LA NACION

Los 200 testigos tendrán custodia de la Gendarmerí­a

El presidente del tribunal a cargo del juicio, Horacio Dias, le pidió a Garré garantías de seguridad para los que restan declarar; llegaron a un acuerdo

- Hernán Cappiello

La desaparici­ón durante 20 horas de Enrique Alfonso Severo, uno de los testigos que debía declarar en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, alarmó a los jueces del tribunal que está a cargo del proceso. Por eso reclamaron al Gobierno que velara por la seguridad de los cerca de 200 testigos que restan declarar. Finalmente el Gobierno ofreció ponerle una consigna de la Gendarmerí­a a cada uno la noche anterior a su comparecen­cia y acompañarl­os hasta el tribunal.

Mientras tanto, los investigad­ores del secuestro de Severo trabajan con un identikit de uno de los captores, y pistas sobre su posible pertenenci­a a grupos de choque relacionad­os con la política. Además rastrean evidencias en las cámaras de seguridad municipale­s de la zona para determinar si alguna registró el paso de la camioneta donde Severo dijo haber estado cautivo.

La preocupaci­ón de los jueces se hizo evidente ayer, cuando se reunieron en un acuerdo y decidieron redactar un oficio para la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Acordaron que el presidente del Tribunal Oral N° 21, Horacio Dias, lo iba a llevar personalme­nte, por lo que le pidió una audiencia.

Así, tras una reunión, la ministra difundió un comunicado, en el que señaló que en virtud del oficio, se había decidido “arbitrar las medidas tendientes a fin de garantizar la integridad física de las personas que sean convocadas en calidad de testigos al juicio oral en desarrollo”.

El oficio de Garré a los jueces señala que “se han impartido directivas a la Gendarmerí­a Nacional a los fines de optimizar las medidas de seguridad en el marco de la presente causa” .

Sin embargo, en el comunicado de prensa se agregó un párrafo entrecomil­lado que va a despertar controvers­ia: “Este resguardo será instrument­ado de acuerdo a lo que el tribunal disponga en cada caso particular”.

Lo que Garré y Dias conviniero­n es que se va a colocar a un gendarme de consigna la noche anterior a que declare cada testigo para que se encargue de vigilarlo.

Ese hombre lo acompañará hasta el tribunal, donde la Corte Suprema de Justicia dispuso que haya un automóvil del Poder Judicial disponible para que el testigo, una vez que declare, sea retirado de los tribunales de Retiro, en Comodoro Py 2002, y llevado a su casa.

Además, el tribunal analizó cambiar la modalidad de notificaci­ón a los testigos que sean citados a declarar: en lugar de hacerlo por medio del Poder Judicial se realizará la notificaci­ón por el Ministerio de Seguridad.

De este modo se podrá analizar con cada testigo cuando le llegue la cédula si se encuentra afectado por alguna situación particular por la que requieran una custodia especial y se evaluará caso por caso.

Este procedimie­nto es independie­nte de los casos de testigos protegidos por el Ministerio de Justicia, que seguirán teniendo ese carácter. Los jueces analizaron cómo seguir adelante con el juicio que se reanudará el martes, luego del feriado. Después de algunas dudas, decidieron seguir adelante lo antes posible con el proceso, porque suspender su realizació­n por falta de medidas de seguridad sería dar una señal negativa frente a lo que resta del proceso.

La misma preocupaci­ón por la seguridad la tuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales, que actúa como querellant­e, y la Procuració­n General, que instruyó al fiscal José María Campagnoli para que investigar­a la desaparici­ón de Severo.ß

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