Isla Demarchi, otro absurdo foco de conflicto
Por soberbia y desconocimiento, el Gobierno ha creado un problema en lugar de trabajar en equipo con el gobierno porteño para revitalizar la zona
Resulta difícil creer que los asesores de la Presidenta no supieran que la llamada isla Demarchi, en el barrio porteño de Puerto Madero, no es una isla desierta. Sin embargo, éste fue el lugar elegido para instalar y hacer crecer el solemnemente bautizado Polo Audiovisual de la Argentina, que ya es un nuevo foco de conflicto entre el gobierno nacional, el de la ciudad y la gente que vive y trabaja en la zona.
Sin embargo, la isla no era ninguna “desconocida”: el 5 de agosto pasado se había realizado una audiencia pública para debatir el proyecto de Mauricio Macri de hacer allí un nuevo relleno costero de unas 2 hectáreas para instalar un espacio verde, fin que fue objetado por las ONG y especialistas asistentes, entre otras razones porque debía ser actualizado el estudio de impacto ambiental que data de 2009.
Curiosamente, casi un mes después, el 29 de agosto, la Presidenta anunció, por cadena oficial, la creación de un polo audiovisual destinado a “incentivar y alentar” producciones cinematográficas nacionales, por montarse precisamente en la isla Demarchi, en un predio de 12.000 metros cuadrados administrado en un 99 por ciento por la Anses y por la Secretaría de Medios el uno por ciento restante, que se desarrollaría a partir de una sociedad mixta con capitales privados. En ese anuncio, la Presidenta había aclarado que “no sabía que existía la isla Demarchi, un espacio público que hoy no tiene ninguna utilidad”.
Primer paso hacia el conflicto: en la ciudad de Buenos Aires ya existe un polo con las mismas características, es decir, que otorga al sector audiovisual la categoría de industria, y a las empresas, beneficios o ventajas impositivas, sólo que este polo está ubicado en otra zona (los barrios de la Paternal, Chacarita, Villa Ortúzar, Colegiales y Palermo, en donde hay ya más de 70 empresas instaladas o en proceso de instalación) y fue creado por una ley metropolitana aprobada y apoyada incluso por representantes del kirchnerismo porteño.
El segundo paso hacia el conflicto lo constituyó el hecho de que, como aseguró el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, Francisco Cabrera, sin una ley de la Legislatura porteña “que les dé uso” a las tierras de la isla Demarchi es imposible que avance el proyecto de la Nación, porque el lugar pertenece a diversos dueños: en parte es privado, hay terrenos de la ciudad y otra parte es de la Dirección General de Puertos.
Finalmente, el conflicto estalló por el lado menos pensado: el de los ciudadanos que viven y trabajan allí. La isla, lejos de estar deshabitada, como creía Cristina Kirchner, es la base operativa de la flota de dragado y balizamiento, como aclaró el secretario del sindicato del área, Juan Carlos Schmid, y, siempre de acuerdo con las fuentes gremiales, trabajan allí más de 1000 personas. El Gobierno respondió con un decreto en el cual se ordena “desafectar” los terrenos; los gremios –el ya mencionado de Dragado y Balizamiento y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)– se declararon en estado de alerta y movilización, y llamaron a una asamblea pública para analizar la situación laboral.
El lunes pasado, el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, anunció el llamado a concurso abierto de iniciativas y proyectos de inversión para el desarrollo del Polo Audiovisual Isla Demarchi, dirigido a empresarios y particulares argentinos con capacidad de inversión para ser socios de la Anses y de la Secretaría de Medios en la iniciativa. En el mencionado decreto, del 21 del mes pasado, se invitaba al gobierno de la CABA a “integrar” también el comité de evaluación de proyectos, pero desde el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño se negó que tal convocatoria hubiera sido hecha.
Una vez más, el gobierno nacional ha logrado sembrar la confusión y el enfrentamiento. Por soberbia, por desconocimiento de la zona y de las leyes, ha creado un problema en lugar de buscar la posibilidad de revitalizar el área y explotar todas sus posibilidades de recuperación (Puerto Madero sería un buen ejemplo para seguir), trabajando en equipo con el gobierno porteño y adaptando el proyecto a las actividades que ya se realizan en la isla.
Está claro, lamentablemente, que estos métodos empleados por el Gobierno son los ya habituales en su estrategia de avanzar agresivamente sobre jurisdicciones del gobierno porteño (subtes, docentes, fondos del Banco Ciudad, operaciones inmobiliarias, etc.). Y, como siempre, son los ciudadanos los que quedan atrapados como rehenes en la red de las luchas por el poder que invariablemente inicia el gobierno nacional.