Un largo trecho entre la ley y el castigo

Detrás de la promulgación de una ley más dura que busca sancionar a infractores o contraventores, está la letra chica, esa que marcará, en definitiva, la razón de su existencia: quiénes y cómo la harán cumplir ante el amplio escenario de los que suelen transgredir las reglas.

Nadie discute que es atinado aplicar una multa de $ 2100 a un automovilista que no lleve la licencia de conducir, pero si esta falta no se sanciona, la “buena” ley nunca cumplirá su objetivo. Hoy, sólo vigilan el tránsito porteño 980 agentes, divididos en seis turnos. Apenas unos 170 uniformados están para verificar más de 1,7 millones de autos, 50.000 camiones, 9000 colectivos y miles de motos. ¿No es poco? Pareciera que sí.

Otra de las leyes sancionadas es el endurecimiento de las multas por la violación de una clausura, algo que en la ciudad funciona como aceitado engranaje. Ocurre que a los dueños de pubs y boliches les resulta más económico pagar una multa de $ 6000 por cortar una faja que tener cerrado el local un viernes por la noche. Ahora, con la ley aprobada ayer, la multa subirá a $ 60.000. Pero volvemos a la misma encerrona: ¿quién lo controlará? La Agencia Gubernamental de Control, que tiene... 300 inspectores en la ciudad para verificar todos los edificios y locales comerciales del distrito porteño. Esta carencia de agentes hace que muchos infractores sobrevivan en la clandestinidad.

Hay más: los grafitis en subtes y trenes, ejemplo de que pocos pagan por sus imprudencias. En el último año, sólo tres personas realizaron trabajos comunitarios por pintar formaciones. Tres. Y hasta 2012, el 90 por ciento de los subtes estaban completamente grafitados. ¿Los multarán ahora?

Está claro que entre las leyes promulgadas y su cumplimiento efectivo hay un largo trecho. Y el Estado se anota como actor excluyente. Para bendecir o lapidar las normas que los legisladores promueven y anuncian con gran entusiasmo.ß