Cuando la campaña electoral traspasa todos los límites
Son obscenos e inaceptables tanto la extensión en el tiempo de la propaganda política como el uso y abuso de recursos públicos con que se financian
Autopistas señalizadas con el color con el que se identifica a un gobierno; el nombre o la imagen de un mandatario en afiches callejeros para sostener las candidaturas de otros dirigentes partidarios; abusos como la utilización de los partidos de fútbol con el fin de promocionar a determinados contendientes electorales; eslóganes propagandísticos que promueven a un gobernante-candidato en desmedro de quienes no comparten esa doble condición, y las cadenas nacionales para imponer o descartar aspirantes a puestos electivos, entre otros, son procesos tan cotidianos en nuestro país como reñidos con la ley y la ética.
En efecto, la ley de partidos políticos, sancionada en 2009, restringió a 30 días la campaña previa a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a 35 días la actividad proselitista anterior a las generales, y dispuso que ambas deben finalizar 48 horas antes del inicio de la votación. También determinó que, durante toda la campana, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación del sufragio en favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, prohibiendo expresamente dentro de los 15 días antes de la fecha fijada para ambas elecciones la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo.
Si se toma en cuenta que el gobierno nacional acaba de formalizar, con la publicación en el Boletín Oficial, la convocatoria a las PASO a nivel nacional para el 9 de agosto y las elecciones generales para el 25 de octubre próximos, saltan a la vista las gravísimas irregularidades que hace ya muchos meses están cometiendo candidatos y gobiernos de distintos signos políticos.
Cuando se reformó la ley en cuestión, la idea rectora fue democratizar la representación política. Sin embargo, los hechos demuestran que no se ha conseguido la debida relación entre la vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y la equidad electoral.
La corroboración está a la vista de todos: es impúdico e inaceptable el uso de recursos públicos con que la mayoría de los Estados financian las campañas de sus candidatos antes, durante y hasta el segundo previo a que comience la veda electoral. Es más: en las últimas semanas, hemos podido observar cómo después de haber gastado sumas millonarias en propaganda electoral muchos precandidatos desistieron finalmente de serlo. Sus rostros perduran hoy en afiches en calles y rutas de todo el país como un recuerdo insolente de la magnitud de esos excesos.
Así como la publicidad oficial es el recurso más utilizado por los gobiernos de turno para promover la captación de los sufragios, no son menos preocupantes el secretismo y la falta de rendición de cuentas que imperan en torno del financiamiento privado de las campañas. La Justicia ha analizado y analiza denuncias sobre la procedencia de esas impresionantes sumas de dinero, algunas de las cuales se sospecha que han tenido o tienen relación con el narcotráfico, secuestros extorsivos y hasta con la injerencia de otras naciones en cuestiones internas de nuestro país.
Lamentablemente, se hace un uso promiscuo del marketing político. La propaganda encubierta es la regla, así como lo es la complacencia de las principales fuerzas, que se ven favorecidas por esta falta de controles y por el incumplimiento de las normas legales y también éticas. No es de extrañar entonces que, en la que pretendió ser una ampulosa reforma política, se hayan quedado en el camino algunas precisiones absolutamente necesarias para evitar este tipo de atropellos. Entre ellas, el abuso de la cadena nacional que, por ejemplo, viene realizando el actual gobierno, como mecanismo privilegiado de campaña electoral.
Al respecto, el director por la oposición en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) Gerardo Milman y la presidenta de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), Silvana Giudici, presentarán una denuncia penal contra la Presidenta por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y pedirán una medida cautelar que impida al Poder Ejecutivo utilizar la cadena fuera de los claros límites para los que la habilita la ley de medios audiovisuales, esto es, para “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.
Esas presentaciones se suman a la del jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, que denunció a Cristina Kirchner ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por el “abuso sistemático” que realiza de la cadena nacional.
Según Milman, el Gobierno “ha constituido un fraude en la utilización de ese mecanismo” que, entre otros conceptos vinculados con lo estrictamente electoral, fue usado por la Presidenta para decir que ella no alienta un candidato oficialista determinado, mientras, contraria y sistemáticamente, difunde inauguraciones y reinauguraciones de obras a cargo de uno de ellos, o pide un baño de humildad a los aspirantes de su fuerza para que bajen postulaciones con el fin de digitar la interna partidaria.
Hacer campaña proselitista mediante la cadena nacional o las propagandas encubiertas implica la utilización de bienes públicos para un beneficio partidario y eso constituye delito.
El incremento exponencial del gasto de la publicidad oficial en sí, y en el caso que nos ocupa durante los períodos preelectorales, ha sido ya largamente denunciado y probado mediante diversos estudios encarados, por ejemplo, por prestigiosas organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Transparencia Electoral y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), entre otras entidades y legisladores que se han abocado a estos temas y que consideran que la legislación en la materia debería ser revisada.
Pero lamentablemente no se ha conseguido poner límites a estos abusos cada vez más frecuentes y groseros. La Cámara Nacional Electoral, incluso, recomendó expresamente al Poder Legislativo “que extreme los recaudos necesarios a fin de revisar la legislación vigente, dándole una mejor organicidad”, y que lo haga en coordinación con las legislaturas provinciales, pues lo que ocurre en la Nación se replica por todo el territorio nacional. Y lo ha hecho poniendo como ejemplos países que han establecido parámetros y restricciones más intensas a las campañas institucionales, entre ellos España, México, Perú, Canadá y Brasil.
Es indispensable entonces establecer y hacer cumplir una legislación acorde que garantice la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y, muy especialmente, implementar un sistema de controles de los aportes que éstos reciben, actuando con decisión y firmeza a la hora de condenar la falta de transparencia.