La urgencia vence al relato

Más allá de la puesta en escena montada en la sede de la AFIP, el generoso blanqueo impositivo que se anunció ayer desnuda la imperiosa necesidad del gobierno de Cristina Kirchner de inyectar dólares a una economía anémica por la escasez de capitales, de inversiones y de confianza.

No importa ya que buena parte de los 80.000 millones de dólares que desde 2007 se fugaron del circuito económico hacia cuentas en el exterior, cajas de seguridad o “colchones”, no haya sido declarada ni haya pagado ninguno de los impuestos que la AFIP se dedica a reclamar puntillosamente a los contribuyentes que cumplen.

La “vista gorda” que implica esta medida demuestra que tiene cara de hereje la necesidad de atraer dólares –negros, a falta de blancos– desde el circuito informal. Pero también que la igualdad ante las leyes (en este caso, tributarias) pasa a ser un concepto relativo y hasta selectivo.

Aunque ninguno de los funcionarios lo haya admitido en la conferencia de prensa, la necesidad y urgencia de captar capitales evadidos reconoce implícitamente dos lapidarias consecuencias del cepo cambiario instaurado hace un año y medio.

Yque ahora buscan atenuarse con este blanqueo dirigido y cuyo vencimiento está previsto para dos meses antes de las elecciones de octubre.

Una es la virtual paralización del mercado inmobiliario, especialmente para la compraventa de propiedades usadas que hasta mediados de 2012 se concretaba en dólares. Con el dólar blue por encima de los 10 pesos y una brecha cambiaria de casi 100 por ciento con el tipo de cambio oficial, desaparece toda referencia de precios.

Casi nadie que haya adquirido un inmueble en dólares acepta bajar demasiado el precio o venderlo en pesos a un dólar gris, ni celeste, ni de cualquier otro color que no sea verde. Para los compradores que disponen de pesos, esto significa un encarecimiento del valor al doble. De ahí que la “zanahoria” del nuevo régimen sea captar dólares en negro para blanquearlos sin costo a través de Certificados de Depósitos Inmobiliarios (Cedim) y utilizarlos para pagar en moneda extranjera las propiedades que compren. Según la aceptación que tenga, significará restablecer parcialmente la operatoria interrumpida abruptamente el año pasado.

Aquel “cambio cultural”

De esta manera, el blanqueo va a contramano de todos los discursos oficiales a favor de la pesificación de la economía, que se intentó promover sin éxito desde la aplicación del cepo cambiario. No será fácil ahora para los legisladores oficialistas que abrazaron esa causa sin reconocer que la inflación no es la que marca el Indec (por más que Moreno afirme lo contrario), justificar por qué otorgarán por ley un premio a los evasores impositivos, que en definitiva significará un castigo a los no evaden. Mucho menos para los que pesificaron sus ahorros en dólares al tipo de cambio oficial –siguiendo a la propia Presidenta– para demostrar que ese ilusorio “cambio cultural” no tenía retorno.

La otra opción para blanquear capitales sin costo –e incluso cobrar una tasa del 4 por ciento anual hasta 2016– será invertirlos en el Bono Argentino de Desarrollo Energético (BADE) para financiar inversiones de YPF. A pesar de su pomposa denominación, la creación de este instrumento implica admitir que la petrolera reestatizada también es víctima del “riesgo argentino” y, por lo tanto, no puede conseguir financiamiento externo a tasas de mercado. En consecuencia, el rendimiento de 4% garantizado por YPF beneficiará a quienes traigan dólares no declarados y acepten colocarlos en el BADE.

Si tiene éxito, será una forma de aliviar a la Anses, que en el último año fue el principal adquirente de títulos de la petrolera, imposibilitada de acceder a mercados externos. Y también al Banco Central, con cuyas reservas acaba de constituirse un fondo de 2000 millones de dólares para financiar las inversiones de YPF.

Aunque el viceministro Axel Kicillof aseguró ayer que el nivel de reservas del BCRA es holgado, su stock se ubica por debajo de los 34.400 millones; o sea 8100 millones menos que cuando comenzó a regir el cepo cambiario, a fin de octubre de 2011. Mucho mas holgada fue la emisión de pesos en ese lapso que, junto con el deterioro de las expectativas económicas, justifican la huida hacia el dólar blue.

Costos ocultos

Sin embargo, el blanqueo anunciado ayer tiene varios costos ocultos; por más que sea previsible un tratamiento express en el Congreso, como todas las leyes que desde hace un año y medio comprometen el mediano y largo plazo en la Argentina.

Por un lado, no deja de ser un “parche” más dentro de una política económica que se caracteriza por aportar una sorpresa tras otra. Por otro, no forma parte de ningún plan coordinado que apunte a recuperar la confianza. Esto conspira contra sus resultados.

Su antecedente más inmediato es el blanqueo de mediados de 2009, dispuesto bajo la curiosa denominación de “acuerdo fiscal” y sospechado de favorecer con la extinción de causas judiciales por evasión a empresarios allegados al Gobierno. Más allá de estos puntos dudosos, el objetivo declarado fue repatriar capitales y aumentar la recaudación cuando la recesión global afectó a la economía argentina.

Aun así –y con una tasa de sólo un 1 por ciento para proyectos productivos o inmobiliarios– permitió blanquear unos 4000 millones de dólares. Una cifra exigua en comparación con los 40.000 millones que, por desconfianza, salieron del circuito económico en los dos años posteriores.

Otro golpe para la credibilidad del gobierno de Cristina Kirchner es que este nuevo y virtual “premio” a la evasión tributaria prácticamente coincide con el amplio régimen de facilidades de pago que acaba de poner en marcha la AFIP para saldar en hasta 10 años las deudas impositivas y dejar sin efecto reclamos judiciales o administrativos. Y, por si fuera poco, se anuncia cuando acaba de producirse el vencimiento de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, con lo cual quienes pagaron quedan grotescamente descolocados frente a quienes fugaron capitales o tienen patrimonios sin declarar.

Así, el “traje a rayas” para los evasores que había prometido Néstor Kirchner hace casi 10 años volverá a ser colgado de la percha. Salvo para un puñado de empresarios y contribuyentes excluidos por la AFIP por tener investigaciones en curso, en muchos casos promovidas por el gobierno de Cristina Kirchner o –en el escándalo Báez– por evidencias finalmente admitidas por el propio Ricardo Echegaray.

Mientras tanto, muchos contribuyentes que se esforzaron para pagar impuestos cada vez más altos –por el impacto de la inflación y la desactualización de las bases imponibles– sienten que ese mítico traje amenaza más a los que cumplen que a quienes no lo hacen. Y que este generoso blanqueo dirigido, que en otro contexto político y económico podría ser un instrumento útil como punto de partida para promover inversiones y un mayor crecimiento, está siendo desperdiciado como pulmotor de un modelo con inocultables muestras de debilidad.ß