Relevante iniciativa frente a la corrupción
Un proyecto de ley de varios diputados nacionales propicia la imprescriptibilidad de la acción penal por delitos contra el Estado
Los diputados nacionales Elisa Carrió, Fernando Sánchez, Pablo Jabkin yAlcira Argumedo han presentado un proyecto de ley por el que se declara imprescriptibles de la acción penal a los delitos de corrupción contra el Estado. Si la iniciativa prospera, constituiría un verdadero acontecimiento en la legislación nacional, demostrando que hay un último sentido de la subsistencia en las sociedades amenazadas de disgregación después de largos períodos de retroceso en relación con los países que las rodean.
La proyectada norma se explica en la escalada de hechos perpetrados por funcionarios públicos contra los intereses generales de la sociedad articulados a través de la organización jurídica concebida para representarla. A tanto ha llegado la crisis del Estado argentino y la actuación de verdaderas bandas configuradas para asaltarlo desde adentro, que un proyecto como aquél, tan delicado por su naturaleza que en otro tiempo hubiera provocado extrañeza por su eventual colisión o no con algunos valores de rango constitucional, ha sido recibido, sin embargo, con lógica naturalidad por la opinión pública.
Ha llevado a la presente situación un caudal tan insólito como gravísimo de cuestiones que instauraron a la corrupción pública como uno de los temas de mayor preocupación ciudadana, junto con la inseguridad y la inflación, que azota a todas las clases sociales, y en particular a las más desposeídas. Todo eso es mucho más que la mera –e inaceptable, desde luego– coima que modestos servidores requieren de habitantes sometidos a la fiscalización de sus conductas en cualquiera de las áreas regidas por normas de cumplimiento obligatorio, fiscal, aduanero, policial, o lo que fuere.
Hablamos de la constelación de casos que han conmovido a la opinión pública desde hace años, asociados con operaciones de lavado de dinero; compras de empresas por parte de oscuras compañías o fondos, para luego ser estatizadas, como Ciccone, o “salvatajes” oficiales, del tipo que se ha otorgado poco tiempo atrás a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que arrastra un pasivo mayor a los 200 millones de pesos, producto del caos de una entidad que, con fondos y subsidios públicos, se hundió en el escándalo del programa Sueños compartidos. Ese mismo es- tado de cosas involucra al hecho excepcional de que, por vez primera en la historia, se haya citado a indagatoria en la justicia federal penal al vicepresidente de la Nación, y al desplazamiento y enjuiciamiento del fiscal José María Campagnoli por investigar los manejos turbios del empresario santacruceño Lázaro Báez, que estuvo tan próximo al ex presidente Néstor Kirchner.
En los fundamentos de la iniciativa que comentamos, los legisladores abrevan en la propia Constitución Nacional, que sostiene, en su artículo 36: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”. Toman los legisladores, en cuenta, asimismo, los contenidos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, documentos de la propia Organización de Estados Americanos y resoluciones de la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en Canadá en el año 2001. En todos ellos se hace hincapié en que la corrupción afecta de muerte al desarrollo de un país, a sus instituciones políticas y a la sociedad en su conjunto.
La Argentina viene padeciendo desde hace largo tiempo este flagelo, en el que se entrecruzan funcionarios públicos con entidades o grupos privados, con consecuencias mortales, como lo fue la tragedia de Once, con 52 muertos, por citar tan sólo un caso. Hechos flagrantes de corrupción han prescripto por el paso del tiempo, dejando impunes a sus autores, y eso está en el centro de la nueva propuesta.
El proyecto de ley presentado por los diputados mencionados es un notable avance por recuperar la República perdida en diez años dilapidados en otros aspectos, y particularmente a raíz de una corrupción pública que ahora impresiona, más que por un carácter individual, por sus alcances sistémicos. Habrá de aquí en adelante una divisoria de aguas entre los legisladores y dirigentes políticos que apoyen la iniciativa con su voluntad y voto, por un lado, y por el otro, quienes crean posible que la Argentina puede proyectarse hacia el futuro sin esfuerzos por recuperar la relevancia internacional perdida y sin restañar las bases y contenidos de instituciones que ya no soportan más el peso de la degradación a la que han sido sometidas.