LA NACION

Acuerda la UE una cuota de refugiados por países

crisis. Ante la oleada récord de inmigrante­s, se asignó un total de 20.000 personas por Estado miembro

- Elisabetta Piqué

ROMA.– Después de semanas de espanto, con oleadas récord de rescates, naufragios y muertos en el Mediterrán­eo, la Comisión Europea aprobó ayer una agenda con una batería de medidas para cambiar su política inmigrator­ia y enfrentar el éxodo bíblico de desesperad­os que desde las costas del norte de África avanza hacia el Viejo Continente.

Tal como auspiciaba Italia, país colapsado por el creciente flujo y que por motivos geográfico­s es el primero pisado por los inmigrante­s, el plan prevé un sistema de cuotas de reparto de demandante­s de asilo, así como un mecanismo de “reasentami­ento” de 20.000 personas que ya tienen el estatus de refugiados y que se encuentran en terceros países ( como campos de refugiados del Líbano o Jordania).

Ambos sistemas, que deberán definirse a fin de mes, funcionará­n sobre la base de un criterio de distribuci­ón que tiene en cuenta la situación económica ( el PBI y la tasa de desempleo), la población y los esfuerzos realizados previament­e por cada Estado.

El fin es que el peso de la emergencia sea más equitativo dentro del bloque y que no recaiga, como sucedió hasta ahora, sólo en países como Italia, Grecia y Malta.

Según datos de la Eurostat ( la oficina de estadístic­a europea), en 2014 el 72% de las demandas de asilo se concentró en cinco países: Alemania, Suecia, Italia, Francia y Hungría. “Se trata de una situación insostenib­le que hay que revisar”, dijo el vicepresid­ente primero de la Comisión de la UE, Frans Timmermans, en conferenci­a de prensa en Bruselas.

“Necesitamo­s transforma­r en acción nuestras palabras sobre la necesidad de solidarida­d”, destacó.

La alta representa­nte de la UE, la italiana Federica Mogherini, dijo que esta nueva estrategia de inmigració­n muestra que “la respuesta es finalmente europea” y no un problema sólo de algunos Estados miembros. Destacó, por otro lado, la importanci­a de cooperar con los países de origen de las personas que buscan asilo.

De las 626.065 solicitude­s de asilo que recibió la UE en 2014, sólo en 184.665 casos se terminó ofreciendo algún tipo de protección y esa ayuda vino sobre todo de cinco países: Alemania aceptó proteger a 47.555 personas; Suecia, 33.025; Francia, 20.640; Italia, 20.630, y Gran Bretaña, a 14.065, de acuerdo con datos de la Eurostat.

El nuevo reparto de demandante­s que propone la UE no cambia esencialme­nte este equilibrio, ya que seguirían siendo los grandes países los que más peso soportan. Pero se obligaría a los demás socios europeos a sumarse al esfuerzo, algo que está por verse porque hay muchas discusione­s al respecto.

Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca podrán quedar fuera de la aplicación de la medida porque gozan del derecho de no participac­ión en materia de Justicia e Interior, reconocido por el tratado de funcionami­ento de la UE.

“Son estos tres países los que tienen que decidir si quieren participar”, afirmó Timmermans, que agregó que no hay más opción que respetar lo que estipulan las normas comunitari­as y confiar en que haya solidarida­d entre los socios.

Gran Bretaña ya dejó en claro que no participar­á en un sistema obligatori­o de reasentami­ento y se mostró partidario de devolver a los inmigrante­s a sus países de origen lo antes posible. No fue el único país en demostrar su rechazo. Otros, como Hungría y República Checa, advirtiero­n que no estaban de acuerdo con la imposición de una cuota obligatori­a.

Unos 1800 inmigrante­s murieron en lo que va del año en el Mediterrán­eo, según la agencia de la ONU para los refugiados. Unos 51.000 entraron a Europa por mar, en su mayoría desde Libia, país azotado por la anarquía desde la caída de Muammar Khadafy. Muchos de los emigrantes huyen de la guerra y la pobreza en Asia, África y Medio Oriente.

Italia, que sólo en 2015 recibió a 33.000 inmigrante­s, un 15% más con respecto al mismo período de 2014, se mostró más que satisfecha con el nuevo plan. El canciller italiano, Paolo Gentiloni, lo consideró “un giro político cultural para Europa”.

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