el kirchnerismo abrió una investigación sobre Fayt, pese a las críticas
Busca determinar si está en condiciones psicofísicas para seguir en su cargo; la oposición cuestionó duramente la medida porque no hay un juicio político
El kirchnerismo dio ayer un paso más en su embestida contra el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt al aprobar la apertura de una investigación para determinar si, por salud, está en condiciones de continuar en el cargo.
El terreno para la avanzada fue la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo impuso su mayoría para citar a colaboradores del magistrado y periodistas que denunciaron irregularidades en la actividad de la Corte.
Además, aprobaron la realiza- ción de un peritaje caligráfico para precisar si es la firma de Fayt la que figura en la acordada del 21 de abril, en la que aprobó la reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal.
La comisión aprobó el informe por 17 votos contra 9 de la oposición, que rechazó el planteo del oficialismo por entender que no se puede abrir una investigación si no media un pedido de juicio político, y por considerar la ofensiva como un intento de presionar a la Corte.
El kirchnerismo explicó que sólo si en la investigación se determina que Fayt no cuenta con la idoneidad requerida para el cargo se avanzará con el juicio político. Sin embargo, para dar ese paso requiere de los dos tercios de los votos, mayoría con la que no cuenta.
En la misma reunión de comisión, el kirchnerismo rechazó los pedidos de juicio político que hizo la oposición contra el vicepresidente Amado Boudou, el canciller Héctor Timerman y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió ayer un “proceso investigativo” para determinar si el juez Carlos Fayt está en condiciones psicofísicas de seguir ejerciendo su cargo. Para hacerlo, citó a declarar a funcionarios de la Corte Suprema, colaboradores del magistrado y periodistas que denunciaron irregularidades en la actividad del máximo tribunal.
La decisión se tomó con el voto mayoritario del oficialismo, que aclaró que no se trata de un juicio político, sino de una investigación destinada a determinar el estado de salud del juez, de 97 años. Sólo si como resultado del proceso se determinara que el magistrado perdió la idoneidad se resolvería el próximo paso. Pero el kirchnerismo no cuenta con la mayoría requerida de dos tercios de los votos. La oposición rechazó la medida y denunció que se trata de un procedimiento ilegal para presionar a la Corte Suprema.
Además de las 13 citaciones, que incluyen a los periodistas que dijeron haber entrevistado a Fayt en su casa la semana pasada, se dispuso la realización de un peritaje caligráfico sobre la firma del juez en la acordada del 21 de abril. En ese documento, por el cual se aprobó de manera anticipada la reelección de Ricardo Lorenzetti en la presidencia del tribunal para el período 2016-2019, se afirma que Fayt participó del acuerdo, pese a que en realidad estaba en su domicilio.
Entre las medidas, para las que todavía no se fijó fecha, no se incluyen la realización de un examen médico a Fayt ni la citación del juez. El Frente para la Victoria (FPV) no quiere someterlo a un proceso “abusivo”, argumentaron fuentes de la bancada que preside Juliana Di Tullio. Otros diputados oficialistas explicaron que en realidad se descartó esa medida porque la comisión no tiene herramientas para concretar los estudios si Fayt se niega a colaborar.
El listado de testigos convocados incluye, entre otros, al secretario general de la Corte, Jorge Kraut; los secretarios letrados, Cristian Abritta, Pablo Hirschmann, Cecilia Hockl, Gisela Dambrosi, Marcos Morán; al chofer de Fayt, Mario Degamba; los integrantes de la Secretaría Privada de Fayt, Adriana Vázquez y Rosario Horno; el periodista de Página 12 Horacio Verbitsky; la periodista de CN23 Ana Vainman, y los periodistas del programa Gente de Derecho, de Radio América, Leonardo Scolpatti y Sergio Paz.
La encargada de comunicar la decisión del oficialismo fue la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Anabel Fernández Sagasti, espada jurídica de La Cámpora en el Congreso. Argumentó que la Constitución establece que los jueces que superan los 75 años deben recibir un nuevo acuerdo del Senado, que en otros países hay límites de edad más estrictos para la finalización del mandato de los magistrados y que existían indicios de que Fayt no estaba asistiendo a la Corte.
“La investigación no pretende poner en duda la trayectoria ni honorabilidad del magistrado, sino corroborar las capacidades y habilidades de quien en su carácter de integrante de la Corte Suprema es llamado a decidir sobre las causas de mayor trascendencia institucional del país”, dice el informe de Fernández Sagasti, que recomendó la apertura del “proceso investigativo”. Se basó en un planteo hecho por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el año pasado, cuando todavía era senador.
La comisión aprobó el informe por 17 votos a 9. Elisa Carrió estuvo ausente en la votación. Pasó por la comisión, pero se fue rápido porque no la dejaron presentar un dictamen de minoría. Para el FPV, sólo cabía pronunciarse a favor o en contra del informe de Fernández Sagasti.
El que abrió el fuego opositor fue Pablo Tonelli (Pro). Sostuvo que, de acuerdo con el reglamento, la comisión sólo puede abrir investigaciones ante pedidos concretos de juicio político y que, como en este caso no hay ningún pedido, la comisión no está facultada para disponer medidas de prueba. “Es un embate de naturaleza política para minar la voluntad del doctor Fayt y es un embate contra la independencia de la Corte Suprema”, afirmó.
Mario Negri, presidente del bloque radical, sumó argumentos para sostener la ilegalidad del procedimiento: sostuvo que el expediente en tratamiento está caído porque es del año pasado. Garrido advirtió que el oficialismo apelaba a un eufemismo para enjuiciar a Fayt. “Están haciendo algo llamándolo de otro modo. Es una caza de brujas”, sostuvo.
El oficialismo respondió las objeciones reglamentarias sobre la base del artículo 90 del reglamento de la Cámara, que, además de facultar a la comisión para los casos de juicio político, le atribuye competencia para “investigar” las “quejas” y “denuncias” que se presenten contra los magistrados.
“El reglamento nos habilita a hacer la investigación. El que puede lo más puede lo menos”, argumentó la secretaria parlamentaria del FPV, Teresa García. Héctor Recalde negó que se quiera estigmatizar al juez: “Todos queremos cuidar al doctor Fayt. Hay que ver cuál es la mejor manera de cuidarlo”, sostuvo.
La comisión aprobó el informe por 17 votos a 9. Carrió estuvo ausente en la votación porque no la dejaron presentar un dictamen en minoría
Se dispuso citar a 13 personas y hacer un peritaje caligráfico sobre la firma de la acordada en la que se aprobó la reelección de Lorenzetti