LA NACION

Oyarbide y Rafecas no van a juicio político

El Consejo de la Magistratu­ra archivó las denuncias.

- Hernán Cappiello LA NACION

El juez federal Daniel Rafecas se retiró feliz ayer a la tarde de los tribunales. Se lo notaba alegre mientras saludaba de lejos con la mano. Es que minutos antes el Consejo de la Magistratu­ra había archivado una causa en su contra por mandar mensajes con su celular a un abogado allegado a Amado Boudou cuando lo investigab­a por el caso Ciccone.

Otro que ayer festejó, pero cuando ya estaba en la sobremesa en un restaurant­e donde suele almorzar en Puerto Madero, es el juez federal Norberto Oyarbide. La oposición no consiguió reunir los dos tercios de los votos para hacerle juicio político por su lujoso anillo que exhibió en Tribunales. Y con el decisivo voto de la jueza Gabriela Vázquez, evitó que se lo multara con el 30 por ciento de su sueldo. Ambos magistrado­s ahora pueden estar tranquilos.

El 26 de febrero último, Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner, a la que acusaba de encubrimie­nto. El fallo de Rafecas sorprendió y abrió la puerta para que la denuncia de Nisman quedara prácticame­nte muerta. De hecho, el expediente está en la Cámara de Casación, donde se analiza si existe una remota posibilida­d de darle un hálito de vida.

El caso contra Rafecas se archivó con el voto de los 12 consejeros presentes porque estaba abierto hacía más de tres años sin que tuviera una definición.

En sus comienzos, el asunto fue escandalos­o y sorprenden­te. En 2012, apenas se inició la investigac­ión sobre Boudou ante la sospecha de que intentó quedarse con la imprenta Ciccone, que hace papel moneda, Rafecas allanó su departamen­to. El juez nombrado por el kirchneris­mo y especializ­ado en casos de derechos humanos estaba actuando a fondo. Pero paralelame­nte se descubrió que enviaba mensajes de WhatsApp al abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, que defendía a José María Núñez Carmona, socio de Boudou. Allí le daba consejos para ayudar al vicepresid­ente y a sus socios en los inicios de la causa. Fue el propio Boudou quien reveló el escándalo en una explosiva conferenci­a de prensa que hizo en el Senado en la Semana Santa de 2012. Acusó a Rafecas de integrar una “mafia judicial”.

Así el juez pasó de ser considerad­o amigo por el Gobierno a engrosar las filas del enemigo. Hernán Ordiales, que era el representa­nte del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratu­ra en ese momento lo denunció. Pero el kirchneris­mo nunca reunió los votos para hacerle juicio político. Se analizó sancionarl­o y en un momento el radicalism­o pensó en el Consejo sumar sus votos para ese fin, porque no le perdonaban que hubiera procesado a Fernando de la Rúa por la causa de las coimas en el Senado, donde el ex presidente resultó absuelto y Rafecas, denunciado. Rafecas buscó apoyo de sus pares, que intercedie­ron ante consejeros y dirigentes políticos para evitarle una sanción. Nada ocurrió en estos tres años y cuatro meses hasta ayer, que Rafecas volvió a respirar aliviado.

El Consejo también archivó otra denuncia contra Rafecas porque cerró una causa contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisua­les (Incaa) y una firma donde uno de sus dueños es socio del hermano del juez que es cineasta y recibió fondos del organismo. Nueve consejeros votaron por desestimar la denuncia y sólo los radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdez y el abogado Miguel Piedecasas pidieron investigar.

Oyarbide, en cambio, casi no zafa de esta acusación por el famoso anillo. la nacion reveló que Oyarbide lucía un anillo en Tribunales que decía a sus empleados y allegados que era de brillantes y que costaba 250.000 dólares. Se abrió una causa por enriquecim­iento y se realizó una denuncia en el Consejo de la Magistratu­ra. En la causa penal un peritaje sobre una alhaja entregada por Oyarbide determinó que se trataba de una fantasía valuada en unos 7000 pesos. El juez dijo que se la dieron en consignaci­ón en una joyería de Punta del Este.

El juez Sergio Torres tiene un peritaje que dice que hay rastros en el anillo que supuestame­nte revelan que la piedra fue removida y cambiada por otra. Ya se cerró una causa por cómo ingresó el anillo al país sin declarar, sigue abierto el caso por enriquecim­iento contra el juez, pero ayer la Magistratu­ra archivó su pedido de juicio político. Los jueces, los radicales y los abogados votaron por enjuiciarl­o. Habían reunido seis votos. No llegaban a los dos tercios. El kirchneris­mo juntó cinco votos para rechazar el juicio. Y la presidenta Gabriela Vázquez se abstuvo.

Entonces el consejero juez Luis Cabral propuso sancionarl­o con una multa del 30% del sueldo, para lo que se necesitaba una mayoría simple. De nuevo quedaron seis a cinco, pero la jueza Vázquez votó con el kirchneris­mo y ante el empate hizo valer su doble voto para evitar la sanción a Oyarbide, una vez más.

Rafecas desestimó en febrero pasado la denuncia de Nisman contra la Presidenta

Oyarbide casi no zafa de la acusación por el anillo de brillantes que costaba 250.000 dólares

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