El Gobierno habilita el espionaje para evitar “golpes de mercado”
Por decreto, modificó la nueva ley de inteligencia y creó una dirección que podrá realizar escuchas sobre empresas y financieras; argumentó que es para evitar “corridas bancarias” y “desabastecimientos”
El Gobierno dio ayer un paso más en el avance de la estructura de espionaje al disponer por decreto la creación de una Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera, que tendrá a su cargo la tarea de realizar escuchas para prevenir eventuales corridas bancarias o “golpes de mercado”.
La unidad fue incorporada a la flamante Agencia Nacional de Inteligencia ( AFI), que reemplaza a la ex SIDE, como parte del anuncio de una “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional”. Si bien el decreto estaba destinado a reglamentar la ley aprobada por el Congreso, incluyó entre sus objetivos las problemáticas de defensa y seguridad interior, como “el terrorismo y los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática”. En este punto precisó como potenciales responsables a grupos políticos y militares, pero también económicos y financieros, que pudieran generar “corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado”.
El anuncio fue realizado por el director de la AFI, Oscar Parrilli, y su segundo, Juan Mena, quienes fueron ratificados en sus cargos. En tanto, las escuchas que se dispongan según el nuevo esquema recaerán bajo la responsabilidad de la Procuración General de la Nación, que preside Alejandra Gils Carbó, y serán dirigidas por la fiscal Cristina Caamaño, ex funcionaria del Ministerio de Seguridad.
La medida fue criticada por los empresarios, quienes consideraron la modificación de la ley como “peligrosa”. Entre ellos expresaron sus cuestionamientos Jaime Campos, de la Asociación Empresaria Argentina; Daniel Funes de Rioja, de la UIA; Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de Comercio, y Luis Etchevehere, de la Rural.
La presidenta Cristina Kirchner dispuso ayer por un decreto publicado en el Boletín Oficial que la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional permitirá que la Agencia Nacional de Inteligencia ( AFI, la ex SIDE) realice espionaje interno sobre bancos, empresas o compañías financieras con el pretexto de prevenir “corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado”.
Así lo estableció el decreto 1311, que reglamentó la ley 27.126 y que puso a la AFI a la cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia para abordar las “problemáticas de defensa nacional y seguridad interior”. Entre esos desafíos, destaca “el terrorismo y los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática”. En este punto puso como potenciales responsables a grupos políticos, militares, económicos o financieros.
La norma consigna textualmente que se hará inteligencia “se trate de grupos políticos y/ o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/ o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/ o financieros – empresas, bancos, compañías financieras, etc.– que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etcétera”.
Según pudo saber la nacion, Cristina Kirchner; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, “temen un riesgo real de una desestabilización financiera” antes de las elecciones presidenciales del 25 de octubre. El director de la AFI, Oscar Parrilli, explicó en la Casa Rosada que “el objetivo es cuidar y no espiar a los argentinos”. Pero desde la oposición interpretaron la nueva norma como una nueva intromisión en la privacidad de los ciudadanos y en los negocios de las empresas. La ley de inteligencia 27.126 modificó la anterior, 25.520, y creó la AFI. Pero la decisión de espiar a empresas y bancos, con nuevas tipificaciones, podría ser cuestionable judicialmente, al disponerse por el atajo de un decreto y no haberse incluido en aquella ley.
Según el ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma ( 20022003), hoy cercano al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, “lo que en realidad se intenta legalizar, argumentando supuesta defensa del interés colectivo, es el espionaje interno sobre cualquier empresa que el Gobierno haya puesto en sus listas negras”.
La diputada de Pro Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, consideró que “se podrán espiar las cuentas de los bancos sin especificar qué es un golpe de mercado o una especulación”. Agregó que “el golpe de mercado es la inflación, el cepo cambiario o la emisión, y lo genera el ministro de Economía, Axel Kicillof”.
Un antecedente histórico ocurrió el 15 de abril de 1953, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando se detuvo a centenares de almaceneros de barrio y políticos opositores al aplicar la ley del agio y la especulación y acusarlos por la inflación. El decreto 1311, de 18 artículos, fue publicado ayer en el Boletín Oficial con un anexo de 408 páginas. Lleva las firmas de Cristina Kirchner y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Dispuso también que la Dirección de Observaciones Judiciales ( OJ), que realiza las escuchas telefónicas legales, ordenadas por jueces, pasará a la Procuración General de la Nación, que dirige Alejandra Gils Carbó.
Las administrará ahora el Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones ( Dicom), que dirigirá la fiscal Cristina Caamaño, ex funcionaria de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré. Mediante otro decreto, el 1312, la Presidenta confirmó a Parrilli como director general de la AFI y a Juan Martín Mena como subdirector.
Por la tarde, Parrilli subrayó el cambio de la estructura de la ex SIDE y del ex director de Operaciones, Antonio “Jaime” Stiuso, que según reveló vive ahora en Florida, Estados Unidos, para evitar la persecución judicial del Gobierno. Para prevenir las corridas bancarias y golpes de mercado, el Gobierno creó en la AFI la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera. Además se crearon la Dirección Operacional de Inteligencia sobre Terrorismo y Delitos Contra el Orden Constitucional; la Dirección Operacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado, y la Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional.
El decreto ordenó también, en diversos anexos de 408 páginas, una nueva estructura organizativa de la AFI, un nuevo régimen profesional del escalafón del personal, un nuevo régimen de administración de recursos, una comisión para la creación de un banco de protección de datos y archivos de inteligencia y un reencasillamiento del personal.