Cómo superar la coparticipación
La coparticipación redistribuye recursos impositivos, pero no contribuye al desarrollo productivo. Además, es una fuente permanente de conflictos.
mientras algunas provincias plantean juicios ante la Corte cuestionando la coparticipación, otras alertan que, si se eliminara, no podrían pagar los sueldos de los empleados públicos. La coparticipación no tiene arreglo. Hay que adoptar la regla de correspondencia fiscal: el que gasta, recauda.
La recaudación está fuertemente centralizada a nivel nacional mientras que las principales funciones públicas son administradas por las provincias y sus municipios. Por eso, parte de la recaudación es apropiada por la Nación y el resto es distribuido entre las provincias. Para ello se aplican una serie de reglas previstas en la ley de coparticipación y otras normas análogas. El esquema es tan complejo y arbitrario que coloquialmente se lo denomina el “laberinto de la coparticipación”.
La coparticipación históricamente fue motivo de conflictos y polémicas. La evidencia más extrema es la gran cantidad de juicios planteados antes la Corte por provincias que se sienten perjudicadas. El caso más reciente es Mendoza, que cuestiona la reducción del impuesto a las ganancias dispuesta unilateralmente por el gobierno nacional. En paralelo, los gobernadores del norte alarman a sus poblaciones con la amenaza de que si disminuye la coparticipación no podrán pagar los sueldos de los empleados públicos.
¿Por qué la coparticipación genera tantas controversias? Por un lado, las provincias del norte reciben 2.000 dólares por habitante por año, y el resto, 900 dólares por habitante por año. Por el otro, las provincias del norte tienen 63 empleados públicos cada 1.000 habitantes cuando el resto de las provincias tiene 45 empleados públicos cada 1.000 habitantes.
Estos datos muestran que la coparticipación redistribuye recursos impositivos en favor de las provincias del norte y éstas los usan para expandir el empleo público. Las evidencias avalan el planteo de los gobernadores del norte que, si les disminuye la coparticipación, no podrán pagar los sueldos ya que es claro el exceso de dotación de empleados públicos. También explican el rechazo que genera la coparticipación entre las provincias que ponen más de lo que reciben y plantean su judicialización.
La solución pasa por aplicar el principio, ampliamente avalado por la teoría de las Finanzas Públicas, de correspondencia fiscal. Esto es, el que gasta, recauda. Para ello es necesario un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional entre las provincias y la Nación. El Estado nacional se debería financiar con los impuestos al comercio exterior, la seguridad social y el impuesto a los ingresos. Las provincias con sus municipios, con un IVA que absorba ingresos brutos y tasas municipales. Esto incentivaría el desarrollo local.