Prevalecieron el temor a investigar y la impunidad

Al desechar para siempre la denuncia de Nisman contra el Gobierno, la Justicia no sólo no disipó las dudas, sino que alimentó aún más las sospechas

Sorprende e indigna que la imputación formulada por tres fiscales no baste para iniciar una investigación judicial que alcanza a la presidenta de la Nación, al canciller Héctor Timerman y a otras personas, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de haber protagonizado el mayor atentado terrorista sufrido por la Argentina. No sorprende, en cambio, que quien le haya puesto punto final a toda posibilidad de que aquella denuncia del fiscal Alberto Nisman diera origen a una investigación judicial fuera un integrante de la agrupación oficialista Justicia Legítima, el fiscal de la Cámara de Casación, Javier De Luca. La grave denuncia formulada por Nisman escasos días antes de su muerte, aún no esclarecida, ha quedado así cerrada.

Debe lamentarse una vez más que no se haya abierto la investigación. También debería lamentarlo el Gobierno, en vez de sentir el alivio que las crónicas refieren al relatar cómo se recibió la noticia en la Casa Rosada y que no hacen más que agigantar las sospechas que en su momento generó el propio fiscal de la causa AMIA.

Es posible que la Presidenta, Timerman y los demás acusados piensen que, al morir la posibilidad de una investigación, muere la acusación y mueren las sospechas. Es lo que suele ocurrir en países donde la Justicia es confiable. Por desgracia, en la Argentina de las últimas décadas, y muy especialmente durante la década kirchnerista, la actitud de buena parte de una Justicia por lo general proclive a demorar graves denuncias contra altos funcionarios o allegados a los gobernantes convierte en eternas las presunciones, aunque las causas se archiven o los imputados sean sobreseídos. A veces, el archivo o el veloz sobreseimiento sólo sirven para avivar las sospechas.

Eso es lo que ocurre en el caso del indefendible acuerdo que el Gobierno firmó con Teherán y que para Nisman fue el instrumento tendiente a un eventual encubrimiento de los acusados del atentado. Es probable que su denuncia no ofreciera pruebas suficientes para sustentar las gravísimas imputaciones. Sin embargo, de no haber sido desestimada la denuncia, a ésta pudo haberle seguido una profunda investigación que aportara los elementos probatorios necesarios que permitieran expedirse sin dudas sobre la consistencia o no de la acusación.

Aun en el caso de que la denuncia de Nisman no permitiera configurar un delito cierto, como sostuvo el fiscal De Luca, los involucrados, con la Presidenta a la cabeza, deberían haber propiciado la investigación que probara su inocencia, y no el desistimiento que mantendrá vivas para siempre las sospechas en un caso en el que se investiga el atentado que mató a 85 personas.

En el comienzo, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia de Nisman, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, basándose en la inexistencia del delito, pues el acuerdo con Teherán nunca entró en práctica y el presunto complot del Gobierno con Irán jamás llegó a consumarse. Pollicita apeló y el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, coincidió con él.

En la Cámara Federal, sólo dos de los tres miembros de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, desestimaron la denuncia, igual que Rafecas y con similares argumentos, en tanto que Eduardo Farah, con un voto impecable, se pronunció por abrir la investigación.

De Luca coronó la serie de rechazos, confirmando el pronóstico de Moldes, quien al apelar ante la Cámara de Casación había alertado que aquel fiscal obraría como lo hizo debido a su cercanía con el oficialismo. En la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, que preside Horacio Galarza de la Cuesta, se consideró que, como había afirmado Moldes, existió una “ingeniería judicial” a través de la cual la Cámara Federal concedió el recurso, pero lo demoró para permitir la intervención del fiscal De Luca, para que éste lo rechace.

En síntesis, ante una denuncia de suma gravedad institucional, su recorrido por los distintos niveles de la justicia federal dejó la sensación de que existió temor a buscar la verdad. Tampoco puede argüirse en este caso en particular, como se hizo en alguna instancia, que no pueden abrirse investigaciones sin sustento. En la justicia argentina se llegó a abrir un proceso que duró años a raíz del robo de un trozo de queso cometido por un mendigo en un supermercado.

Mientras la denuncia corría rumbo a su muerte judicial, se intentó restarle valor empañando la imagen de Nisman al revelar que poseía una cuenta en un banco neoyorquino que no había declarado y divulgando fotografías que hacen a su intimidad. El argumento tácito era que un fiscal de esas características sólo podía haber efectuado una denuncia falsa. En ese caso, con más razón urgía una investigación honesta para demostrar si eso era cierto o no. Queda, en cambio, la firme impresión de que se tuvo un enorme temor a esa investigación y de que, una vez más, ha triunfado la impunidad.