UBA: operaciones y carpetazos Acusaciones y renuncias en Derecho y Económicas

educación. A las salidas del vicerrector y del decano de Económicas se sumó una denuncia contra la titular de Derecho; una trama en la que se imponen palabras como “operaciones” y “carpetazos”

Cuando a la hora de hablar de la universidad pública de mayor peso y prestigio de un país las palabras que se imponen son “operaciones”, “corrupción”, “servicios” y “carpetazos” es que hay algo que no está funcionando en ese eufemismo que dice “política universitaria”.

Así viene sucediendo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) a partir de tres hechos que se precipitaron en menos de dos meses, entre mediados de marzo y el jueves último, y que impactaron en los estamentos más altos de la casa de estudios. La noticia más reciente, que se conoció la semana pasada, es una denuncia contra la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pinto, y cuatro de las máximas autoridades de esa facultad por los delitos de administración fraudulenta, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Antes de eso, el 22 de abril, la renuncia del decano de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, que adujo “razones personales”, quedó envuelta en una serie de rumores de “corrupción”, según expuso formalmente la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Y menos de un mes antes, el 17 de marzo, el vicerrector de la UBA, Darío Richarte, también presentó su renuncia, por “razones personales”. Sin embargo, su dimisión se produjo en el marco de fuertes críticas de la FUBA por sus supuestos vínculos con la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y con Antonio Stiuso, entre otros cuestionamientos.

Según el copresidente de la FUBA, Adrián Lutvak, las “causas” y las “carpetas” que fueron surgiendo desde la renuncia de Richarte serían “la punta de un iceberg” de “una olla que se destapó”. “Los servicios de inteligencia se han metido en el interior de la universidad”, dice Lutvak, que hace esta lectura, de enorme gravedad, como si fuera normal que la política universitaria se conjugara como una novela de espías.

Interpretaciones

Ante las versiones planteadas que hablan de corrupción, el coordinador general de la Secretaría de Hacienda y Administración del rectorado de la UBA, Carlos Hernández, dice: “No tenemos ninguna denuncia formal contra Giusti”. Sin embargo, reconoce estar al tanto de los rumores y los minimiza: “Hace a una actividad política que está dentro de una organización tan abierta y pluralista como es la UBA”. Pero la caracterización de “pluralista” se queda corta para definir una lucha por el poder en el espacio universitario que por estos días parece llevarse adelante con el cuchillo entre los dientes.

Cada consulta, en el caso de la decana Pinto, por ejemplo, abre una puerta que conduce a un laberinto interminable de interpretaciones, todas conspirativas y con derivaciones en la política nacional, llamadas preocupadas de funcionarios universitarios y de abogados de altísimo perfil –“es todo una operación”, dice un letrado de trayectoria irreprochable–, silencios inexplicables de actores universitarios y reiterados pedidos de estricto off the record.

Lo que sí se sabe es que la denuncia contra Pinto quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Rodríguez. Y que la imputación se refiere a un supuesto uso indebido de los fondos de Convenios de Asistencia Técnica y Capacitación. Según los conocedores de la historia de las últimas décadas de la UBA, los convenios serían un aspecto crítico en las facultades y ya hubo épocas en que fueron sospechados de haberse convertido en “la caja” para otras actividades.

Lo que también se sabe es que el organismo que promovió la denuncia fue la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que dirige el fiscal Carlos Gonella y depende del Ministerio Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó. El papel de la Procelac fue uno de los puntos que despertaron suspicacias. El abogado Ezequiel Nino, de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que suele expresar públicamente sus diferencias con las líneas de investigación que sigue la Procelac, publicó el jueves un tuit en el que dijo: “La Procelac no denuncia ni a un funcionario del PEN, pero sí a la decana de Derecho porque es radical. Vergüenza es poco”.

El director de Comunicación Institucional de la Procuración General, Luis Villanueva, que además trabajó antes en la ACIJ como coordinador del programa contra la corrupción, negó la interpretación de Nino. También insistió en minimizar el rol de la Procelac en este caso, que fue re- mitido a la Justicia para el sorteo correspondiente como la denuncia de un particular presentada ante ese organismo. También subrayó que hay otras vías a las que los particulares pueden recurrir para denuncias de este tipo, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). ¿Por qué entonces la elegida fue la Procelac? “Por el alto perfil de este organismo”, sostuvo Villanueva. El nombre de la denunciante en cuestión es Florencia Sarso, que sería una ex empleada administrativa de la facultad.

También hay suspicacias en torno al modo en que se presentó la denuncia. Según un abogado penalista, la Procelac pudo haber derivado la denuncia de Sarso sin hacerla propia, pero el organismo que dirige el fiscal Gonella decidió suscribirla. Otra interpretación sostiene que el hecho de que Pinto sea uno de los nombres mencionados entre los candidatos a una silla en la Corte Suprema habría puesto su figura en el ojo de la tormenta.

Una tercera lectura también habla de “operación”, pero más vinculada a la política universitaria. “Hay elecciones de graduados dentro de 15 días”, contextualiza un abogado que conoce los pasillos de Derecho, en insistente off the record, que analiza los hechos en el contexto de las disputas entre las agrupaciones que militan en la facultad, donde La Cámpora sale perdedora. Siempre según la misma fuente, la denuncia contra Pinto resultaría muy funcional a los intereses de La Cámpora a días de las elecciones de graduados.

Convenios

“Esta denuncia es una infamia”, afirma por su lado el profesor y secretario de Investigación de la facultad, el abogado Marcelo Alegre, del equipo de Pinto, que asegura que los convenios de cooperación fueron aprobados por el Consejo Directivo de la facultad. Sin embargo, no todos los consejeros votaron a favor: el consejero graduado por la minoría, Sebastián Rey, de La Cámpora, viene votando “en contra de todo, inclusive los convenios”, según la fuente consultada.

Uno de los referentes destacados de La Cámpora, Julián Eyzaguirre, dijo desconocer el presunto vínculo entre la denuncia y la elección en graduados, recomendó contactar a Rey y sostuvo que sólo podía responder por la cuestión estudiantil. Sin embargo, al consultarlo sobre la denuncia cortó la comunicación. En tanto, Rey no respondió a las llamadas de la nacion.

¿Les cabe alguna responsabilidad a las autoridades de la UBA que integra el Rectorado, conducido por Alberto Barbieri, en esta serie de acusaciones? La FUBA suele apuntar en este sentido, en sus comunicados oficiales, contra Barbieri. Desde el Rectorado, Hernández relativiza responsabilidades: “Imaginate los desfalcos de Enron, que estaban todo sauditados por los mejores auditores del mundo. Y nadie puede responsabilizar a un auditor por no haber visto algo salvo que encuentres algo en particular y lo hayas obviado”.

Según Hernández, la Auditoría General de la UBA, cuyo responsable es elegido por el Consejo Superior de la universidad y ahora está a cargo del contador Roberto Vázquez, realiza rutinariamente auditorías de todo tipo, también de egresos e ingresos de las facultades, sin hallazgos significativos hasta el momento, dice Hernández, que se preocupa por aclarar que la UBA también es auditada por la Auditoría General de la Nación.

En relación con la denuncia contra Pinto, Hernández afirma: “Si la Procelac está detrás, me imagino que debe haber cumplido con una serie de proce dimientos que hace que ellos tomen la denuncia”, aclara.

¿Qué tiene para decir Pinto? Al cierre de esta nota, la decana no aceptó responder las consultas de la nacion.