“Seguimos siendo un país de alta corrupción”
La titular de la Oficina Anticorrupción analiza los cambios en la legislación que penaliza los actos de corrupción del sector privado. El rol de las grandes y las pequeñas empresas.
Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, analiza los cambios en la legislación que penaliza los actos de corrupción del sector privado. El rol de las grandes y las pequeñas empresas.
Asimple vista el número publicado en el Boletín Oficial parece no decir demasiado. Pero la nueva Ley 27.401 que castiga penalmente los hechos de corrupción sobre la persona jurídica, es decir la empresa misma, ha venido a marcar un antes y un después en la manera en que se abordarán los casos de soborno vinculados a la obra pública o en las entrañas mismas del sector privado.
De las palabras de Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, surgen conclusiones varias. Una de ellas es que la Argentina ha decidido sumarse a las naciones que cuentan con legislación de avanzada en la materia; otra es que estos vientos renovados que ahora soplan han llegado para quedarse. “Si siguen haciendo de las suyas con las viejas mañas, tarde o temprano serán encontrados”, advierte con enjundia.
FORTUNA: ¿Las ollas destapadas en estos últimos años han sido un mojón para que empecemos a cambiar la visión que hay sobre la corrupción en Argentina?
ALONSO: A la Argentina le llegó casi 20 años después que al mundo esta discusión de que las regulaciones vinculadas a la prevención y la lucha contra la corrupción deben abarcar tanto al sector público como al sector privado. Si se lee la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que es de 2003, ya tiene un capítulo específico sobre la pre- vención y la lucha contra la corrupción desde el sector privado. Si vamos unos años antes, la Convención contra el soborno trasnacional de la OCDE, ambas ratificadas muy tempranamente por la Argentina, habla de prevenir y sancionar la corrupción desde el sector privado. En Estados Unidos es una vieja legislación y el mundo la fue adoptando a partir de los casos que fue investigando y sancionando el Departamento de Justicia, además de la aplicación de multas de la SEC (Securities and Exchange Commission). Las Naciones Unidas vino a ponerle a cada Estado Nación la responsabilidad para castigar no sólo el soborno trasnacional sino también el doméstico. No sólo al funcionario público que es parte de este tango corrupto sino también a la empresa como persona jurídica.
FORTUNA: ¿Ese es el principal cambio en el enfoque, el hecho de ir ahora contra la persona jurídica, es decir contra la empresa y no sólo contra la persona física?
ALONSO: Con la legislación que se aprobó en 2017 y entró en vigencia el 1 de marzo de 2018 lo que hicimos fue ponernos a tono con el resto del mundo y de la región. En Brasil la ley que castiga a las empresas por la corrupción se aprobó durante el gobierno de Dilma Rousseff; Chile la tiene hace unos cuantos años; Colombia también la había pasado; México también la sancionó. A la única economía grande de América Latina que le faltaba aprobar una ley que penalizara a las empresas por el soborno doméstico y trasnacional era la Argentina. Pasó esto porque durante 12 años hubo una suspensión de la agenda de lucha contra la corrupción, a esta altura explícita.
FORTUNA: ¿A título de qué el Gobierno anterior no sancionó este marco legal?
ALONSO: Fue una estrategia absolutamente política. Se entiende en el marco de la hiper corrupción que vivió la Argentina durante los años de Néstor y Cristina Kirchner.
FORTUNA: ¿Cuál es el alcance de la nueva ley?
ALONSO: Es una ley de fondo porque es penal, entonces se aplica en todas partes. Lo más importante que tenemos acá es la responsabilidad del sector privado empresario, no sólo actuando de manera independiente sino también de manera colectiva contra la corrupción. Y este es el gran fracaso que presenta el
“Del pasado se ocupa la Justicia. Las nuevas reglas ya están vigentes, con lo cual las empresas tendrán que adaptarse y cumplir”.
caso de los cuadernos vinculado al compromiso del sector privado con la corrupción. Una empresa sola no puede combatir el entramado de corrupción en el sector público, para eso están las acciones colectivas desde el sector privado.
FORTUNA: ¿Encuentra algún sector en el cual esa acción colectiva ha tenido éxito?
ALONSO: Por ejemplo, el Senasa hizo un trabajo sobre las compañías del sector marítimo internacional donde se analizan los puertos más corruptos del mundo. Los argentinos entraron en el top 3. Desde ese momento todas las compañías se organizaron para entender dónde estaban los riesgos máximos, cómo era el sistema de corrupción, cuáles eran las ventanillas, qué regulación existe que facilitaba el pedido de la coima. El sector fue trabajando en una serie de propuestas de reforma regulatoria. Hubo un cambio drástico en la forma de inspección y se reconoció al Senasa porque las propias compañías midieron que el 90% de pedido de coimas bajó.
FORTUNA: Los programas de integridad son de aplicación voluntaria para los privados. ¿Eso puede ser un obstáculo?
ALONSO: Es voluntario salvo para el caso de los grandes contratos, por ejemplo los de obra pública. Allí las empresas estarán obligadas a tener programas de integridad.
FORTUNA: ¿Hay buena voluntad por parte de los privados en sumarse a la cruzada anticorrupción?
ALONSO: En muchos sectores sí. Hay 20 empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que ya conocen este tipo de regulación y tienen sus programas de integridad. Algunos lo aplican desde hace mucho tiempo. Es un cambio cultural, un cambio de reglas y de incentivos. Es muy probable que en algún momento, porque Argentina sigue siendo un país de alta corrupción, surja que alguna empresa decida autodenunciarse ante la Justicia. Cuando aparezca el primer caso habrá un cambio de conductas muy drástico. Los escándalos sirven para ajustar normas, pero también para ajustar las conductas a las nuevas normas.
FORTUNA: ¿Ser transparente trae también beneficios de mercado?
ALONSO: Esta es una ley capitalista, que busca limpiar al mercado de la competencia desleal que produce el corrupto. Es una ley que mejora la reputación del país, busca inversiones y sale con sus empresas nacionales a invertir en otros países, con lo cual le mejora también la reputación a la empresa argentina. Los extranjeros sabrán que si esa compañía coimea a un funcionario será investigada y penalizada en
“Los programas de integridad son obligatorios para los grandes contratos, por ejemplo los de obra pública”.
nuestra propia jurisdicción. Hoy las empresas empiezan a ver cuál es la ventaja de decir que en su país de origen tienen estas nuevas reglas que las obligan a tener programas de ética empresarial que no son un maquillaje, sino un cambio de reglas en la forma de interactuar con el sector público, pero también con el sector público en el exterior. Esta ley es una oportunidad, una plataforma nueva, para un empresariado distinto. El caso de los cuadernos también fue una oportunidad para reconvertir a viejas empresas con malas prácticas, y una chance para empresas medianas que quieran competir.
FORTUNA: La elite del empresariado argentino, muchos de ellos vinculados a la obra pública, tiene viejas mañas. Será difícil hacerlos cambiar.
ALONSO: Del pasado se está ocupando la Justicia. Ahora, las nuevas reglas ya están vigentes, con lo cual las empresas tendrán que adaptarse y cumplir con las nuevas normas. No les queda otra. Las viejas mañas quedarán en el anecdotario o en la rendición de cuentas ante la justicia penal argentina. Desde ahora la que tendrá la penalidad será la empresa. Tras el caso de los cuadernos, las empresas involucradas han perdido reputación y hoy tienen un menor valor de mercado. Lo mejor es cambiar las viejas mañas y competir, haciendo gala de que se reconvirtió. Las empresas necesitan seguir teniendo crédito, necesitan captar nuevos mercados y ganar contratos.
FORTUNA: ¿ El compromiso de transparencia llega a las PyMEs?
ALONSO: Las PyMEs fueron grandes defensoras y promotoras de esta ley. En este camino hemos descubierto que los grandes han utilizado a las PyMEs para hacer el trabajo sucio. Hoy las empresas grandes tienen una responsabilidad con la cadena de valor de hacer docencia y al mismo tiempo garantizar la transparencia. Esta ley genera un control mutuo entre el sector público y privado, pero también intra sector privado. Esto se complementa con la ley del arrepentido, para personas físicas, con nombre y apellido. Esto genera un incentivo latente que, si existiese algún tipo de práctica espuria, puede aparecer en algún momento un arrepentido y denunciar a la empresa. Hoy ningún empresario argentino que se porte mal puede estar seguro de que mañana no le aparezca un arrepentido. La corrupción entre privados en la Argentina es otro capítulo, pero es muy impactante.
FORTUNA: Los lineamientos de la Oficina Anticorrupción marcan que el control puertas adentro de la empresa debe ser permanente.
ALONSO: Con esta ley hay que tener una infraestructura institucional, pero no es un combo que le compro a una consultora y me maquillo de transparente. Si siguen haciendo de las suyas con las viejas mañas, tarde o temprano serán encontrados. O por un arrepentido del sector público o por un señor que era chofer y anotaba en los cuadernos, o por un empleado de la propia empresa que reporta esa situación ante la Justicia. Son nuevas reglas, hay que caminarlas y darles tiempo de maduración e implementación. Aquel empresario que entienda la nueva lógica de hacer negocios en la Argentina, va a estar más seguro. El que piense ‘ahora tengo un código de ética, estoy salvado y sigo haciendo negocios como lo hacía antes de los cuadernos’, va a estar jodido. Estará poniendo en riesgo el negocio, la fuente de trabajo y el acceso al crédito.
“La nueva ley es capitalista porque busca limpiar al mercado de la competencia desleal del corrupto”.