 personas, pero que a partir del último escándalo de corrupción se inscribier­on 120 y hay lista de espera para el año próximo.

FORTUNA: ¿Instalar el tema en este contexto de malas prácticas comunes es arduo? ¿Se puede cambiar esa matriz de pensamient­o?

ROZEN: Para nosotros el tema de compliance tiene varias aristas. Tiene una parte legal, muy técnica pero también una parte de comportami­ento humano. Diría que el porcentaje más importante sobre lo que es compliance tiene que ver con el comportami­ento humano.

FORTUNA: ¿El denominado ‘Caso de los cuadernos’ puede ser un mojón en la lucha en favor de la transparen­cia?

ROZEN: Yo distingo tres hitos en los últimos años. Primero que estamos frente a un Gobierno que, mejor o peor, que puede gustar más o menos, empezó a instalar este tema. No es casualidad, tiene que ver con un requerimie­nto de la OCDE que estamos incumplien­do desde hace mucho tiempo. A buena parte de la comunidad no le empezó a dar lo mismo que alguien sea corrupto o no.

FORTUNA: Esto a partir del afán del Gobierno por entrar al club de los países desarrolla­dos.

ROZEN: Exactament­e. Sin lucha anticorrup­ción no podemos aspirar a ser miembro de este grupo selecto de países que conforman la OCDE. El segundo hito muy importante es, entre algunas leyes que se sancionaro­n como la del arrepentid­o o

algunas relacionad­as con conflicto de intereses en la parte pública, se sancionó una ley muy importante que es la de Responsabi­lidad Penal de las Personas Jurídicas para deli- tos de corrupción. Se habla de ley de responsabi­lidad empresaria, pero puede ser aplicada sobre una empresa o no. Pueden ser también un club de fútbol, un consorcio de propiedad horizontal o una iglesia los que estén involucrad­os.

FORTUNA: Apunta exclusivam­ente al sector privado.

ROZEN: Apunta al sector privado y ahí hay un segundo hito muy importante que pone sobre el tapete toda la importanci­a del tema anticorrup­ción porque la empresa se empieza a dar cuenta que, si bien las personas son bastante proclives a escabullir­se cuando son imputadas por hechos de corrupción, a las empresas les cuesta más. Están en un mismo lugar físico, es fácil de demostrar que se beneficiar­on con un contrato mediante un hecho de corrupción, entonces la Justicia le puede pedir que devuelva el dinero obtenido por corrupción. Se la puede sancionar gravemente con distinto tipo de penalidade­s. Un hecho que llama la atención en nuestro país es que mientras la pena de muerte no existe para la persona física, sí puede existir para la persona jurídica. Por ejemplo, en un caso de gravedad en que la empresa sancionada se demuestra que ha nacido para delinquir. Se trata de estas compañías que están dando vuelta y se dicen que eran la cáscara de un

“Cuando el empresario ve que puede ir preso opta por negocios sanos, que no ponen en riesgo su empresa y su familia”.

testaferro, o empresas que se crean especialme­nte para darles obras públicas en un contexto de corrupción. La sentencia que surgiría a partir de una ley como esta es la quita de la personería jurídica.

FORTUNA: Es una ley muy importante a nivel nacional. ¿Por qué cuesta bajarla a nivel provincial?

ROZEN: Se trata de una ley que tiene que ver con el ámbito nacional. Solamente tienen la obligación de contar con un programa de Iintegrida­d o compliance, que es una de las manifestac­iones de la ley, las empresas que transaccio­nan con el Estado nacional. Mientras que algunas que hacen negocios con los estados provincial­es no tienen la obligación y necesitan que las provincias vayan adhiriendo a este régimen. Pero la ley es de aplicación a todas y exige un programa de integridad sólo a algunas. Por ejemplo, si una empresa fuera sospechada y luego imputada por un hecho de corrupción, podría darse a cualquier persona jurídica del país.

FORTUNA: ¿Es real que sólo el 50% de las grandes empresas tienen programas de transparen­cia?

ROZEN: En realidad es difícil medir los porcentaje­s hoy porque cada vez que hacemos un diagnóstic­o para implementa­r un programa de integridad en una organizaci­ón nos encontramo­s con que hay algunas prácticas que son aprovechab­les. Entonces decir que tiene o que no tiene es aventurado. Todas tienen algo, en mayor o menor medida. Y las que tienen implementa­do un programa de compliance formal, robusto, que anda bien, son las menos. En general son multinacio­nales que ya lo vienen haciendo desde hace mucho. No lo hacen por esta ley.

FORTUNA: ¿Lo hacen más por la presión de factores exógenos, porque cotizan en alguna bolsa extranjera o porque forman parte de algún Fondo de Inversión?

ROZEN: En general las empresas que tienen casa matriz en Estados Unidos, en Canadá o en algunos países de Europa saben que estas prácticas son muy importante­s, incluso porque muchas han sido multadas severament­e. Por ejemplo, estamos hablando de un compliance anticorrup­ción. Quienes son clasificad­as como empresas US o de Estados Unidos no lo son sólo por tener la casa matriz allí sino también porque las alcanza la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos. Es la ley anticorrup­ción que resulta parecida a la nuestra pero que está vigente desde 1977, y que tiene una fuerte aplicación desde hace una década. Saben que las sanciones son muy severas y que deben tener programas anticorrup­ción.

FORTUNA: ¿Las empresas argentinas demandan estos programas?

ROZEN: Yo distinguía tres mo-

“Estamos ante un Gobierno que, mejor o peor, puede gustar más o menos, pero empezó a instalar el tema de la transparen­cia”.

mentos: que se empiece a hablar del tema cuando cambia el gobierno, que salga la ley, y el tercer punto es el tema de los cuadernos. Si bien todos los casos sobre los que estamos leyendo o mirando son previos y no están alcanzados por esta ley, ya que fueron cometidos antes del 1 de marzo, el empresario lo ve como balas que están picando muy cerca. Es la manifestac­ión práctica de lo que es la corrupción, hasta dónde puede llegar. Porque una cosa es que te digan que te pueden sancionar y otra que se vea gente desfilando por los tribunales de Comodoro Py. Eso hace temblar a cualquier empresario. Si hay algo a lo que tiene miedo un empresario, incluso más que a la existencia de una ley, es a eso. La existencia de la ley es algo que habi-

tualmente creen que a ellos no se les va a aplicar. Es como una enfermedad grave que el común de la gente piensa ‘a mí no me va a tocar’, pero todos nos morimos de algo. La manifestac­ión más práctica que tiene esta ley y el temor que provoca es ver a los empresario­s yendo a declarar y confesando delitos. Si hay algo a lo que le tiene miedo el empresario es al periodismo, a la exposición pública, a tener vergüenza de mirar a sus familiares, a su mujer y sus hijos. Eso es atroz. Cuando están unos días en prisión, comienza a sentir esas cosas que no se imaginaban.

FORTUNA: Se desploma la sensación de impunidad.

ROZEN: Claro, es esa sensación que tiene la gente de que el costo de la corrupción es parecido al beneficio que se obtiene al corromper. Entonces, antes cuando la impunidad era moneda corriente o era el paradig-

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 ??  ?? CARA A CARA. Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita en el marco de “los cuadernos de las coimas”.
CARA A CARA. Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita en el marco de “los cuadernos de las coimas”.
 ??  ?? Carlos WagnerEMPR­ESARIOS 1. Carlos Wagner, de Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcci­ón; Aldo Roggio, accionista del Grupo Roggio, y Juan Chediack, también ex titular de la Cámara Argentina de la Construcci­ón, son tres de los empresario­s procesados. Apelaron la resolución de Bonadio, que los considera miembros de una asociación ilícita.
Carlos WagnerEMPR­ESARIOS 1. Carlos Wagner, de Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcci­ón; Aldo Roggio, accionista del Grupo Roggio, y Juan Chediack, también ex titular de la Cámara Argentina de la Construcci­ón, son tres de los empresario­s procesados. Apelaron la resolución de Bonadio, que los considera miembros de una asociación ilícita.
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Aldo Roggio
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Juan Chediack
 ??  ?? ESPECIALIS­TA. Carlos Rozen es socio fundador y presidente saliente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. EMPRESARIO­S 2. Ángel Calcaterra, ex dueño de IECSA, y Gerardo Ferreyra, accionista de Electroing­eniería, también fueron procesados por presuntas coimas en la obra pública. Luis Betnaza, en cambio, fue procesado por entregas de dinero de Techint para facilitar el pago de la expropiaci­ón de una compañía por parte de Venezuela.
ESPECIALIS­TA. Carlos Rozen es socio fundador y presidente saliente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. EMPRESARIO­S 2. Ángel Calcaterra, ex dueño de IECSA, y Gerardo Ferreyra, accionista de Electroing­eniería, también fueron procesados por presuntas coimas en la obra pública. Luis Betnaza, en cambio, fue procesado por entregas de dinero de Techint para facilitar el pago de la expropiaci­ón de una compañía por parte de Venezuela.
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Luis Betnaza
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Gerardo Ferreyra
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Ángel Calcaterra

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