Piden la renuncia del ministro de Seguridad y del jefe de la policía

Los legisladores de la UCR dicen que está en riesgo la credibilidad de las instituciones

CÓRDOBA.– Después de la vehemente reacción del bloque oficialista de legisladores contra el fiscal Senestrari, salió a tallar el radicalismo, cuya bancada parlamentaria pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de policía provincial, Ramón Frías. Además, le demandó al gobierno de De la Sota que respete la acción de la justicia federal.

En tanto, el diputado nacional por la UCR Oscar Aguad consideró que la detención de los policías tiene “una gravedad institucional inusitada”.

“El Gobierno que detenta el monopolio de la fuerza es el responsable institucional que debe aventar sospechas y arbitrar los medios para que la Justicia pueda actuar independientemente. La lucha contra el crimen organizado debe comenzar de la cabeza del Ejecutivo”, expresó.

A su vez, el titular del comité provincial de la UCR, Alberto Giménez, reclamó que el Gobierno y la policía “no hagan una defensa corporativa de los policías investigados”.

Anunció que la UCR impulsará una sesión especial de la legislatura para analizar “estos hechos gravísimos, que ponen en riesgo la credibilidad democrática de los ciudadanos sobre las instituciones que deben cuidar su seguridad y combatir el delito más atroz que está asolando barrios y ciudades de la provincia de Córdoba”.

También el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri (UCR-Córdoba) llamó a las fuerzas políticas y sociales “a preocuparse de manera conjunta y solicitar al gobernador De la Sota una explicación profunda sobre la detención de los policías acusados de complicidad con el narcotráfico y respaldar la investigación judicial”.

Desde el kirchnerismo, la agrupación Unidos y Organizados reclamó las renuncias de Paredes y Frías y sostuvo que “la Justicia federal debe actuar con absoluta independencia sin las interferencias groseramente expuestas por policías de alto rango y dirigentes oficialistas”. Acusó al gobierno de De la Sota de “entorpecer las investigaciones ante las sospechas de gravísimos delitos cometidos por funcionarios públicos y su connivencia con el narcotráfico”.

A su vez, el senador Luis Juez, del Frente Cívico y Social de Córdoba, dijo que ese territorio se está convirtiendo en una narcoprovincia. “Le hemos exigido al gobernador De la Sota que separe al jefe de la policía, al ministro de seguridad y a la conducción de drogas peligrosas. Sin embargo, hasta ahora los sigue defendiendo”, dijo Juez.

“Hay pruebas contundentes sobre las vinculaciones del narcotráfico con la conducción de la policía de Córdoba y el poder político”, sostuvo.ß