FUTURO En contra de la obsolescencia programada
La industria de fabricación tecnológica en Tierra del Fuego se encuentra en una encrucijada: cambiar o desaparecer. Más allá del fin del régimen de promoción, la innovación corre por cuenta y cargo de las empresas. ¿Cuáles son las iniciativas en marcha?
La supervivencia de las empresas electrónicas de Tierra del Fuego depende de varios factores. En primera instancia, de la continuidad —o no— de algunos beneficios del régimen industrial que tienen vigencia hasta 2023. En segundo lugar, de la competencia por precio de los productos que se fabrican en la isla con esos mismos bienes pero importados. En tercer orden, de la capacidad de responder a los cambios en los hábitos de consumo, que deja obsoletos rápidamente a muchos productos. Y, por último, del desarrollo tecnológico que permita la innovación en la producción. El primero depende de una tensa negociación política; los otros, de las compañías. Ante esta coyuntura, la apuesta de las empresas radicadas en la isla es doble: por un lado, mejorar la competitividad de los procesos para reducir el precio que paga el consumidor final por los productos que elabora la isla (los principales son aires acondicionado, celulares y televisores) y, por el otro, apostar a la innovación. Federico Hellemeyer, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónicas (Afarte), asegura que el objetivo de las empresas es volverse “lo más competitivas posible”. Con miras a estimular la innovación, desde Afarte, el gobierno provincial y las universidades nacionales radicadas en territorio fueguino (Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de Tierra del Fuego) inauguraron la primera semana de octubre un Centro Tecnológico (Centec) en la ciudad de Río Grande, en el que trabajan de manera directa cuatro ingenieros coordinadores y 20 personas de forma indirecta. El monto invertido en su construcción fue de $25.326.316, de los cuales el 78 por ciento fue aportado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a través del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar).
El Centro Tecnológico de Tierra del Fuego tiene tres laboratorios: uno de medición y calibración, otro de seguridad eléctrica y otro de software. Hugo Bonifacini, ingeniero y coordinador ejecutivo del Cen-tec, asegura que el objetivo es “trabajar la reconversión de la matriz productiva de la provincia, porque es casi inevitable que algunos productos terminen desapareciendo por las distintas políticas que se están aplicando”. Y asegura: “No nos quedamos de brazos cruzados”. Los dos servicios principales que aporta el centro a la industria fueguina en la actualidad son el desarrollo de software y la calibración de instrumentos. Muchos procesos de medición que ofrece no se realizaban en la isla, lo que generaba complicaciones debido al régimen aduanero que tiene esa provincia, ya que los controles de rutina requeridos en el proceso productivo debían hacerse en el continente, con
plazos de hasta cuatro meses de demora. “Estamos trabajando para tener el primer calorímetro made in Argentina. Se trata de un equipo que se usa para hacer eficiencia de aires acondicionado. Queremos brindar una solución para eficiencia energética hecha en nuestra provincia”, cuenta el coordinador del Cen-tec. La proyección que hace Bonifacini es que, en el futuro, el centro también pueda aportar innovación a otros rubros de la industria fueguina, más allá de lo que producen las empresas electrónicas. “El foco va a estar puesto en los recursos naturales propios y en aquellas actividades que emanen de ellos, por ejemplo, la ingeniería química para analizar la acidez de turba o las características de la madera. También queremos enfocarnos en gas y petróleo, sobre todo en la calibración de instrumentos y en laboratorios que permitan hacer análisis químicos”, detalla. Sobre el Cen-tec, Hellemeyer asegura que desde el sector privado persiguen dos objetivos: uno inmediato, que contemple las pruebas que tienen que hacer las industrias y que se realizan en el continente (o incluso en otros países); y otro prospectivo, que permita ser una “caja de resonancia donde se lleve adelante una agenda más profunda y desarrollada con el largo plazo”.
El ministro de Industria de Tierra del Fuego, Ramiro Caballero, asegura que el centro “es fundamental”. “Para mejorar la industrialización o apostar al desarrollo pensamos en este esquema, que incluye centros tecnológicos, centros de formación de profesionales e industrialización diversificada. El Cen-tec tiene un potencial enorme porque no solo están las universidades sino también las empresas radicadas en la provincia, que están comprometidas con el proyecto porque son parte”, apunta.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego estuvo en la mira del actual gobierno desde la asunción de Mauricio Macri. A comienzo de 2017, apenas un año después de haber asumido, el presidente de la Nación comparó los precios de los electrodomésticos con Chile y aseguró que “el Gobierno está mirando mecanismos que generen mayor transparencia”. Y cerró: “no queremos mecanismos cerrados y turbios que hacen que el empresario gane todo lo que se le ocurra ganar”. La actividad económica en la pronvincia está regulada por la Ley 19.640, que estableció en 1972 un régimen fiscal y aduanero especial. Luego se fueron sumando decretos y normativas que ampliaron los beneficios para las empresas radicadas allí y, a partir de 2009 cuando se aprobó la Ley 26.539, se sumaron impuestos internos para la importación de una lista de productos, situación que benefició a las empresas electrónicas de la provincia. Estos tributos estuvieron en el centro del cuestionamiento de la actual administración nacional, que primero decretó la eliminación de estos impuestos y, ante la protesta, luego logró acordar con las empresas, gremios y autoridades provinciales un esquema de baja gradual. “Tenemos que llevar adelante los cambios necesarios como para que los productos electrónicos que fabricamos lleguen al consumidor con los precios más bajos posibles. Con esto nos ubicamos en mejor posición en la discusión de prórroga del régimen”, asegura Hellemeyer. Fernando Grasso, secretario de Industria de la Nación, asegura que el objetivo de la administración nacional es trabajar en “generar mejoras de competitividad en la industria electrónica fueguina de manera compatible con el desarrollo integral de la actividad en el continente” y desctaca que eso requiere “ampliar y complementar el perfil de producción actual con nichos vinculados a la electrónica que no es de consumo masivo”. Desde la provincia coinciden en parte con este diagnóstico. “Para contener la industria electrónica teníamos que demostrar que podíamos ser mejores de lo que estábamos siendo”, explica Caballero. “Propusimos un esquema de diversificación, que era la reapertura del régimen promocional, para incorporar bienes que sabemos que podemos producir porque existe esa tecnología y que en la Argentina no se fabrican. Por ejemplo, toda la parte electrónica vehicular, que viene del exterior”, detalla Caballero. Pero el funcionario fueguino expone la diferencia política con la Nación en la cuestión de los precios de los productos fueguinos, una de las variables que toma la administración central para medir la “competitividad” del sector. “Yo lo discuto, porque Tierra del Fuego no forma precios, fabrica. ¿Qué sucede en el medio para que cuando alguien produce un bien en la Argentina, al consumidor final le sale el doble o el triple?”, cuestiona. Hellemeyer sostiene que “sin lugar a dudas” es viable la continuidad de la fabricación de productos electrónicos si se extienden las actuales condiciones del régimen de promoción, aún cuando ya se dieron de baja las normativas que protegían a la industria fueguina de la competencia con los importados. “Si las condiciones imperantes hoy se mantuvieran, sí es dable pensar en una industria electrónica sostenible y atenta a los cambios tecnológicos”, explica. En el centro de la escena quedan las tensiones políticas. Los beneficios impositivos contemplan la exención de Ganancias, IVA, impuestos internos y al comercio exterior de lo que se produce en la isla. Para Nación, las exenciones son costo fiscal. En 2017 y 2018, equivalieron a 0,26 por ciento del PBI, $ 26.845 millones y $ 31.081 millones, según el Presupuesto de este año. Para 2019, prevé que sea $ 59.608 millones (0,32 por ciento del PBI). La Provincia replica que, de no gravarse la actividad, toda la producción de la isla no existiría. El futuro de la industria de Tierra del Fuego se resolverá entre las tensiones políticas y la capacidad de adaptación de las empresas.
“El Cen-tec tiene un potencial enorme porque no solo están las universidades sino también las empresas radicadas en la provincia, que son parte fundamental del proyecto.” — Ramiro Caballero, ministro de Industria de Tierra del Fuego.