AMIA: reflotan un plan de ayuda a las víctimas
El kirchnerismo lo votaría la semana próxima, antes de una fecha sensible
Después de aprobar en soledad el acuerdo con Irán por la causa AMIA, el kirchnerismo se propone hacerle un gesto a la comunidad judía: convertirá en ley la semana próxima el proyecto de reparación económica para las víctimas del atentado, cometido el 18 de julio de 1994. La iniciativa está frenada desde 2005.
Así lo anticipó el jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi: prevé el debate para el miércoles próximo, en vísperas del 21er. aniversario del ataque contra la embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992.
La oposición anticipó que acompañará el proyecto, aunque acusó al kirchnerismo de pretender “lavar sus culpas” por haber impuesto, hace diez días, el acuerdo con Irán. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado (se votó en 2011).
De convertirse en ley el proyecto de resarcimiento, los familiares de cada una de las 85 personas muertas en el atentado recibirán una indemnización de unos 2,7 millones de pesos.
Las personas que hubiesen padecido lesiones gravísimas recibirán este monto (estimado) reducido en un 30 por ciento. En el caso de las víctimas con lesiones graves, la reducción será del 40 por ciento.
Representantes de la comunidad judía adelantaron que aceptarán la reparación aunque desconfían del momento en que el oficialismo decidió impulsar la norma (de lo que se informa aparte).
Más directos, distintos dirigentes de la oposición acusaron al Gobierno de “oportunista”. Al igual que la comunidad judía, ellos habían advertido que el acuerdo con Irán implicaría el cierre de la investigación del atentado contra la AMIA, en el que están implicados altos funcionarios iraníes. Ayer insistieron en esa lógica.
“Como es su costumbre, el kirchnerismo se maneja con un criterio oportunista. ¿Justo ahora se acuerda del proyecto de indemnizar a las víctimas del atentado?”, ironizó el jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, quien, de todas formas, anticipó que acompañarán la iniciativa.
“El Gobierno quiere expiar sus culpas después del acuerdo impresentable que firmó con Irán, el cual le deparó tanto costo político”, coincidió Enrique Thomas (Frente Peronista).
Thomas, al igual que el diputado Juan Carlos Zabalza, jefe del bloque socialista, adelantaron que acompañarán el proyecto. “Es un reconocimiento justo a las víctimas del atentado, aunque resulta ilógico semejante apuro después de la decisión equivocada de firmar un acuerdo con Irán”, sostuvo Zabalza.
“El kirchnerismo quiere aprobar el proyecto indemnizatorio porque se siente culposo –atizó el diputado Gustavo Ferrari (Frente Peronista)–. ¿Por qué no lo aprobó antes de que se firme el acuerdo con Irán? Cometido el error, ahora pretende ponerles precio al dolor y al disgusto de los familiares.”
Una larga demora
El proyecto en cuestión viene postergado desde 2005, cuando el gobierno de Néstor Kirchner emitió un decreto en el que se comprometía a una serie de acciones de reparación hacia las víctimas del atentado contra la AMIA.
Lo hizo luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ratificara ese año la responsabilidad del Estado argentino en la voladura, en una resolución efectuada a instancias de la organización judía Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Sin embargo, sólo tres años después Cristina Kirchner envió al Congreso el proyecto para indemnizar a los familiares y las víctimas del atentado.
La iniciativa, empero, caducó por falta de tratamiento en Diputados. El tema recién retomó su cauce en 2011, cuando una iniciativa de los senadores Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) y Miguel Pichetto (Frente para la Victoria-Río Negro) tuvo media sanción en el Senado en un rápido trámite.
Pero la Cámara baja se tomó su tiempo: después de largos conciliábulos, el dictamen sólo vio la luz en agosto del año pasado.
Las principales disidencias –todas de los bloques opositores– tienen que ver con el monto de la indemnización, ya que resulta el doble de lo que percibieron los familiares y las víctimas del terrorismo de Estado.
En efecto, en ambos casos la reparación se calcula sobre la base del sueldo mensual que perciben los agentes nivel A, grado O, de la administración pública; en el caso de las víctimas de la voladura de la AMIA, el proyecto propone multiplicarlo por 200, el doble de lo que percibieron los perjudicados por el terrorismo de Estado.
“Esto es a todas luces arbitrario. No hay ninguna justificación jurídica ni ética que avale la determinación de que la vida de una víctima de un atentado debe valorarse más que la vida de la víctima de la dictadura militar”, argumentaron los diputados radicales María Luisa Storani y Manuel Garrido, entre otros opositores.
“A la violación de los mismos derechos corresponde que este Congreso responda del mismo modo – coincidió la diputada Marcela Rodríguez (Democracia Igualitaria)–. Sólo así respetamos el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.”