Construir para la clase media

La vivienda no será accesible para la clase media mientras no se establezcan con claridad y credibilidad las reglas de juego y las condiciones necesarias desde el Gobierno. La accesibilidad a la vivienda seguirá siendo la gran deuda social mientras se descuide la inflación, la estabilidad de la moneda y la seguridad jurídica. Si no se pueden pactar valores monetarios que permanezcan estables en el tiempo, ni existe seguridad en el cumplimiento de lo que se contrate a corto o largo plazo, el crédito hipotecario barato, que es lo que existe hoy en todos los países serios, no aparecerá, y ésta es la condición imprescindible para que los que nos dedicamos a la actividad veamos la posibilidad de volcarnos al mercado latente, pero de enorme potencial de la clase media. Los lógicos y respetables esfuerzos que se implementan a través de creativos sistemas de pago diferido desde aquí o desde importantes ciudades del interior, sin intervención del sistema financiero ni del mercado de valores, no son más que parches para seguir rodando desbalanceadamente hasta que algún día aclare, y para no dejar caer aún más el declinante nivel de actividad. Desperdiciamos una oportunidad histórica que las condiciones financieras internacionales nos permitirían, pero que desde el Gobierno se vienen ignorando sistemáticamente. ¿Por qué? ¿Por un modelo que nadie sabe en qué consiste? ¿Por su natural imposibilidad de respetar y hacerse respetar en el buen sentido? ¿Por su afición a los parches a que nos tienen acostumbrados? Así están las cosas.

No hay que complicarse demasiado para encontrar los males: son sólo unos pocos conceptos claros y simples. Un país que evoluciona atrae inversiones, tiene seguridad jurídica y estabilidad, generando salarios crecientes en términos reales y bajas tasas de interés. En esas condiciones, el crédito a largo plazo no demora en aparecer y sus cuotas resultan accesibles. Detectado esto, los empresarios comienzan a construir en otras áreas, más económicas, para abastecer a esa nueva demanda. Al no ser necesario competir por la escasa tierra de las mejores zonas, la especulación en tierras desaparece y bajan las incidencias. El Estado debe apoyar sólo con reglas claras, exenciones impositivas (que luego recupera con el mayor nivel de actividad) y, de ser posible, subsidios a la demanda.