Se quemó un taller clandestino
Funcionaba en la casa donde murieron dos chicos.
Conmoción, dudas y acusaciones cruzadas desató ayer un nuevo incendio ocurrido en el taller clandestino del barrio de Flores donde el lunes de la semana pasada murieron dos hermanos víctimas del fuego, Rodrigo y Rolando Menchaca.
Desde la fundación La Alameda, que combate el trabajo esclavo, denunciaron que las llamas tuvieron un origen intencional, en manos de “la mafia de los talleristas” para ocultar pruebas de que funcionaba un emprendimiento textil ilegal en el inmueble siniestrado la semana pasada, situado en Páez 1796, esquina Terrada.
Según indicaron anoche fuentes policiales, el nuevo incendio habría comenzado al mediodía en la propiedad lindera, de Terrada 887, desde donde se había expandido hacia la vieja casona de Páez 1796.
Más temprano, nadie podía explicar cómo se habían originado las llamas en un inmueble que permanece con custodia de la comisaría
50a. de la Policía Federal desde el lunes pasado y con los servicios públicos, incluida la electricidad, cortados. Todo apuntaba a un hecho intencional.
“Aparentemente, la consigna policial estaba apostada sobre Páez, pero sobre Terrada había ventanas abiertas por las que se sintió una explosión antes del inicio del fuego”, relató a Justina López, que
la nacion vive sobre Páez, luego de una reunión con otros vecinos del barrio.
Tanto los habitantes de Flores como dirigentes de La Alameda vienen denunciando hace meses la existencia de talleres clandestinos y trata de personas en el vecindario, sin eco entre las autoridades del gobierno de la ciudad, policiales ni de la Justicia. La zona queda a cinco cuadras de la intersección de las avenidas Nazca y Avellaneda, donde proliferan los manteros y puestos de venta ilegal de ropa que supuestamente abastecen esos talleres ilegales.
En septiembre de 2014, recordó Lucas Schaerer, de la fundación y asesor del legislador porteño Gustavo Vera, se realizó una presentación
ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que depende de la Procuración General de la Nación, con el listado de 30 talleres clandestinos. Entre ellos, figuraba el de Páez 1796, donde murieron dos hermanitos de 7 y 10 años que fueron sorprendidos por el fuego mientras dormían en el sótano del inmueble, la semana pasada.
La causa recayó en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, pero no avanzó, sostuvo Schaerer.
La justicia de instrucción, que investigaba el primer incendio, también se inclinaba por la existencia de otro delito “entrelazado” con la muerte de los dos niños, de nacionalidad boliviana. Anteayer, 24 horas antes del nuevo incendio, el fiscal de instrucción Eduardo Cubría le planteó al juez del caso, Manuel Gorostiaga, que el expediente debería pasar al fuero federal, donde Canicoba Corral analiza la denuncia por trata de personas.
El fuego originado ayer, en tanto, es investigado por el fiscal de instrucción Patricio Lugones, porque no fue la reactivación del mismo
foco, sino el inicio de uno diferente. Anoche, esperaba el informe preliminar de la Superintendencia de Bomberos para determinar si se trató de un incendio intencional.
Fuentes policiales explicaron que, en principio, el incendio comenzó en la propiedad de Terrada 887 y después se propaló, por medio de una puerta comunicante, hacia el taller con consigna policial, que sería una subdivisión del mismo inmueble.
“La persona que vive en la propiedad de Terrada 887 se fue al mediodía, poco antes de que comenzara el fuego. Así lo manifestó un testigo. Todavía no volvió”, dijeron las fuentes policiales alrededor de las 19.
“Ésta fue la mafia de los talleristas para ocultar pruebas. Ya sacaron máquinas de coser e insumos de otros talleres. Encima el fiscal Cubría puso a custodiar a la misma comisaría que nunca hizo nada contra la actividad. Hay un Estado cómplice”, protestó Schaerer.
El militante de La Alameda también atacó a la Subsecretaría de Trabajo porteña, a cargo de Ezequiel Sabor, que debe controlar las condiciones laborales. “No actúa”, dijo. Voceros de la Subsecretaría respondieron ayer que, desde el incendio del lunes pasado, realizaron 110 inspecciones en la zona.
“Se encontraron trabajadores no registrados y locales no habilitados. Se realizaron clausuras, suspensiones de tareas y solicitudes de allanamiento a la Justicia, ya que no se puede entrar por la fuerza a casas particulares”, informaron. No obstante, no pudieron precisar cuáles fueron los domicilios relevados, ni la cantidad de clausuras ni ningún otro detalle.
Desde la Auditoría General de la Ciudad, el auditor kirchnerista Eduardo Epszteyn también apuntó contra la Subsecretaría de Trabajo. “Según estableció un informe de nuestro organismo, entre que se hace una inspección y se toma una decisión administrativa al respecto demoran, en promedio, 350 días. El gobierno porteño tampoco reglamentó la ley que, en 2009, declaró la emergencia en la industria de la indumentaria, como consecuencia de un incendio en 2006”, dijo.