Cierran causas contra Oyarbide y otros 30 jueces
El Consejo de la Magistratura desechó 20 casos y archivó otros 11 sin estudiarlos porque vencieron los plazos
En su primer plenario del año, el Consejo de la Magistratura cerró ayer 31 causas contra jueces acusados de mal desempeño, entre ellas la denuncia contra Norberto Oyarbide por su actuación en el caso de las escuchas ilegales donde está procesado el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
Además, sin haberlos siquiera analizado, archivó otros once expedientes contra jueces. El motivo fue que el propio Consejo había dejado transcurrir más de tres años y cuatro meses, y ése es el plazo máximo que tenía para resolverlos, según la ley. Uno de esos jueces es el magistrado de La Plata Carlos Rozanski, hombre cercano al Gobierno acusado de irregularidades que van desde paralizar durante años decenas de causas –sin siquiera darles ingreso al tribunal– hasta “acosar” laboralmente a sus empleados.
Modificar el Consejo de la Magistratura es uno de los ejes del plan “para democratizar la Justicia” que anunció la Presidenta, pero en el plenario de ayer ningún consejero hizo alusión al proyecto. No obstante, fue una reunión muy tensa, llena de críticas cruzadas.
El principal motivo de pelea fue el archivo de las viejas denuncias, que incluían acusaciones graves, desde acoso laboral y supuestos vínculos de un magistrado con la dictadura hasta demoras en los expedientes (como en la presunta administración fraudulenta del grupo Marsans en Aerolíneas Argentinas).
Luis Rodríguez –flamante juez federal de los poderosos tribunales de Comodoro Py–, el juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky, su par de Bahía Blanca Néstor Montezanti, el pampeano Vicente Zabala y el porteño Alberto Baños fueron algunos de los que, tras años de indefinición, ya no serán investigados.
Los legisladores de la UCR se opusieron al archivo alegando que el orden del día no decía siquiera qué casos eran. Desde el kirchnerismo les respondieron que la ley era muy clara: los plazos estaban vencidos y no había otra alternativa que el archivo, al menos hasta que aparezcan nuevas pruebas. Los jueces acompañaron esta postura.
“¿Qué hay de los consejeros morosos? Porque acá las causas se archivan por morosidad de los consejeros que las instruían”, dijo el diputado Oscar Aguad. Un rato más tarde, el oficialista Carlos Moreno le recordó al –también radical– Mario Cimadevilla que una de las causas demoradas era de él. Del resto, varias debía impulsarlas el kirchnerismo, que ayer insistía en la necesidad de cumplir la ley y archivar los casos, pese a que dos de ellos fueron promovidos por los oficialistas Diana Conti y Carlos Kunkel. “Ustedes controlando la constitucionalidad de los procedimientos me dan tanta confianza como Drácula cuidando un banco de sangre”, le dijo Cimadevilla a Moreno. Menos conflictivo fue el paquete de las 19 denuncias que el Consejo rechazó ayer por unanimidad.
El líder del gremio judicial, Julio Piumato, reaccionó con furia al archivo de las causas contra Rozanski y Montezanti, ambos denunciados por el gremio. “Es impresionante la hipocresía del doble discurso del oficialismo. Se unen a Recondo, que tanto criticaban, para garantizar la impunidad de jueces que han servi- do a la dictadura, como Montezanti, y que, como Rosansky, acosan a los trabajadores”, dijo. “Había incluso un dictamen de Cimadevilla contra Rozanski con infinidad de pruebas, pero lo durmieron”, protestó.
En el plenario, el abogado Daniel Ostropolsky había advertido que los casos con dictamen debían tratarse, pero eso tampoco prosperó.
Mucho más rápido se decidió cerrar la causa contra Oyarbide. Radicales y oficialistas votaron juntos. El autor del proyecto fue Cimadevilla, que consideró que la acusación de Pro cuestionaba “decisiones jurisdiccionales” que habían sido confirmadas por la Cámara Federal y la de Casación. “Sin pruebas no se puede condenar a nadie. No podemos hacer lo que criticamos”, alegó.
En contra votaron el juez Ricardo Recondo y los abogados Ostropolsky y Alejandro Fargosi, hombre de Pro, que previendo el mal resultado había intentado que la votación se postergara. “Todo el proceso contra Macri está plagado de irregularidades y absurdos legales”, sostuvo. Y dijo que “el montaje de la causa fue tan confuso” que “hasta confundió a la propia Cámara e hizo equivocar a la mayoría del Consejo y a los representantes del radicalismo”.
Fue crítico, pero no rupturista con los radicales. Fargosi, Aguad, Cimadevilla, Recondo y Ostropolsky impidieron el año pasado que el kirchnerismo avanzara con la designación de quien debe hacerse cargo del juzgado donde está radicado el caso Clarín. Esto enfureció al Gobierno y fue el motivo de que el Consejo celebrara sólo dos reuniones en toda la segunda mitad de 2012, porque el kirchnerismo se negaba a dar quórum.ß