El Senado designó a cuatro jueces federales porteños

tras 7 años. El kirchnerismo logró el acuerdo para cubrir las vacantes en Comodoro Py; uno de los candidatos fue denunciado por trampas

Después de siete años, el cuestionado trámite para cubrir cuatro vacantes clave en la Justicia llega a su fin: el Senado dio su acuerdo ayer para nombrar a los nuevos magistrados que ocuparán un tercio de los juzgados federales penales, los que investigan las principales causas de corrupción.

El radicalismo pretendía que ninguno de los candidatos propuestos por la presidenta Cristina Kirchner obtuviera el acuerdo, con fundamento en las sospechas de trampas que rodearon el concurso en el Consejo de la Magistratura, pero el kirchnerismo se impuso.

Los nuevos jueces sólo necesitan ahora un decreto presidencial que los ponga en funciones. Todos vienen de la Justicia. Son Marcelo Martínez de Giorgi, que es secretario de la Cámara Federal y hoy ocupa, como subrogante, dos de los juzgados vacantes; el juez de instrucción Luis Rodríguez; Sebastián Ramos, que es secretario en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, y Sebastián Casanello, secretario de la Sala I de la Cámara Federal, que recibirá la mitad de las causas que ahora investiga Norberto Oyarbide.

El más resistido fue Rodríguez, que obtuvo 39 votos a favor y 18 en contra. El había recibido varias impugnaciones de organizaciones de la sociedad civil; entre otras cosas, por sospechas de que había contado de antemano con el examen que le tomaron en el Consejo de la Magistratura en este concurso. También se lo acusó de haber favorecido con su actuación como juez a los investigados por el presunto soborno con el que se habría pretendido favorecer a los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Entre quienes lo impugnaron estuvieron el gremio judicial, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos Capital, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Unión de Usuarios y Consumidores. El kirchnerismo, no obstante, hizo siempre una cerrada defensa del candidato.

Ayer, el senador oficialista Marcelo Guinle sostuvo que la Comisión de Acuerdos del Senado había evaluado las impugnaciones y que ninguna acusación se comprobó. Dijo además que Rodríguez lleva 18 años como juez de instrucción y que recién ahora dicen haberle encontrado “los problemas”.

Su par radical Mario Cimadevilla fue el principal impulsor de que los cuatro candidatos resultantes del concurso 140 fueran rechazados. “Este concurso es totalmente irregular. ¿Y para que? Para sostener esta necesidad del oficialismo de someter la ley al poder, cosa que sólo pueden hacer con jueces que se lo permitan”, afirmó.

Según él, “es sugestiva la relación entre algunos jueces designados y el poder político”. En el caso de Rodríguez, en la audiencia ante la Comisión de Acuerdos se le preguntó por su vínculo con el auditor general Javier Fernández, que es padrino de su hija y en los tribunales es identificado como uno de los hombres más influyentes del kirchnerismo en la Justicia. Rodríguez cubrirá el juzgado federal 9, cuyo último titular fue el destituido Juan José Galeano. Hoy lo ocupa, en forma interina, un juez vecino, Sergio Torres.

Marcelo Martínez de Giorgi seguirá al frente del juzgado 8, y el otro tribunal que él está subrogando, el 2, quedará a cargo de Sebastián Ramos. En cuanto a Casanello, ocupará el juzgado federal N° 7, que hoy cubre interinamente Oyarbide.

Además de estos cuatro candidatos, el Senado dio su acuerdo ayer para designar a otros 18 jueces, siete defensores públicos y 6 fiscales.

El concurso para cubrir las cuatro vacantes de los juzgados federales de Comodoro Py se abrió en 2005 y fue el más escandaloso y accidentado que tramitó el Consejo de la Magistratura en los últimos tiempos.

Fue anulado a instancias del kirchnerismo –contra la opinión de una comisión de expertos–, reabierto y, en su nueva versión, denunciado ante la Justicia ante la sospecha de que se les había filtrado el examen escrito a dos candidatos, Rodríguez y Carlos Ferrari, que es asesor de Javier Fernández en la Auditoría General de la Nación.

Ferrari también contaba con el apoyo del Gobierno, pero a último momento el kirchnerismo sacrificó su postulación –pese a que estaba segundo– para conseguir el voto que le faltaba y poder remitir los candidatos al Poder Ejecutivo. Su inesperado aliado para eso fue el abogado Alejandro Fargosi, de Pro, que con el aval de Mauricio Macri accedió a destrabar el concurso con la condición de que el oficialismo desistiera de Rodríguez o de Ferrari.