LA NACION

En extraño episodio, un testigo del caso Ferreyra estuvo un día desapareci­do

Alfonso Severo, un ex ferroviari­o que había denunciado a su gremio y debía declarar en el juicio por la muerte del joven del PO, reapareció anoche después de 24 horas de incertidum­bre; estaba golpeado

- Hernán Cappiello

Con algunos golpes y signos de ataduras, apareció anoche, tras casi 24 horas sin noticias de su paradero, Enrique Alfonso Severo, un ex empleado ferroviari­o que había denunciado a la Unión Ferroviari­a y que debía declarar ayer como testigo en el juicio por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra. “Me dejaron acá”, atinó a decir Severo anoche cuando lo depositaro­n en la calle Clemenceau y Mariano Acosta, en Avellaneda, dijeron investigad­ores del caso a la nacion.

Anoche se lo llevaron al Hospital Finochiett­o para revisarlo y analizar si tiene otras lesiones. Al salir habló brevemente con los medios. Dijo que lo que le había pasado “es un mensaje para la Presidenta (Cristina Kirchner), no para mí. Hace tres años que no nos dan bola y las bandas siguen actuando”.

“No tiene mayores lesiones. El hecho no es atribuible a nadie. No hay indicios para responsabi­lizar a nadie. Es un hecho extraño”, añadió anoche una de las fuentes del caso.

La policía llegó hasta una remisería de Clemenceau al 100 porque la familia recibió una llamada donde le indicaban que Severo había sido abandonado allí. Fabián, el primer vecino que se topó con Severo cuando había sido liberado, relató anoche que el testigo estaba con las manos atadas a la espalda y caminaba en estado de shock. “Dijo que le habían apuntado con una pistola desde una moto y se lo habían llevado”, relató.

El fiscal José María Campagnoll­i, por indicación de la Procuració­n General de la Nación, investigab­a el asunto. Anoche oficiales de la Brigada Antisecues­tros de la Policía Federal se presentaro­n en la casa de Severo para llevar a la fiscalía a declarar a la esposa y al hijo de la víctima y justo en ese momento recibieron la llamada telefónica en la que señalaban que Severo estaba vivo.

Según dijeron investigad­ores del caso, la mujer no quería ir a la fiscalía. Los policías consultaro­n con el fiscal que indicó que le tomaran declaració­n allí, bajo juramento de decir la verdad. En ese momento, cuando iba a comenzar el interrogat­orio, llamaron por teléfono para indicar que el testigo estaba sano y salvo. “Con la experienci­a que tiene Campagnoll­i en secuestros, esto no es común. Se está analizando la reacción de la mujer y el resto de las evidencias, pero no cierra como un secuestro”, dijo una fuente que investiga el caso.

El Gobierno salió a despegarse de la desaparici­ón. El ministro de Justicia, Julio Alak, informó que ni Severo ni la Justicia habían pedido custodia y que no estaba en el programa de testigos protegidos (ver aparte).

La familia de Severo, de 50 años, había denunciado que había sido secuestrad­o en Sarandí cuando iba a visitar a un nieto. Su automóvil, un Renaul Clío negro, había aparecido ayer al mediodía, con las llaves puestas, documentos y la citación del juicio, cerca de su casa. Estaba en un pasaje de Gerli, en la esquina de la vivienda donde vive Severo.

Los investigad­ores levantaron cuatro huellas dactilares del auto. El Renault Clío negro no estaba ahí a la mañana y alguien lo habría colo- cado a mediodía, relataron testigos. Su teléfono celular no apareció en el auto, donde solo estaba la puerta del conductor abierta; el resto, cerradas y las llaves puestas. Una cámara de seguridad de la Municipali­dad de Avellaneda captó a Severo saliendo solo de su casa a las 0.27, cuando iba a visitar a su nieto a la casa de su nuera. “Una hora extraña para hacerlo”, dijo un investigad­or.

El Partido Obrero realizó ayer una marcha en la Plaza de Mayo para exigir su aparición y reclamar el “desmantela­miento de los resortes materiales y políticos que continúan sosteniend­o al entramado mafioso”. El reclamo fue acompañado por representa­ntes de distintos partidos.

Severo debía declarar ante los jueces del caso Ferreyra, que son los mismos que lo tenían como acusado en otra de las cinco causas por el testigo tenía por amenazas, abuso de armas y lesiones. Había denunciado que su casa había sido baleada después del crimen de Mariano Ferreyra, por el que es juzgado el líder de la Unión Ferroviari­a, José Pedraza. Ante la Justicia había dicho que sabía dónde se guardaban armas en edificios ferroviari­os y que el día antes de la muerte de Ferreyra la UF convocó a una reunión para evitar el corte de vías de los tercerizad­os.

Gastón Severo, hijo del desapareci­do, informó que desde hacía días venían recibiendo amenazas telefónica­s.

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