Asignatura pendiente
Las empresas se instalan en los centros urbanos a la sombra de la falta de legislación local. Pero la ausencia de reglas claras está generando tensiones crecientes entre los intermediarios tecnológicos y sus socios.
Con su bicicleta como fiel compañera Juan recorre a diario Buenos Aires como delivery de Rappi. Gasista matriculado, Roberto cumple con la atención de sus clientes de siempre y suma nuevos con los servicios de plomería que ofrece por Iguanafix. Jorgelina reacomoda sus horarios de estudio en la facultad para completar los servicios de diseño y desarrollo de páginas web que publica en Workana. Después de trabajar ocho horas en un comercio de Once, Ernesto se sube a Renault 2010 para extender su jornada laboral otras cuatro horas como chofer de Uber. Todos ellos son ejemplos de la emergencia de nuevas formas de trabajo de la mano del desarrollo de la denominada “economía de plataformas”, quizás el cambio más relevante ocurrido en el mundo laboral en los últimos años. En la Argentina, en el contexto de recesión de la economía, deterioro del empleo y aumento de la informalidad laboral, el fenómeno registra un crecimiento explosivo y ahonda la preocupación por la ausencia de un marco normativo que regule las nuevas formas de trabajo que imponen las plataformas digitales. El temor de fondo es evidente: la precarización de las condiciones laborales. Pero el vacío de regulaciones sobre el empleo en las plataformas no es solo un problema de nuestro país. En un exhaustivo informe difundido en septiembre realizado en base a una encuesta a 3.500 trabajadores de plataformas de 75 países, la Organización Internacio- nal del Trabajo (OIT) advirtió sobre la total inexistencia de normativas estatales sobre la materia. Y sostiene que, por el contrario, son las propias plataformas las que establecen sus propias condiciones de trabajo en los términos de servicio. La advertencia de la OIT es claramente producto de su concepción acerca del trabajo en las plataformas digitales, al que caracteriza por “remuneraciones inferiores al salario mínimo, flujos impredecibles de ingresos y la ausencia de protecciones laborales que suelen observarse en una relación de trabajo típica”. La difuminación de la propia relación de dependencia laboral y, en consecuencia, de la figura del empleador, constituye el eje central del debate acerca del empleo en la economía digital. La discusión se completa con el impacto de esa situación sobre los alcances del sistema de protección social destinado a los trabajadores de plataformas.
En la Argentina se trata de un debate incipiente y motorizado especialmente por colectivos de trabajadores que, en proceso de sindicalización, reclaman regulaciones concretas sobre la actividad. En la ahora Secretaría de Trabajo, que encabeza Jorge Triaca, afirman que la discusión sobre el fenómeno se concentra en determinar la existencia o no de una relación de dependencia entre los trabajadores y las plataformas que funcionan como “intermediarios” y en la definición de las condiciones laborales mínimas dentro de la actividad. Ninguna de esas cuestiones está zanjada: “Se está analizando el escenario, pero no hay decisiones concretas”, señalan cerca de Triaca. Hasta ahora la intervención de las autoridades laborales nacionales se ha reducido a la implementación de procedimientos de fiscalización. En los últimos meses los inspectores de la Secretaría de Trabajo fiscalizaron a más de 4.700 trabajadores de tres aplicaciones dedicadas a tareas de delivery digital (Glovo, Rappi y Pedidosya) en la apuesta de evaluar la situación del sector. Las conclusiones de esos procedimientos y la
continuidad de las fiscalizaciones servirán para determinar los pasos de acción de la cartera, según indicaron fuentes del Gobierno. “También la intención es que todas las empresas se pongan a la par para evitar casos de competencia desleal”, señalaron. La expectativa oficial también apunta a algún pronunciamiento de la Justicia respecto de las múltiples causas iniciadas para establecer el grado de dependencia laboral entre los actores del mercado de trabajo dentro de las plataformas. Por ahora los jueces hacen silencio.
A la par y pese a que la responsabilidad de resolver el vacío legal corresponde a la Nación, el debate también ha ganado la preocupación de las autoridades de las principales ciudades donde la economía de plataformas comporta una revolución sin precedentes. Por caso, en el territorio porteño, la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio que conduce Ezequiel Jarvis, creó una comisión de estudio y análisis sobre el trabajo en las plataformas digitales con la participación de autoridades de la Ciudad, integrantes del Poder Judicial de la Nación, académicos y especialistas del mercado laboral. La comisión, cuyo propósito central es avanzar en el estudio de la normativa y doctrina relativa a las relaciones laborales que se generan
en la actividad para delinear políticas públicas que resuelvan las dificultades generadas por la clasificación legal de la relación establecida entre las plataformas digitales y las personas que participan con su trabajo, puso en marcha una ronda de consultas con representantes de empresas del sector, como Rappi y Glovo y referentes de organizaciones gremiales a fin de analizar los modelos de negocios y las condiciones de empleabilidad. “Venimos abordando una realidad que se impuso y que requiere la atención de todos. Lo primero que nos propusimos es identificar con claridad cuáles son los actores intervinientes y cómo se desarrolla su actividad, y concluimos que no se puede generalizar al momento de encuadrar a los trabajadores ya que cada caso es particular: Hay trabajadores que no muestran relación de dependencia con las empresas, mientras en otros casos, ese vínculo tiene características similares a una relación de dependencia”, afirmó Jarvis a INFOTECHNOLOGY sobre la tarea de la comisión.
¿Cómo regular un nuevo mundo?
La propia OIT en su análisis sobre la situación del empleo en las plataformas enuncia un conjunto de propuestas destinadas a establecer mecanismos de regulación y condiciones de trabajo sustentables dentro de la actividad. Así recomienda otorgar un estatus adecuado a los trabajadores; permitir que ejerzan sus derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva; garantizar un salario mínimo aplicable del país de residencia de los trabajadores, transparencia en los pagos y las comisiones cobradas por las plataformas; y asegurar que los trabajadores puedan rechazar tareas. La organización internacional también aconseja cubrir los costos por el trabajo perdido a causa de problemas técnicos en la plataforma; adoptar reglas estrictas y justas en materia de ausencia de pagos; garantizar que los términos del servicio estén redactados de manera clara y concisa; e informar a los trabajadores de las razones de las evaluaciones negativas que reciben, entre otras propuestas. “Los cambios tecnológicos siempre producen transformaciones profundas en las relaciones laborales. Y siempre parece tratarse de una oportunidad única para la flexibilidad absoluta”, alertó el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien desde la Legislatura porteña aborda la problemática sobre la necesidad de establecer un marco regulatorio del trabajo en las plataformas. En ese sentido, sostiene que “la historia y el presen-
te demuestran que las regulaciones protectoras de derechos son la alternativa más razonable para que se expandan nuevas formas de comercio pero con trabajo decente”. Con el propósito de reclamar un piso de condiciones laborales y derechos en la actividad, un grupo de trabajadores de plataformas se unió recientemente para constituir la denominada Asociación de Personal de Plataformas (APP), que gestiona ante la Secretaría de Trabajo su inscripción como organización sindical. Al respecto, Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor de la APP, advierte que el objetivo de los trabajadores es superar “el actual escenario de flexibilidad y precariedad total, con un contrato de hora cero desregulado y condiciones de fraude a la ley”, garantizando condiciones básicas de un trabajo decente como “estabilidad, ingresos acordes al trabajo realizado, seguridad social y cobertura de riesgos”. Para Ottaviano existen diversas alternativas en el derecho del trabajo que están disponibles para avanzar hacia algún tipo de regularización. Desde la negociación colectiva, como herramienta de un modelo de condiciones de trabajo adaptado a la protección del empleo; hasta los esquemas en los que los trabajadores son al mismo tiempo dependientes de la plataforma como autónomos ante el cliente, o modelos más rígidos como los estatutos especiales que imponen una serie de derechos adaptando la regulación a la forma de trabajo. “Lo que
no es discutible en cualquiera de los modelos es que la protección del trabajo y el cumplimiento de derechos es el desafío fundamental”, advirtió el abogado de APP.
Crecimiento sin reglas
La economía de plataformas en nuestro país experimentó un crecimiento exponencial en los últimos dos años. En la actualidad existen más de 640.000 usuarios registrados (no todos pueden ser considerados trabajadores) en 15 plataformas (sin considerar los casi 2,5 millones de usuarios de Mercado Libre), según surge de los datos preliminares del estudio sobre el “Impacto de la Economía de Plataformas en el mercado laboral: Un análisis detallado del contexto Argentino” que lleva adelante Cippec junto con el FOMIN-BID y la OIT. La investigación, realizada durante los últimos seis meses y cuyas conclusiones finales se publicarán en diciembre, señala que en 12 de las 15 plataformas relevadas (Rappi, Glovo, Uber, Iguanafix, Homesolutions, entre otras) se ofrece trabajo físico de baja cali- ficación, conocido como “gig economy” o “economía de changas”, que involucra tareas como delivery, transporte de pasajeros, limpieza, mudanzas o servicios para hogares. Dentro se ese grupo se cuentan alrededor de 120 usuarios-proveedores activos, es decir que recibieron algún tipo de ingreso por esos servicios durante el último año. En una categoría diferente se agrupan otras dos plataformas (Iguanafix y Homesolutions) que, además, también ofrecen trabajo físico de calificación media-alta, con algún grado de capacitación técnica o profesional como electricistas, o gasistas matriculados, profesores particulares o servicios orientados al cuidado de personas dependientes. Allí fueron relevados por la investigación de Cippec unos 5.000 usuariosproveedores activos.
En tanto, otras tres plataformas (Freelancer, Workana y Upwork) fueron categorizadas por el estudio dentro de un grupo que centralmente ofrece servicios virtuales de calificación alta (“cloud work”, “global work” o “web based work”), donde priman las tareas de diseño gráfico y multimedia, programación y traducciones. Esa categoría involucra más de 500.000 usuarios-proveedores registrados, pero de los cua-
“EL ACTUAL ESCENARIO ES DE FLEXIBILIDAD Y PRECARIEDAD TOTAL.” JUAN MANUEL OTTAVIANO , abogado laboralista y asesor de la APP.
les menos de un 5 por ciento ha recibido ingresos durante el último año. “Es importante reconocer la heterogeneidad y la complejidad del fenómeno del trabajo en la economía de plataformas: algunas contribuyen a potenciar el trabajo independiente y otras favorecen el aumento de formas atípicas de empleo, por lo que no debe ser considerada una categoría unificada”, advirtió a INFOTECHNOLOGY Javier Madariaga, coordinador del Programa de Ciudades de Cippec y quien lidera la investigación. Respecto de las condiciones laborales, Madariaga indicó que para la mayoría de las plataformas analizadas los trabajadores que prestan servicios a través de las aplicaciones son independientes (se los define como “Pros”, “Glovers”, “Socios”, “Anfitriones” o “Freelancers”), por lo que no cuentan con aportes a la seguridad social ni otros beneficios o derechos de los que gozan los trabajadores en relación de dependencia. Algunas plataformas exigen a los trabajadores estar registrados en alguno de los regímenes para trabajadores por cuenta propia (monotributo o autónomos), mientras que otras —si bien no lo exigen explícitamente— ofrecen incentivos a quienes lo hacen o permiten a los trabajadores no estarlo solo durante el primer mes de actividad. Un caso diferente, según la investigación, lo representan aquellas plataformas que cumplen con un rol de “oficina de empleo” y promueven que los trabajadores sean contratados en relación de dependencia formal por los clientes, ofreciendo facilidades para gestionar las remuneraciones y aportes de seguridad social. El ejemplo más común es el de Zolvers, una plataforma que ofrecer servicios de personal doméstico. La falta de regulación del empleo en el sector también genera gran heterogeneidad respecto del alcance de la jornada laboral y los requisitos que imponen las plataformas a sus usuariosproveedores. Sobre el primer punto, la investigación de Cippec advierte que no existen jornadas laborales definidas, ya que hay quienes trabajan en la plataforma de forma esporádica por pocas horas, mientras que otros llegan a trabajar 60 horas por semana. En cuanto a los requisitos, las plataformas piden contar con los elementos necesarios para realizar el trabajo (vehículos de terminadas características, moto o bicibletas, smartphones con ciertas características, herramientas, etcétera), que se suman a otras exigencias más básicas como mayoría de edad, documentación personal, licencia de conducir, o la creación de un perfil propio en la plataforma. Cómo contrapartida, son pocos los beneficios que reciben los trabajadores. Algunas plataformas manifiestan tener a disposición una batería de servicios adicionales, como seguro contra accidentes o financiamiento para inversiones en activos, pero no suelen ser ofrecidos a los trabajadores por temor a que puedan constituir un criterio para rechazar el carácter autó- nomo del trabajo y considerarlo dependiente. Por otra parte, la heterogeneidad característica de la actividad dificulta la posibilidad de establecer un parámetro global respecto del nivel de ingresos de los trabajadores de las plataformas. No obstante, desde la APP estimaron que en el caso de las plataformas que ofrecen servicios de baja calificación y sobre todo entre el personal que cumple tareas de delivery durante una jornada de ocho horas o más durante cinco días por semana, los ingresos promedio se ubican entre un 20 por ciento y 30 por ciento del valor del salario mínimo, vital y móvil ($ 10.700), lo que redondea una suma de entre $ 12.800 y $13.900. Sin embargo, a esos montos hay que descontar gastos de monotributo, ropa de trabajo, seguros y servicios de telefonía móvil, entre otros.
Tiempo de espera
El vertiginoso ritmo de crecimiento que experimentó en los últimos tiempos la economía de plataformas local está lejos de replicarse en la discusión sobre la necesidad de avanzar en la definición de un marco regulatorio del empleo en la actividad. En buena medida esa presunción se sustenta en la ausencia de experiencias de regulaciones a nivel internacional y, especialmente, en cierta falta de voluntad política de parte de las autoridades argentinas para consolidar un debate profundo y amplio sobre las condiciones laborales en la actividad. Mientras tanto crecerá la presión de los trabajadores por establecer reglas de juego en materia de ingresos mínimos, jornadas, beneficios y derechos laborales en la apuesta por evitar que el empleo dentro de las plataformas se convierta en el reino de la precariedad. El escenario y los términos de la discusión están planteados, aunque todavía no maduraron del todo: en algunos aspectos la revolución tecnológica transita con pies de plomo.