PROTOCOLO ILE.

Karina Banfi de Juntos por el Cambio celebró el Protocolo para uniformar la manera de practicar abortos permitidos por el Artículo 86 del Código Penal.

KARINA BANFI. La Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires, radical, es miembro de Juntos por el Cambio y fue una de las voceras por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que perdió el año pasado en el Senado.

Ahora, celebró el Protocolo para uniformar en todo el país la forma de practicar abortos permitidos por el Artículo 86 del Código Penal y lamentó que el presidente Mauricio Macri lo haya derogado un día después de su publicación. Con todo, confía que el próximo año habrá buenas noticias

para las mujeres: “Espero que el aborto sea Ley”.

Aprincipios de este año, en Tucumán, el caso de una niña de 11 años violada y embarazada por la pareja de su abuela causó conmoción. Pese al Protocolo existente, el caso se judicializó, la decisión se dilató, y cuando salió el fallo practicarle el aborto ponía en riesgo la vida de la menor y le hicieron una cesárea. La recién nacida murió diez días después. La pequeña llevará la cicatriz y el trauma de por vida. El nuevo Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que dictó el doctor Adolfo Rubinstein y se publicó en el Boletín Oficial el miércoles 20 de noviembre hubiera reforzado la posibilidad de que los médicos tucumanos hicieran un aborto (como querían esa menor y su familia) sin riesgos legales, tal como indica el artículo 86 del Código Penal. Pero fue derogado apenas un día después de su promulgación por el Poder Ejecutivo Nacional y levantó polvareda en propios y extraños.

“En el caso de aplicarse en Tucumán, hubiera permitido un resguardo jurídico a los médicos. En ese caso, muchos médicos invocaron la objeción de conciencia. Quedó una pareja, inclusive ella era católica, pero entendía que era un caso de violación y que la

Ley lo permitía. Pero estaban muy asustados por el procedimiento, y el Protocolo lo establece. Esta resolución del secretario obligaba a esa provincia, si no a adherir, a implementar el Protocolo. Ahora están igual que el martes”, resume Karina Banfi, diputada de la Unión Cívica Radical por Buenos Aires. Nacida en Bahía Blanca hace 47 años, abogada, casada y con dos hijos, renovó su banca hasta el 2023. Antes de llegar al Congreso vivió en los Estados Unidos y trabajó en la OEA, donde coordinó su programa regional de Libertad de expresión y acceso a la información. –Estamos a 18 días del cambio de gobierno. ¿Hizo bien en renunciar Rubinstein?

–Fue una decisión personal. Yo hablé con él, pero no me siento autorizada a decirle lo que debía hacer. Habrá sentido que su rol estaba terminado: él cree mucho en los derechos sexuales y reproductivos. Yo soy miembro de Las Sororas (Nota: grupo de Whatsapp que armaron las diputadas verdes de todos los partidos), trabajé mucho por la Ley de interrupción voluntaria del embarazo y las agendas de las mujeres en cuanto a la equidad. Y con Rubinstein eran temas que teníamos en común.

–¿Por qué era importante el Protocolo?

–El Protocolo existe desde 2007 y tuvo una actualización en 2015. Lo que hizo Rubinstein fue atender solicitudes de la Organización Mundial de la Salud, cosas menores, porque no hubo avances en materia legislativa. Algunos dijeron que amplió las causales de excepción al aborto punitivo. No fue así. Es imposible que lo haga un Secretario. –Para eso hay una ley.

–Exacto, que es del año 1921. El artículo 86 del Código Penal habla de dos excepciones para penar un aborto: cuando la víctima tiene dificultad para entender el acto en términos de discapacidad; o cuando corre la vida de una persona. En ambos casos se considera que no hay consentimiento y debe considerarse una violación.

–Es decir, el Protocolo no permitía abrir la interrupción del embarazo a otros casos.

–No. En el Consejo Federal de Salud, donde reúnen todos los ministerios de salud de las provincias, coordinados por la Secretaría de Salud, este Protocolo era un tema de agenda. En muchas, como en Capital Federal, se aplica sin inconvenientes; y en otras, donde hay mayores dificultades, le solicitaron a Rubinstein que hubiera un marco normativo con mayor efecto jurídico para aplicarlo sin problemas.

–En definiva, algo que protegiera a los médicos y otros actores de la salud de cualquier consecuencia legal si hacían los abortos que permite por la ley.

–Exacto. Estos protocolos sirven para todo el sistema médico que actúa cuando una mujer dice “fui violada, estoy embarazada y quiero abortar”. Le preguntan o averiguan cuanto tiempo de gestación tiene y ahí dice qué procedimiento llevar adelante. Por ejemplo, si la violación fue reciente, se le da la pastilla del día después. Si fue hace tres semanas, indica las dosis de misoprostol necesarias… Si es más tiempo, un legrado. Es raro que digan, para justificar la derogación, que no se le dio participación a otras áreas, porque es algo muy técnico, un tema médico.

–Cuesta entender que si ya se aplicaba en la Capital Federal, haya sido derogado por el presidente Mauricio Macri y por la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley –de quien dependia Rubinstein–, que vienen de la política porteña.

–Si. Por eso yo hablo de una cadena de malos entendidos. Dicen que al ser un tema tan sensible, debería haber sido conversado para volverlo una resolución ministerial. El miércoles por la mañana se publicó en el Boletín Oficial, yo celebré que se hiciera la resolución, pero muchos actores públicos y políticos, que no están de acuerdo con el aborto, cayeron en confusiones, como creer que esto se trata de una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), cuando es una interrupción legal del mismo (ILE) y está cumpliendo con una ley. –Por eso, no tiene nada que ver con lo que se debatió largamente el año pasado en el Congreso.

–Nada. Lo que lamentablemente se perdió en el Senado fue la interrupción voluntaria. Ahora se trató de protocolizar el artículo 86 del Código Penal que, repito, rige desde 1921.

–¿Por qué habla de una “cadena de malos entendidos”?