Culpable de estar vivo

Con su aberrante acoso al juez Fayt, el kirchnerismo demuestra que no le perdona que siga en funciones para poner freno a los excesos del poder

Del acoso y el cinismo, a la saña y, de ésta, sin escalas, al ridículo. Ése ha sido el camino recorrido por el kirchnerismo en la Cámara de Diputados con su absolutamente ilegal decisión de abrir un proceso contra el doctor Carlos Fayt tendiente a verificar si está en condiciones psicofísicas de seguir ejerciendo su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como han fundamentado numerosos representantes de la oposición parlamentaria, que se aprestan a presentar una serie de iniciativas para tratar de frenar esas medidas de prueba contra Fayt, entre ellas, una medida cautelar, es ilegítimo abrir una investigación sin iniciar el procedimiento previsto para el juicio político. Pero, además de ilegítimo –lo cual es un traspié de proporciones para el oficialismo en el Congreso, otra demostración acabada de hasta dónde están dispuestos a estirar el hostigamiento en pos de conseguir una nueva vacante en el más alto tribunal–, es a todas luces un atropello hacia un juez ejemplar, de sólida formación e impecable actuación y honestidad.

Nadie que no esté dispuesto a mentir groseramente podría negar en el oficialismo que el doctor Fayt ha sido y es una figura destacada en el terreno del llamado progresismo, que precisamente dice cultivar el actual Gobierno. Fayt tiene una larguísima tradición en esa materia desde hace más de 60 años. Ha sido un hombre de activa participación en luchas políticas en defensa de todo tipo de derechos, tanto como abogado, como docente y como juez. Es más, cuando fue propuesto por el doctor Raúl Alfonsín para integrar la Corte en 1983, Fayt fue objeto de una campaña en contra de su persona a cargo de enardecidas voces provenientes de los sectores más tradicionales del fuero porteño. Su figura está a salvo de todo tipo de compromisos.

No tiene nada el oficialismo para imputarle a Fayt, salvo que sea un hombre de avanzada edad, al que nunca pudieron captar para que fallara en su favor, y que siga aplicando con sabiduría los límites que exigen los excesos de poder. Suena absurdo, incluso, que un Gobierno que se jacta de defender a las minorías practique la gerontofobia.

Los escraches realizados al doctor Fayt con el inocultable ánimo de desgastarlo y forzarlo a abandonar su puesto no han hecho más que fortalecerlo y enaltecer su imagen en la consideración del grueso de la opinión pública. Las manifestaciones sociales en defensa de su trabajo y de su honorabilidad se han multiplicado en los últimos días. Sólo un puñado de militantes exaltados –lamentablemente, muchos de ellos con altos cargos públicos y, otros, rapaces voceros oficiosos siempre serviles al Gobierno– están dando por sentado con sus actos que, en la Argentina, el premio se lo llevan los sospechosos de corrupción, que la honestidad no es un valor por destacar. ¿De qué otra forma puede entenderse que el kirchnerismo, en la misma reunión de comisión de Diputados en la que atacó a Fayt, haya archivado los pedidos de juicio político impulsados contra el vicepresidente, Amado Boudou; el canciller, Héctor Timerman, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, argumentando que existían causas judiciales en trámite en las que se investigan los hechos invocados en los reclamos de la oposición?

Lo cierto es que, a pesar de toda esa puesta en escena, la arremetida contra Fayt tiene pocas posibilidades de prosperar. El propio kirchnerismo optó por no emitir dictamen de su afrenta, pues ello implicaría tratar el tema en el recinto, donde no cuenta con los votos que convaliden la brutal persecución política a alguien cuyo único “delito” es su avanzada edad.

Si alguna duda sobre sus capacidades les quedaban a los kirchneristas que buscan arrancarlo de la Corte, podrán despejarla con la presencia del propio Fayt, anteayer, en un acuerdo extraordinario del más alto tribunal, en el cual se ratificó la validez de la acordada que designó sus autoridades para el período 2016-2019.

Habiéndose quedado sin su principal argumento, referido a que Fayt cometió el delito de falsedad ideológica por su rúbrica en el primer documento de aquella designación y que no creía que la voz de un audio hecho público le correspondiera, por lo que pedía verlo en acciones, el locuaz jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante una entrevista con la nacion, pegó anteayer una voltereta en el aire, sin siquiera ruborizarse: dijo que lo que él quiere es proteger a Fayt para que lo respeten y no lo exhiban de una manera obscena, como se lo mostró llegando a trabajar al Palacio de Tribunales.

La pretensión hegemónica del kirchnerismo ha pasado ya muchísimos límites. El del caso Fayt es, muy probablemente, uno de los más delicados. En su desesperada carrera por conseguir un blindaje judicial que deje a salvo de ser detenidos a funcionarios cuyos fueros vencerán el 10 de diciembre próximo, el oficialismo no repara en echar mano a métodos típicos del fascismo.

El vergonzoso acoso moral a Fayt debe ser condenado. Su reputación intachable es un ejemplo por seguir. Tener 97 años no es delito, como tampoco lo es tener 80, 70 o 60. Tampoco aún corresponde que la oposición, con idénticos argumentos que el oficialismo para el caso Fayt, reclame juicio político para el ex presidente Carlos Menem por un supuesto estado de senilidad, tal como lo ha adelantado la senadora nacional por la Coalición Cívica Magdalena Odarda. La conducta de los legisladores no debe ser el resultado de un cruce de chicanas políticas basadas en suposiciones. Distinto es el caso de Boudou, a quien la Justicia ya ha enviado a juicio oral y público en una causa y muy probablemente deba seguir el mismo camino en otro de los tantos expedientes en los que se lo acusa de haber cometido diversos delitos. Ésas no son suposiciones, son hechos concretos.

Con su actitud, el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja comete un asalto institucional a la Corte, destruyendo la esencia de la Constitución, la división de poderes y la propia República. Este grosero ataque profundiza la crisis en la que se encuentra el sistema republicano. Vivimos en democracia, regidos por el Estado de Derecho. Cualquier acción por fuera de las normas y mecanismos establecidos por nuestra Constitución es inadmisible e improcedente.

Condenar a un juez o a cualquier otra persona por su edad es una aberración. El kirchnerismo no le perdona a Fayt el peor de sus “pecados”: estar vivo para, con su independencia de criterio, poner límites al “vamos por todo”.