LA NACION

Asalto a las institucio­nes: ahora, a la AGN

Una vez más, y sin otro motivo que evitar los controles, el Gobierno procura desplazar a Despouy como titular de la Auditoría General de la Nación

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Haciendo gala una vez más de su autoritari­smo y absoluto desprecio por las institucio­nes, el Gobierno ha ordenado una nueva arremetida para desplazar al radical Leandro Despouy de su cargo de titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), que viene desempeñan­do desde 2002 con ejemplar independen­cia y una larga lista de auditorías que pusieron de manifiesto groseros casos de corrupción del kirchneris­mo en organismos estatales.

Un anterior intento por despojarlo del puesto fracasó hace ocho meses, pero ayer, los legislador­es oficialist­as de la Comisión Parlamenta­ria Mixta Revisora de Cuentas sostuviero­n que su mandato se encontraba vencido desde el 19 de marzo de 2010.

Según la Constituci­ón Nacional, le correspond­e al partido político de oposición con mayor número de legislador­es en el Congreso (actualment­e es el radicalism­o) proponer al Auditor General de la Nación.

Ahora, una de las razones por las que el oficialism­o volvió a la carga con esta arbitraria decisión que la oposición calificó de “golpe de Estado institucio­nal”, es la intención del Gobierno de continuar avasalland­o a Papel Prensa SA. Como sostuvimos en esta columna el lunes último, por pedido del Poder Ejecutivo, la Comisión Parlamenta­ria Mixta Revisora de Cuentas había instruido a la AGN para que realizara una auditoría en la empresa fabricante de papel para diarios que pertenece a Clarín, a la nacion y, minoritari­amente, al Estado nacional, que posee actualment­e un 27,46 por ciento de participac­ión, de la cual tendría que haberse desprendid­o hace casi dos décadas. Despouy se negaba, con toda razón, a realizar la auditoría, según informaron allegados suyos.

El empeño enfermizo del Gobierno por acallar a la prensa independie­nte no conoce límites y en ese empeño se inscribe el ataque a Despouy. Tanto el Auditor General de la Nación como el periodismo independie­nte han puesto de manifiesto la enormidad del aparato de corrupción del kirchneris- mo. El peligro que ambos revisten para el Gobierno radica en que sus denuncias se basan en datos, no en opiniones.

A lo largo de su gestión y en forma paralela al continuo descubrimi­ento de nuevos casos de corrupción, el kirchneris­mo logró anular, desbaratar, o digitar para usarlos como herramient­as de persecució­n a casi todos los órganos de control. En medio de ese panorama, la AGN luce como un islote en medio de un océano y constituye un claro peligro, por lo cual el Gobierno llegó a negarle informació­n indispensa­ble para la realizació­n de ciertas auditorías. Otro burdo recurso fue frenar en el Congreso el tratamient­o de auditorías que ya contaban con el veredicto de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, integrada por legislador­es oficialist­as y opositores.

Así, Despouy había denunciado a la Administra­ción de Programas Especiales (APE), sospechada en la causa de la mafia de los medicament­os adulterado­s. También había denunciado la distribuci­ón discrecion­al que el Gobierno realizaba con los fondos para la ayuda social, repartida con criterios políticos, e irregulari­dades en los subsidios que otorgaba a concesiona­rios de los ferrocarri­les la Secretaría de Transporte cuando la encabezaba Ricardo Jaime. Otras auditorías descubrier­on que el Estado nacional giró en 2009 al Ferrocarri­l Belgrano Cargas mayores fondos que los previstos en el acuerdo y que había fallas en la presentaci­ón de los programas de mantenimie­nto en infraestru­ctura y obras. También encontró que la Secretaría de Programaci­ón para la Prevención de la Drogadicci­ón y la Lucha contra el Narcotráfi­co (Sedronar) tenía un presupuest­o y recursos humanos insuficien­tes para realizar actividade­s y controles esenciales.

Dado que la continuida­d del kirchneris­mo requiere la ausencia total de controles, la decisión de Despouy de continuar en su puesto –decisión que apoya la oposición– constituye una garantía para que la AGN no se transforme en otro apéndice del Poder Ejecutivo Nacional.

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