Tener cifras confiables es imprescindible
Aun cuando en la última década hubo progresos en diversas dimensiones sociales, los desafíos en materia de pobreza obligan a ampliar las políticas a fin de consolidar los avances logrados. En un contexto económico, es indispensable garantizar que los recursos disponibles sirvan para promover el desarrollo social y hacer justicia con quienes más los necesitan. En este contexto, la medición de la pobreza constituye una medida crucial para evaluar el desempeño del Estado, y es un derecho básico de información a partir del cual los pobres pueden hacer valer su reclamo de justicia.
A diferencia de lo que debería esperarse, no es hoy la pobreza, sus causas y efectos, el motivo de controversia, sino su expresión numérica. En ámbitos académicos se habla de tasas de pobreza de entre el 15% y el 37% (a diciembre de 2013). Sin duda, un abanico muy amplio, pero en cualquier caso muy lejos del 4,7% que dio el último informe oficial del Indec. Entre las fuentes académicas que dan información están los estudios que desde 2003 realiza el Observatorio de la Deuda Social (UCA), a través de su encuesta (EDSA) y desde una perspectiva multidimensional del desarrollo humano. En este marco, algunos comunicadores sociales se han servido de quimeras para descalificar la metodología del estudio.
Entre otros enredos, se afirma que la encuesta del Observatorio de la UCA está orientada a poblaciones pobres y que por eso las tasas de pobreza son más altas. Para avalar esta supuesta inconsistencia se “mal informa” que el coeficiente de desigualdad de Gini que registra el Observatorio es de 0,27, tildándolo de “escandinavo”. ¡Ojalá fuera así! Lamentablemente, cabe “bien informar” que el coeficiente de Gini medido por la EDSA fue en el último trimestre de 2013 de 0,4077. Con igual procedimiento, la EPH arroja para igual período un índice de 0,4073. Es decir, sin diferencias significativas.
Esto no implica negar las diferencias que existen entre la EPH-Indec y la EDSA-ODSA-UCA. Ambas encuestas representan a hogares urbanos y se intersectan, pero no representan a las mismas poblaciones. La EDSA, aunque con menor cobertura nacional, cuenta con mayor representación territorial al considerar aglomerados de menor tamaño que la EPH. Esto incide poco a la hora de medir la desigualdad distributiva, aunque sí puede influir cuando se trata de medir la pobreza, sea por ingresos o cualquier otro método (en las ciudades más chicas y/o áreas suburbanas, el riesgo de pobreza aumenta). Pero tampoco generaría diferencias relevantes –ni debate alguno– si hubiera datos oficiales confiables.
El Estado argentino tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, y de esta forma asegurar un desarrollo social sustentable. La desinformación estadística no ayuda a crear conciencia de la enorme deuda que el Gobierno y la sociedad –en especial los más ricos y beneficiados por el crecimiento– tienen con referencia al desafío de hacer un buen gobierno de los recursos públicos y construir una sociedad más justa. La medición objetiva es condición indispensable para la concreción de aquellos derechos.ß