Elija su impuesto

Sólo este año entraron al Congreso cerca de veinte proyectos para modificar aspectos del impuesto a las ganancias. El tema está de moda, sobre todo en su versión estándar “enroque de impuestos”, que consiste en subir el mínimo no imponible compensando la merma de recaudación con la eliminación de exclusiones, principalmente la de la denostada renta financiera (en versión aumentada, algunos proyectos incluyen una actualización de la escala de ganancias y monotributo, financiada con buenas intenciones). Así planteado, sin embargo, el enroque tiene más de expresión de deseos que de iniciativa viable y con un efecto final sobre la equidad distributiva al menos debatible.

Dejemos por un momento la discusión bizantina sobre si el salario es o no ganancia. Probablemente coincidamos en que un salario de subsistencia no lo es y que un salario de 150.000 pesos por mes sí lo es, por lo que entre estos dos extremos habrá algún nivel de salario mínimo por encima del cual debería pagarse el impuesto. Probablemente también coincidamos en que, una vez establecido este salario mínimo no imponible (MNI), idealmente acompañado por una escala ascendente de tasas de ganancias que garantice que el más rico pague una parte mayor de sus ingresos, es necesario actualizarlo para compensar por la inflación, actualización que está de hecho estipulada en la reglamentación vigente (el decreto 649/97 incluye la indexación al índice de precios mayoristas), pero inhibida por el artículo 10 de la ley de convertibilidad (un sobreviviente duro de matar).

Hace unas semanas, ante las urgencias electorales, el Gobierno finalmente respondió con un aumento importante del MNI (en rigor, un subsidio, debidamente notificado en el recibo de sueldo, en línea con la obsesión clientelista que distingue otros rubros del gasto público) y de la escala del monotributo. Con esto, redujo aún más la ya escasa progresividad del impuesto (ya nadie paga las alícuotas más bajas) y congeló el debate hasta marzo de 2014, cuando la inflación vuelva a comerse gran parte del aumento y el tema resurja en las paritarias.

Ahora que pasó el furor, no está de más volver sobre algunos aspectos de la política tributaria (en el sentido literal del entrecruzamiento de la política con los impuestos) que quedaron en un segundo plano durante el festival de proyectos de reforma.

Para empezar, está el hecho de que los números del “enroque de impuestos” no cierran. El costo del “subsidio” a los trabajadores que ganan hasta 15.000 pesos sería de 4500 millones, mientras que el ingreso por el impuesto a la renta financiera, reducido a 15% sobre la compraventa de acciones no cotizantes y a 10% sobre la distribución de dividendos, espera recaudar 2100 millones de pesos. ¿Cómo se paga la diferencia? Según el Gobierno, con “esfuerzo fiscal” (ajuste del gasto, suba de impuestos), o con elasticidad monetaria (inflación).

Algunos proyectos de la oposición fueron previsiblemente más agresivos en su avance sobre la renta financiera como fuente de ingresos. Propusieron, por ejemplo, cobrar Ganancias sobre la renta de títulos públicos –lo que en rigor sería dispararse en el pie, ya que el inversor arbitraría exigiendo un interés más alto en los bonos para compensar el impuesto, con lo que el Gobierno pagaría por un lado lo que recauda por el otro. Propusieron también gravar el interés de los depósitos a plazo fijo –haciendo aún más negativa la tasa de interés que perciben los ahorristas en pesos–, e incentivando la dolarización o la suba de tasas (de hecho, hablar de inversiones especulativas para referirse a un depósito que pierde cada año 10% de su valor real es casi tan cuestionable como cobrar Ganancias sin ajustar por inflación).

Lamentablemente, Ganancias aún sigue siendo un impuesto más progresivo que sus sustitutos. Es cierto que, como se ajustó el MNI pero no la escala, hoy las alícuotas en vigencia varían entre 27% y 35%, lo que hace que, una vez tomadas en cuenta diversas exenciones, todos los asalariados alcanzados por el impuesto terminen pagando porcentajes similares de sus ingresos. Pero esto no lo hace inferior a las alternativas, en las que este porcentaje cae con el ingreso: el impuesto al trabajo (aportes patronales) golpea principalmente sobre la demanda de empleo no calificado, y el IVA y la inflación inciden más en hogares de ingresos medios y bajos donde se consume una proporción mayor del salario y done el acceso a instrumentos financieros que protejan contra la inflación suele ser menor.

“Es recaudación que se está cobrando de más, resignarla no tiene costo”, me decía el otro día un colega al intentar justificar su propuesta de subir el MNI sin financiar el hueco fiscal. Pocos conceptos económicos son más impopulares que el de la restricción presupuestaria, el “nada es gratis” que liga los gastos con los ingresos cuando no sobra plata. Pero la economía es la asignación de recursos escasos: todo peso que se deja de cobrar en Ganancias es un peso menos para gastar en… lo primero en lo que uno gastaría si tuviera un peso más.

Por eso, la pregunta no es tanto si la actualización de Ganancias es razonable (lo es) sino cómo se la incorpora en el presupuesto para que, en términos distributivos, el remedio no sea peor que la enfermedad.