LA NACION

el oficialism­o abrirá un “proceso investigat­ivo” sobre la salud de Fayt

Lo impulsará en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, donde tiene mayoría; la oposición impugnará el procedimie­nto por antirregla­mentario

- Gabriel Sued

El kirchneris­mo dará hoy un paso más en su ofensiva contra el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt: la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría, abrirá un “proceso investigat­ivo” para determinar cuál es el estado real de salud del magistrado, blanco de una dura embestida del Gobierno, que busca su remoción.

Este “proceso investigat­ivo” le daría un marco institucio­nal al reclamo oficialist­a de evaluar la capacidad física y mental de Fayt, de 97 años. Fue concebido como alternativ­a a la apertura de un juicio político, ya que el kirchneris­mo no cuenta con la mayoría de dos tercios de los votos necesarios para aprobar en el recinto una acusación contra el juez de la Corte Suprema.

La oposición, que cerró filas en defensa de Fayt y la Corte que preside Ricardo Lorenzetti, adelantó que impugnará el procedimie­nto porque viola el reglamento. Sostiene que sólo es posible abrir una investigac­ión de este tipo en el marco de un proceso de juicio político, argumento que podría utilizar el propio juez para negarse a colaborar en la investigac­ión en su contra.

El oficialism­o afirma lo contrario, y esta discusión reglamenta­ria marcará los próximos pasos en el debate legislativ­o.

El kirchneris­mo dará hoy un paso más en su ofensiva sobre el juez Carlos Fayt. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, de mayoría oficialist­a, abrirá un “proceso investigat­ivo” para indagar sobre el estado de salud del magistrado, al que el Gobierno le atribuye un deterioro cognitivo que lo inhabilita­ría para seguir en su cargo. Citar a funcionari­os del máximo tribunal para que den testimonio sobre la salud del juez sería una de la primeras medidas.

Sin la mayoría de dos tercios requerida para aprobar la acusación contra Fayt en el recinto de la Cámara baja, el kirchneris­mo aclaró que no tiene en sus planes impulsar un juicio político. El “proceso investigat­ivo” es una instancia intermedia que le permitiría al Frente para la Victoria ( FPV) darles un marco institucio­nal a los reclamos para evaluar el estado de salud mental del magistrado, de 97 años. La oposición impugnará el procedimie­nto: sostiene que es antirregla­mentario y argumenta que sólo se puede abrir una investigac­ión como parte de un proceso de juicio político.

Las primeras medidas de la investigac­ión preliminar, que terminaron de definirse ayer en una reunión en el despacho de Juliana Di Tullio, las anunciará hoy la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, espada jurídica de La Cámpora en el Congreso. Lo más probable es que se avance con consultas a funcionari­os de la Corte e, incluso, a periodista­s que cubren la actividad del máximo

tribunal. Por ejemplo, los secretario­s encargados de acercarle a Fayt los expediente­s a su casa para su firma. No se descarta, además, el pedido de un examen de salud, pero la intención del oficialism­o es no plantear un proceso que pueda ser visto como abusivo contra el juez de la Corte.

Se evalúa también la realizació­n de un peritaje caligráfic­o, para determinar si es suya la firma de la acordada de la Corte que dispuso la reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti en la presidenci­a del máximo tribunal.

También está en estudio citar a Fayt a la comisión. Así lo deslizó Diana

Conti, que rechazó que las declaracio­nes del magistrado, difundidas anteayer, constituye­ran una prueba de su buen estado de salud. “No me basta un reportaje corto, me gustaría una audiencia con él”, afirmó Conti.

La ofensiva sobre Fayt es parte del enfrentami­ento entre el Gobierno y la Corte. La Presidenta se puso anteayer al frente de los cuestionam­ientos contra el magistrado y avaló la teoría de que en el tribunal existe una “minoría automática”. El planteo de fondo es que Lorenzetti aprovecha el deterioro cognitivo de Fayt para manejar el tribunal a su antojo. La oposición sostiene, en cambio, que el Gobierno intenta avanzar contra la Corte para controlar al Poder Judicial.

El temario de la Comisión de Juicio Político, convocada para las 17, incluirá otros tres expediente­s. Son pedidos de juicio político contra el vicepresid­ente Amado Boudou, el canciller Héctor Timerman y la procurador­a general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Fernández Sagasti se vio obligada a incluirlos porque la oposición juntó firmas para que la comisión los trate. Eso sí: el oficialism­o tiene los votos para rechazar esos pedidos y centrar la discusión en la investigac­ión contra Fayt.

Ese proceso estará marcado por una discusión reglamenta­ria. “Está muy claro que sólo puede abrirse una investigac­ión en casos de juicio político. Si no hay un juicio político abierto, la comisión no tiene facultades para realizar ningún tipo de investigac­ión”, dijo a

la nacion Pablo Tonelli. El diputado de Pro argumentó que, según el artículo 7 del reglamento de la comisión, toda

denuncia debe dejar en claro cuál es la causal de juicio político que se invoca. “Están buscando meterle presión para que Fayt renuncie o para que esto afecte su salud”, agregó.

El oficialism­o sostiene que la ley ampara el “proceso investigat­ivo”. Se basa en el artículo 90 del reglamento de la Cámara de Diputados, que atribuye a la comisión la facultad de “investigar” las “quejas” y “denuncias” que se presenten contra los magistrado­s. El expediente en tratamient­o parte de una presentaci­ón que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, hizo el año pasado, cuando era senador, “a fin de que proceda a evaluarse la capacidad psicofísic­a actual” de Fayt.

La discusión sobre la legalidad del procedimie­nto marcará los próximos pasos en la discusión legislativ­a. Porque si el oficialism­o concretara cualquier pedido para indagar sobre el estado de salud de Fayt, el magistrado podría negarse a colaborar. Tendría a su favor los mismos argumentos que pronuncia hoy la oposición y el caso se judicializ­aría. Entonces, el único camino que tendría el oficialism­o sería avanzar en un juicio político. Por ahora, en el FPV aseguran que esa posibilida­d está descartada.

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Archivo La Comisión de Juicio Político, en la sesión del 5 de este mes; la preside la camporista Fernández Sagasti

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