El Gobierno busca frenar a la Corte con los ataques a Fayt
En la Casa Rosada evalúan que los podría beneficiar una parálisis del tribunal en el caso de que sólo queden tres magistrados
La feroz embestida que ordenó la presidenta Cristina Kirchner a sus principales ministros y operadores para pedir la renuncia del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, de 97 años, tiene un objetivo central: paralizar al máximo tribunal para evitar cualquier posibilidad de que trate antes de fin de año dos de las causas que más preocupan a la jefa del Estado: la investigación de las cuentas de su empresa Hotesur y la constitucionalidad del memorándum firmado por el Gobierno con Irán.
“Ésas son las dos causas que podrían llegar a la Corte antes de que termine el mandato de la Presidenta y son las que más le preocupan a ella”, confirmó a la nacion un alto funcionario del Poder Ejecutivo.
Con sólo tres miembros la Corte que preside Ricardo Lorenzetti quedaría virtualmente paralizada. Los fallos del tribunal requieren una mayoría de al menos tres votos afirmativos. Si uno de los tres miembros vota en contra, impediría cualquier resolución, explicaron a la nacion en la Casa Rosada.
“Fayt siempre vota con Lorenzetti. Si no está Fayt, sólo contaría con Juan Carlos Maqueda. Si Elena Higton de Nolasco vota a favor del Gobierno, no hay fallo, porque quedan 2 a 1. Y al no haber tres votos no se avanza”, explicó una fuente oficial.
La máxima pretensión de Cristina Kirchner sería lograr dos nuevas vacantes en el tribunal: la de Fayt y la de Eugenio Zaffaroni, quien renunció en diciembre pasado.
El oficialismo podría ofrecer así a la UCR un acuerdo en el Senado para repartirse esos dos sillones entre el abogado kirchnerista Roberto Carlés, cuyo pliego está trabado por todos los bloques opositores, y un jurista del partido que conduce Ernesto Sanz. Pero en Balcarce 50 descuentan que la UCR no aceptará ese pacto.
El radicalismo, hoy aliado a Pro, de Mauricio Macri, se propuso no otorgar los dos tercios en el Senado para designar a ningún juez propuesto por el Gobierno.
Es por ello que la Casa Rosada busca ahora la alternativa de mínima: dejar a la Corte con tres miembros y forzar a la oposición a tener que completarla o dejarla en una virtual parálisis para que durante la campaña no avancen las causas que afectan al Gobierno.
Y para ello Cristina necesita que renuncie Fayt, a quien el Gobierno acusa de no estar en plenas facultades por su avanzada edad.
Sin embargo, la hija del juez, Graciela Fayt, ratificó ayer lo que había dicho su abogado, Jorge Rizzo, en el sentido de que no renunciará. “Está vivo y trabajando, su lucidez no puede ser puesta en duda”, dijo la hija del juez a radio Vorterix.
“Estas cosas que se dicen, que están preocupadísimos en el Gobierno por resguardar las garantías de la Corte. No deberían preocuparse porque la Corte tiene una enorme responsabilidad con la que ha cumplido siempre, y mi padre tiene una enorme responsabilidad y nadie correría ningún riesgo. La lucidez, la brillantez y el trabajo de mi padre no pueden ser puestos en duda”, apuntó.
No obstante, la ofensiva del kirchnerismo continuó ayer. El diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel le pidió a Fayt que no hable a través de “terceros” y lo “invitó” a la Comisión de Juicio Político para que los diputados puedan “platicar con él”.
Por su parte, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, exigió las renuncias de Lorenzetti y Fayt durante un escrache callejero (ver aparte).
Pese a que el kirchnerismo nombró a la diputada de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti al frente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el enjuiciamiento en el Congreso es inviable según consideran en el Gobierno: el Frente para la Victoria no cuenta con dos tercios de los votos en Diputados ni en el Senado para destituirlo.
El Gobierno podría ampliar por ley de cinco a nueve el número de miembros de la Corte, y ello todavía no fue descartado por los máximos operadores de Cristina; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
Sin embargo, aquella falta de dos tercios de los votos haría imposible nombrar en el Senado a esos miembros.
Por ello, Cristina Kirchner tomó la decisión de la Corte de declarar la nulidad de una lista de conjueces (para evitar esa ampliación) como un desafío político imperdonable.
El Gobierno teme que la Cámara de Casación declare en junio próximo la inconstitucionalidad del memorándum con Irán, que desembocó en la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta por encubrimiento a ese país por el atentado a la AMIA.
Si ello ocurre, la apelación elevaría el caso a la Corte Suprema.
También el caso Hotesur podría ir a la Corte. Existe una disputa de jurisdicciones federales entre la Capital Federal y Comodoro Rivadavia y el kirchnerismo quiere sacarle la causa al juez federal Claudio Bonadio, que avanza en la investigación a la familia Kirchner por la administración de sus hoteles, y llevarla al Sur.
Esa discusión podría recaer tarde o temprano en el máximo tribunal. Con la parálisis el Gobierno se aseguraría al menos seis meses, los de campaña electoral, de tranquilidad judicial.