Fayt y la Justicia, víctimas del “vamos por todo”
Resultan inadmisibles y vergonzosos los renovados ataques del Poder Ejecutivo para impedir que la Corte le ponga límites y garantizarse impunidad
El kirchnerismo dio en la Cámara de Diputados otro paso en su desembozada estrategia para que no lo alcancen ni la ley ni la justicia independiente. Nuevamente, apuntó sus cañones hacia la Corte Suprema, última palabra en la abultada cantidad de juicios que se les siguen a numerosos funcionarios por una amplia gama de delitos que van desde incumplimiento de los deberes hasta lavado de activos.
Hace ya mucho tiempo que el gobierno nacional trabaja denodadamente –si es que se puede llamar a ello trabajo– para dinamitar a la Justicia, arremetida que crece conforme se achica el tiempo de descuento para que las actuales autoridades deban abandonar sus cargos y queden desprovistas de los fueros que las mantienen a salvo de ser detenidas.
El último blanco de ese embate es el juez de la Corte Carlos Fayt, víctima de un vergonzoso acoso moral, típico del fascismo, por parte de dirigentes oficialistas. En una veloz reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, los legisladores del oficialismo consideraron “un tema prioritario” avanzar en la verificación del estado psicofísico del doctor Fayt, de 97 años, a quien la propia presidenta de la Nación ha dado ya sobradas muestras de querer apartar del más alto tribunal. Baste recordar cuando, con una enorme falta de respeto, se refirió a él públicamente como un juez “casi centenario”. Parece que la señora de Kirchner se cree con poderes para determinar qué persona es capaz y hasta qué edad lo es, tan acostumbrada como está a elevar a la categoría de expertos a jóvenes carentes de habilidades profesionales, en su mayoría, desbordantes de militancia prebendaria.
Así como no llama la atención esta nueva y lamentable estocada contra la figura de un hombre de la calidad moral y profesional de Fayt, resulta llamativo que para la Comisión de Juicio Político determinar la salud del magistrado sea un tema prioritario en su agenda cuando dilató todo lo que pudo el tratamiento de los pedidos de juicio político contra Amado Boudou –que finalmente rechazó in limine–, a quien un juez ya envió a juicio oral y público, acusado por la falsificación de los papeles de transferencia de un automóvil, y quien en poco tiempo más será ineludiblemente llevado a juicio por el escándalo de la causa Ciccone.
Tampoco parecen ser prioridad para los diputados del oficialismo otros temas que exceden el ámbito de la Comisión de Juicio Político y a los que sistemáticamente dan la espalda, como la falta de seguimiento y sanción a quienes malgastan los recursos del Congreso; las falsedades estadísticas del Indec; la virtual anulación de los organismos de control; el secretismo de los pactos suscriptos por el Gobierno, y la constante cesión de facultades al Ejecutivo para que éste haga lo que le plazca sin rendir ningún tipo de cuentas, entre otros tantos ejemplos de enorme gravedad institucional.
La presión sobre el juez Fayt, sin embargo, no se agota en su edad. A juicio de quienes desean verlo fuera de la Corte, el magistrado habría cometido el delito de falsedad ideológica por haber firmado la reelección del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, en su domicilio y no en el Palacio de Justicia. Como hemos comentado en nuestras páginas, esa situación no es nueva en el alto tribunal: muchas veces los jueces participan de las deliberaciones y más tarde firman las acordadas porque, por ejemplo, se necesita pulir la redacción o porque no están bien de salud y se les llevan los escritos a sus casas para que los suscriban, como sucedió con los hoy fallecidos Enrique Petracchi y Carmen Argibay. Incluso, se ha dado el caso contrario, como el del ex juez Eugenio Zaffaroni, quien suscribió expedientes al volver de viajes, sin haber siquiera participado de las deliberaciones.
Queda claro que el doctor Fayt es hoy el blanco de la diatriba kirchnerista, como antes lo había sido Lorenzetti. Pero la pelea de fondo no es un nombre ni una trayectoria, sino el desesperado intento de la Presidenta por controlar a la Corte para impedir que le ponga límites al Poder Ejecutivo. El mismo sentido tuvieron la fracasada y burda intentona oficial por “democratizar la Justicia”, cuyo verdadero objetivo era atemorizarla y someterla; haber propuesto al inexperimentado Roberto Carlés para reemplazar a Zaffaroni en el más alto tribunal, y haber amenazado con enviar una ley al Congreso para ampliar el número de miembros de la Corte habiendo sido la propia Cristina Kirchner la propulsora de la norma que los redujo, hace apenas nueve años, cuando era senadora nacional.
En su desenfrenada carrera por garantizarse impunidad, el oficialismo recurrió también a la sanción de leyes controvertidas como, por ejemplo, la que quita al Estado nacional cualquier tipo de responsabilidad por los delitos que, por acción u omisión, en su nombre o en el de sus funcionarios, se cometan contra terceros. Y ya es sabido del largo historial del oficialismo de negarse a acatar fallos de la Corte, como el que ordenó a Santa Cruz a reponer en su puesto al ex procurador Eduardo Sosa, un hombre al que el entonces gobernador Néstor Kirchner había dejado sin funciones haciendo desaparecer el cargo que ocupaba.
Así funciona el kirchnerismo: cambia las normas cuando no sirven a sus fines y acorrala hasta la asfixia a quienes podrían significarle un escollo a su vil estrategia tendiente a que no lo alcance la ley. La Constitución sólo admite el mal desempeño y los delitos como causal de remoción de los miembros de la Corte. Los problemas de salud o la edad de sus miembros no justifican los ataques arteros y mucho menos el juicio político. El kirchnerismo lo sabe, pero, una vez más, usa toda su artillería política y su enorme multimedios militante para tratar de imponer el relato y el “vamos por todo” por sobre el mandato de la ley fundamental.