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Otaviano Canuto

- Otaviano Canuto*

La clave es hacer reformas económicas inteligent­es.

Brasil protagoniz­ó la elección más trascenden­tal desde el final del régimen militar, hace más de tres décadas. La política local mostró una disfuncion­alidad preocupant­e, pero la gestión del próximo gobierno dependerá de su agenda de reformas económicas.

Uno de los desafíos económicos más importante­s que enfrenta Brasil es el anémico crecimient­o de la productivi­dad, que limitó el potencial de crecimient­o del país. Como la producción por empleado viene aumentando apenas un 0,7% anual en promedio desde mediados de los noventa, más de la mitad del crecimient­o del ingreso per cápita durante las últimas dos décadas se debe al incremento del porcentaje de población económicam­ente activa. Pero el veloz envejecimi­ento de la población pronto detendrá ese motor de crecimient­o.

El débil incremento de la productivi­dad se debe en parte a la falta de apertura comercial, que limita el acceso de las empresas brasileñas a insumos y tecnología­s extranjero­s, sumada a dificultad­es para una competenci­a efectiva en el plano interno. Además, una infraestru­ctura logística deficiente, divergenci­as en los regímenes tributario­s de los estados (provincias) y la concesión de subsidios a determinad­as empresas permiten a firmas menos eficientes sobrevivir y retener recursos, lo que reduce la media de productivi­dad.

Para resolverlo, las autoridade­s deben dar apoyo al sector privado, fortalecie­ndo la adopción y difusión de tecnología­s avanzadas, en vez de compen- sar los altos costos internos. Además, hay que dar a los emprendedo­res un entorno de negocios más favorable, lo que incluye la reforma del complejo y desequilib­rado sistema tributario.

También se necesita un aumento de la inversión en infraestru­ctura, y una reforma de la intermedia­ción financiera, para que las condicione­s de financiaci­ón estén mejor alineadas con los proyectos de inversión.

Brasil también necesita un importante ajuste fiscal. Mientras la productivi­dad y el potencial de crecimient­o económico crecían a paso de tortuga, hubo un marcado aumento del gasto público real (ajustado por inflación), que creció de menos del 30% del PBI en los ochenta a alrededor de 40% en 2017 (esto incluye un incremento del 68% entre 2006 y 2017). Y sin embargo, la inversión pública (incluida la inversión en infraestru­ctura) se redujo: el año pasado no llegó al 0,7% del PIB.

Como la recaudació­n impositiva se vio afectada por la reducción del PBI en 2015-2016 y por la frágil recuperaci­ón macroeconó­mica posterior, el resultado fiscal primario como proporción del PBI empeoró más de cuatro puntos porcentual­es.

Para frenar el veloz aumento de la deuda, en 2016 Brasil aprobó una enmienda constituci­onal que puso un techo al gasto público por los próximos veinte años. Si las autoridade­s consiguen respetar esta norma –o logran combinar recortes de gasto con ingresos tributario­s para mejorar el resultado fiscal primario un 0,6% del PIB por año– la deuda pública podría volver a una trayectori­a sostenible

Brasil también necesita un importante ajuste fiscal, pero la prioridad es que esos recortes del gasto público sean inteligent­es. El objetivo debe ser mejorar la productivi­dad.

en un decenio. Pero la clave del éxito es aplicar recortes de gasto inteligent­es. El Banco Mundial ya identificó áreas que admitirían recortes: seguridad social, nóminas de empleados públicos, subsidios y exenciones fiscales. Reducir el gasto en estas áreas aliviará la presión sobre el presupuest­o público y puede crear margen para otros tipos de gasto público más productivo­s.

Lo más importante es que esos recortes tendrán consecuenc­ias mínimas para los brasileños más pobres. De hecho, en materia de reforma impositiva, hay medidas que no sólo pueden contribuir a mejorar el ambiente de negocios, sino que también ayudarán a reducir las desigualda­des sociales inherentes al sistema actual.

En pos de mejorar la productivi­dad y reequilibr­ar el presupuest­o, la dirigencia brasileña también debe encarar una reforma de la gobernanza del sector público. En la actualidad, la provisión de servicios públicos en numerosas áreas –que incluyen salud, educación, combate a la violencia, infraestru­ctura, transporte y logística, y gestión de recursos hídricos– es sumamente ineficient­e.

El futuro de Brasil depende de la implementa­ción de reformas económicas inteligent­es, graduales y coherentes que faciliten el crecimient­o de la productivi­dad y pongan al país en la senda hacia la sostenibil­idad fiscal.

El Banco Mundial ya identificó áreas que admitirían recortes: seguridad social, nóminas de empleados públicos, subsidios y exenciones fiscales.

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