Fuerte crítica de la Iglesia a la reforma judicial
La Comisión de Justicia y Paz llamó a evitar “bandos inconciliables” y rechazó las presiones a los jueces
En el primer pronunciamiento de un organismo de la Iglesia sobre la reforma judicial impulsada por el Gobierno, la Comisión de Justicia y Paz advirtió que las presiones sobre los jueces “son inadmisibles”.
Ante el proyecto oficial para democratizar la Justicia, cuyo debate “va camino de formar bandos enfrentados e inconciliables”, la entidad, que depende del Episcopado y está integrada por laicos, aprobó el lunes último una declaración, que fue enviada a funcionarios y representantes del sector judicial (entre ellos, el ministro de Justicia, Julio Alak, y los ministros de la Corte).
Intervinieron en su elaboración los veinte miembros de Justicia y Paz y el obispo Jorge Lozano, asesor del organismo y presidente de la Comisión de Pastoral Social.
“La Argentina no ha elegido para sí misma cualquier forma de democracia: ha elegido la república. En ella son esenciales el equilibrio de los poderes, la eficacia de los controles sobre los gobernantes y la limitación de su acción”, señala el crítico pronunciamiento.
El texto, de tres carillas, añade que “en la república los gobernantes están al servicio de la ley y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan, y la independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla”.
“Después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según mecanismos constitucionales”, dice el organismo.
Añade que “las presiones sobre los jueces y los condicionamientos que puedan imponer los grupos o poderes económicos son inadmisibles y en caso de ser comprobadas deben ser sancionadas aplicando con rigor las leyes que ya existen para eso”.
El documento analiza punto por punto las reformas anunciadas por Cristina Kirchner en su mensaje a la Asamblea Legislativa.
Para el organismo de la Iglesia, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura “es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional y que, en todo caso, convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso en escenario de luchas partidarias”.
Señala que “la politización de los jueces es inadmisible”, y recuerda que “el Consejo de la Magistratura había alcanzado un funcionamiento razonable hasta la última reforma legal que afectó su funcionamiento, precisamente por la mayor injerencia política en su composición”.
Tras saludar con beneplácito la idea de una “mayor transparencia judicial”, la comisión recuerda que “los argentinos hemos visto con escándalo el espectáculo de jueces que exhiben joyas, propiedades o un nivel de vida impropio de sus ingresos conocidos”.
La entidad llama a una “serena discusión teórica” acerca de la conveniencia de crear nuevas instancias judiciales, como las cámaras de Casación anunciadas por la Presidenta. “Una nueva instancia implica una mayor demora en la solución de los juicios, ya demasiado lentos”, precisó.
El organismo respalda la propuesta para que los jueces, funcionarios y empleados judiciales tributen el impuesto a las ganancias. Pero señala que “la modificación debe contemplar las transiciones necesarias para evitar la violación de la regla constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.
También coincide en que los mecanismos de ingreso al Poder Judicial en cargos administrativos o auxiliares necesitan ser revisados. Pero señala que “lo mismo cabe esperar del acceso a la administración pública (donde los mecanismos de selección están completamente desvirtuados por la multiplicación de contratados en función de su ideología o pertenencia partidaria, y no de su idoneidad) y en el Poder Legislativo.
“La prohibición de medidas cautelares o ejecutivas en contra del Estado sería la reedición de medidas ya tomadas en los años 90 para impedir o limitar el ejercicio de los derechos”, concluye la declaración.ß