AMIA: 20 años después, sólo dolor y vergüenza

Al cumplirse, hoy, dos décadas del brutal atentado, la Justicia y el Estado argentino aún están en deuda con las víctimas, sus familiares y la sociedad

Con la contundencia que otorgan las cifras redondas, puede afirmarse que hoy, al cumplirse 20 años del salvaje atentado contra la mutual judía AMIA, el caso se encuentra, en lo que hace a la impunidad y a la falta de verdad y de justicia, prácticamente como aquella mañana del 18 de julio de 1994, cuando a las 9.53 se desató el horror en una céntrica zona porteña.

Dos décadas no alcanzaron para poder castigar a los culpables del peor acto terrorista sufrido por la Argentina, que provocó la muerte de 85 personas y heridas a centenares.

Como cada aniversario, el de hoy es motivo de dolor y vergüenza, agravados por el paso del tiempo que ha ido consolidando una impunidad hasta ahora infranqueable. Dolor y vergüenza por quienes perdieron la vida, por quienes resultaron heridos y por los familiares de unos y otros. Dolor y vergüenza porque el Estado argentino es doblemente responsable: primero, porque dos años después del atentado a la embajada de Israel, ocurrido en 1992, no fue capaz de prever ni de prevenir este segundo acto terrorista y, no habiéndolo impedido, tampoco fue capaz de esclarecer plenamente el hecho, lograr la captura de los responsables, juzgarlos y condenarlos. Una idéntica incapacidad también mantiene impune –y en el olvido– el atentado a la embajada.

En vez de justicia para la AMIA, las dos décadas transcurridas han traído papelones, como la libertad que Gran Bretaña tuvo que otorgar a uno de los iraníes acusados por el Poder Judicial argentino por considerar los tribunales ingleses que las pruebas en su contra eran insuficientes. O la serie de irregularidades en la investigación judicial que salieron a la luz durante el juicio oral o, para acercarnos más al presente, el injustificable y vergonzoso Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno argentino con el de Irán con el declarado pero imposible propósito de avanzar en la investigación. Ni siquiera Irán le otorgó al acuerdo la menor trascendencia, y luego, la justicia argentina lo declaró inconstitucional.

Antes, el Tribunal Oral Federal N° 3, luego de un extenso juicio, declaró nula una parte de la causa y absolvió a todos los imputados, como el doblador de autos Carlos Telleldín y un grupo de policías bonaerenses. Ese fallo sostuvo que el Estado ha- bía buscado falsos culpables para poder cerrar el caso.

Sin embargo, Telleldín será nuevamente sometido a juicio, acusado de proveer la camioneta Trafic que, según la Justicia, se habría empleado como coche bomba. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia en 2009, luego de revisar lo actuado por el citado tribunal oral para convalidar los primeros tramos de la investigación de la causa y revocar la absolución que había beneficiado a Telleldín.

Lo cierto es que aún falta investigar en profundidad y sin preconceptos la llamada conexión local, y así lo reconoció el propio juez de instrucción, Rodolfo Canicoba Corral, quien afirmó recientemente que aún no está probado que dirigentes iraníes hayan actuado en el ataque terrorista y cuestionó, sin mucho fundamento, la actuación de la fiscalía en la investigación de “la pista local y la pista siria”. Rechazó, además, realizar un juicio en ausencia. Sin embargo, si tanta es su disconformidad, lo que debería hacer el magistrado, en vez de lanzar críticas por medio del periodismo, es reasumir la investigación que él delegó en la fiscalía.

Es cierto que contra los ex funcionarios iraníes que fueron imputados no existen pruebas contundentes, sino, básicamente, indicios, y que muchos de ellos sólo se encuentran en informes de inteligencia extranjeros que, obviamente, no citan sus fuentes, por lo cual carecerían de valor en caso de llevarse a cabo un juicio en contra de los iraníes acusados. Pero esto no significa que no deba continuar investigándose tanto esta pista como las otras.

Como puede apreciarse, a la bárbara matanza le han seguido dos décadas de impunidad que nos alejan de la verdad y la justicia. En este caso, como en el de la embajada de Israel, parece existir un temor a la verdad. Se han sucedido los gobiernos y los funcionarios judiciales, pero la deuda sigue en pie.

Ni las víctimas ni su memoria merecen estos veinte años de dolor y paulatino olvido. El Estado, también víctima a la par que responsable, debe saldar sus deudas. La falta de justicia en los dos atentados, al que puede sumarse el de la fábrica militar de Río Tercero, en 1995, constituye, además de una manifestación de impotencia, una invitación a futuros actos de terrorismo.